El curso judicial y profesional arranca con una cita que llevaba semanas en la agenda. Ayer el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) convocó a la práctica totalidad del universo asociativo de mutualistas para sentar las bases de una posición conjunta ante el desarrollo reglamentario de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La norma que lo hace posible es la Ley 2/2026, de 29 de julio, por la que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio.
El texto legal fija un plazo de tres meses para que el Gobierno elabore el reglamento de desarrollo, un plazo que se agota el 29 de octubre.
La reunión convocada por Abogacía Española se celebró, por tanto, cuando restan poco menos de ocho semanas para que venza ese margen legal, un dato que sitúa en contexto la insistencia de la institución colegial en la celeridad.
La reunión, presidida por Salvador González junto al presidente de la Comisión de Previsión Social de la institución, Ignacio Gally, reunió a representantes de diez organizaciones: ANAMA, DEFENDA, la Plataforma Pasarela al RETA, el sindicato VENIA, ALA, Mutualistas sin Pensiones, ALTODO, Movimiento J2, Mutualistas Obligatorios y Complementarios, Mutualistas por el Futuro y J2.
Todos coincidieron en un único punto de partida: el reglamento debe tramitarse con la máxima celeridad posible.
De ese consenso nació una decisión operativa. Se crearán grupos de trabajo integrados por representantes de Abogacía Española y de los colectivos convocados, cuyo cometido será perfilar una propuesta común antes de que el texto llegue al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
No es la primera interlocución entre la institución colegial y el departamento que dirige Elma Saiz.
Salvador González ya trasladó a la ministra, el 30 de julio, la necesidad de una tramitación ágil, apenas una semana después de que el Congreso diera luz verde definitiva a la ley y un día antes de su publicación en el BOE.
En aquel encuentro, según relata Abogacía Española, Saiz se comprometió a imprimir urgencia al proceso, aunque la institución no precisa si ese compromiso incluyó plazos concretos distintos del que ya marca la propia ley.
La reunión de este miércoles se inscribió así como el segundo movimiento de una misma partida: primero, marcar la exigencia de celeridad ante el Ministerio; ahora, ordenar internamente las prioridades de los colectivos antes de trasladarlas, con el calendario legal del 29 de octubre como horizonte ineludible.
El presidente de la Abogacía Española enmarcó el encuentro en un relato de continuidad más que de urgencia repentina. «La aprobación de la ley fue un paso fundamental, y ahora queremos que la Pasarela sea una realidad cuanto antes. Los mutualistas llevan mucho tiempo esperando, por lo que el desarrollo reglamentario no debe generar nuevas demoras. Queremos escuchar a todos los colectivos, recoger sus prioridades y trasladarlas al Ministerio para contribuir a un reglamento ágil, seguro y que de respuesta a las necesidades de los profesionales afectados», declaró González.
Detrás de ese llamamiento hay un recorrido de más de tres años. Fue entonces cuando asociaciones, plataformas, sindicatos y profesionales comenzaron a movilizarse frente a una realidad que Abogacía Española resume sin matices: mutualistas que, tras décadas de ejercicio y cotización, llegaban a la jubilación con prestaciones insuficientes.
Lo que arrancó como una reivindicación de recorrido incierto acabó incorporándose a la agenda política, con Abogacía Española sosteniendo la interlocución ante grupos parlamentarios, Gobierno e instituciones europeas —donde defendió, según la institución, una pasarela voluntaria, sin pérdidas y con garantías.
Con la Ley 2/2026 ya en vigor y el reloj del reglamento corriendo, el foco se desplaza del Parlamento al desarrollo técnico, terreno donde se decidirán los detalles que determinarán el alcance real de la reforma para cada mutualista.
Y queda, además, un flanco abierto que Abogacía Española reconoce expresamente: los profesionales que han quedado fuera de la Pasarela, para quienes la institución dice mantener su compromiso de buscar una respuesta, sin que por ahora se conozca en qué términos.
