La inclusión en el registro tendrá consecuencias para la reputación financiera del deudor –o. deudora–, limitando su acceso a créditos y otros servicios financieros por el impago de pensiones de alimentos.
Salvador González, presidente del CGAE, ha hecho un firme alegato en la defensa de los derechos de los mutualistas alternativos –sobre los que se ha pronunciado el Pleno– y en la necesidad de "reformular" el turno de oficio.