La Ley 2/2026 abre la posibilidad de que los profesionales que han realizado aportaciones a una mutualidad, como alternativa al régimen de autónomos, puedan trasladar voluntariamente sus derechos económicos acumulados a la Seguridad Social y convertirlos en periodos cotizados.
Sin embargo, las condiciones para hacer efectivo este traspaso, conocido como “pasarela al RETA”, siguen pendientes de su desarrollo reglamentario.
Durante la IX Jornada Formativa de Otoño de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), celebrada ayer, los diferentes expertos analizaron las implicaciones de esta reforma para la futura jubilación de los mutualistas y los factores que deberán considerar antes de decidir si acogerse a ella.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida afectará a miles de profesionales, entre ellos abogados, procuradores, arquitectos y médicos.
La posibilidad de trasladar sus aportaciones implica una decisión cuyo efecto dependerá de la trayectoria de cada persona y de las condiciones que se establezcan para su incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Andrés Ramón Trillo García, letrado jefe del Servicio Jurídico Delegado Central del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), explicó que “queda por aclarar casi todo”, puesto que la integración y sus condiciones dependen de la aprobación de un real decreto que desarrolle la Ley 2/2026.
Esta concreción será determinante para que los profesionales puedan evaluar las consecuencias del traspaso en su jubilación.
El experto relató que su efecto “depende de si ha estado en un régimen de la Seguridad Social y de los periodos abonados en la mutualidad alternativa”. Por ello, subrayó que “la decisión estará condicionada por las circunstancias individuales de cada mutualista”.
El capital acumulado y los ingresos tras la jubilación, entre los factores que deben revisarse
Antes de optar por el traspaso, cada profesional deberá examinar conjuntamente las aportaciones realizadas a su mutualidad y las cotizaciones que haya acumulado en la Seguridad Social.
Además, Trillo destacó la necesidad de valorar otros factores como “el capital acumulado, los requisitos de acceso, las posibilidades de compatibilidad con el trabajo y las rentas disponibles tras la jubilación”.
La ley contempla esta opción para los profesionales colegiados que estén o hayan estado afiliados a una mutualidad alternativa al RETA antes del 1 de agosto de 2026, fecha de entrada en vigor de la norma.
Para solicitarla, deberán carecer de la condición de pensionistas tanto en los regímenes públicos como en la respectiva mutualidad, salvo quienes perciban una pensión de viudedad.
Trillo definió la pasarela como “un sistema excepcional de integración” por decisión individual del mutualista.
El traspaso será voluntario, pero conllevará la incorporación obligatoria e irreversible al RETA para la actividad profesional que lo haya motivado.
Las operaciones económicas derivadas de la transferencia estarán exentas de tributación, y el plazo para solicitarla será de un año a partir de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo.
La aplicación de esta nueva ley se debatió en el marco de la IX Jornada de Otoño de ASNALA, celebrada en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta formación también dedicó una ponencia a la preparación de la prueba y la defensa en juicio en las reclamaciones de incapacidad permanente, de la mano de Carlos Alonso Miguel, abogado de Abdón Pedrajas Littler y socio de ASNALA.
Asimismo, Ángela Sanz Rubio, magistrada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Guadalajara, y Abraham Cobo Sánchez, coordinador en Cataluña del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), impartieron un taller práctico sobre la actuación de los laboralistas ante un concurso de acreedores, en el marco de la colaboración entre ASNALA y AEMPI.
Por su parte, Ana Gómez Hernández, presidenta de ASNALA, recordó que, tras nueve ediciones, la cita mantiene el propósito con el que nació: “reunirnos, debatir y dar respuesta a los principales retos en materia de Seguridad Social”.
La presidenta subrayó que ese objetivo cobra especial importancia cuando las decisiones jurídicas afectan al empleo, a las prestaciones o a la jubilación de las personas.