El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley que congela los plazos judiciales entre el 27 y el 31 de julio en las localidades donde los incendios forestales han impedido el funcionamiento normal de los juzgados.
La medida afecta a los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules, según informó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El Gobierno ha actuado tras recibir peticiones del Consejo General de la Abogacía Española.
El objetivo es sencillo: que quienes viven en las zonas quemadas puedan ocuparse de la emergencia sin miedo a perder un juicio o un trámite por no llegar a tiempo.
Eso sí, hay excepciones. Los casos urgentes —como la protección de menores, la defensa de derechos fundamentales o asuntos penales que no admiten demora— seguirán tramitándose con normalidad. Además, los jueces podrán actuar igualmente cuando exista riesgo de un daño irreparable para alguna de las partes.
Más margen para empresas y particulares
La norma también da un respiro económico: las empresas o personas que se encuentren en riesgo de insolvencia por culpa de los incendios tendrán más tiempo para solicitar el concurso de acreedores (el procedimiento legal que se activa cuando alguien no puede pagar sus deudas).
También se congelan los plazos para reclamar derechos o emprender acciones legales, de modo que la emergencia no les haga perder esa posibilidad.
Desde el Ministerio destacan que estas medidas buscan proteger a los afectados y garantizar que el acceso a la justicia quede intacto pese a la catástrofe.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, y se aplicará a los incendios producidos desde el 23 de julio. Los abogados y procuradores que residan en las zonas afectadas también podrán pedir, si lo necesitan, que se aplacen sus vistas o plazos.
