Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), durante su intervención en el VIII Congreso Nacional de Consumo.

Eugenio Ribón pide a la CNMC que facilite las reclamaciones de los consumidores afectados por los cárteles empresariales

20 / 11 / 2026 13:10

Actualizado el 20 / 11 / 2026 13:12

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que asuma un papel más activo en la cuantificación de los daños causados por los cárteles empresariales.

El objetivo es facilitar las reclamaciones de los consumidores y evitar que el coste de los informes periciales termine impidiendo el acceso a una indemnización.

«La CNMC no está únicamente para sancionar», afirmó durante el VIII Congreso Nacional de Consumo ICAM-AEDC, celebrado los días 19 y 20 de noviembre en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Su propuesta parte de una realidad que afecta especialmente a las reclamaciones individuales: demostrar el perjuicio económico causado por una práctica anticompetitiva puede resultar más caro que la indemnización que pretende obtenerse.

Ribón puso como ejemplo la diferencia entre una empresa que reclama por una flota de cientos de vehículos y un particular que pretende recuperar el sobreprecio abonado por un automóvil. Mientras la primera puede asumir una pericial econométrica, el segundo puede verse obligado a renunciar a reclamar.

«Cuando una acción se deja de ejercer no por desidia, sino por racionalidad económica, quiere decir que hay un fallo en el sistema de protección del Estado», advirtió.

Para corregir esta situación, defendió que las autoridades de competencia faciliten parámetros técnicos e intervalos orientativos que permitan a los tribunales estimar los daños sin necesidad de recurrir siempre a costosos informes periciales.

Daños del 2 % y del 5 % en distintos cárteles

La propuesta llega después de tres sentencias del Tribunal Supremo, dictadas los días 21 y 22 de octubre de 2026, que introducen criterios relevantes sobre la cuantificación de perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la Competencia.

La primera, relativa al cártel de la leche, aborda la estimación judicial del daño sufrido por los ganaderos afectados y establece una indemnización calculada en el 2 %.

Las otras dos, relacionadas con el cártel de fabricantes de automóviles, sitúan en el 5 % del precio de adquisición la estimación judicial del perjuicio en los supuestos examinados y analizan la responsabilidad solidaria de las empresas participantes.

Ribón consideró que estos pronunciamientos representan un avance, aunque insistió en que todavía existen dificultades para cuantificar las reclamaciones de menor importe.

También destacó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de septiembre de 2025, en el asunto Nissan, relativa al inicio del plazo de prescripción para reclamar daños derivados de infracciones de competencia.

El decano subrayó la importancia de que el perjudicado disponga de la información necesaria para ejercitar su acción y de que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza.

Las costas procesales y el abuso de la litigación

Otro de los grandes debates del Congreso giró en torno a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas y costas procesales.

Amaia Castaño Aguirre, magistrada del Gabinete Técnico de la Sala Primera, examinó las últimas resoluciones sobre préstamos hipotecarios, comisiones bancarias, tarjetas revolving, hipotecas inversas y acciones colectivas.

Especial atención recibió la doctrina sobre el fraccionamiento artificioso de demandas para multiplicar las condenas en costas.

Castaño defendió la necesidad de diferenciar entre el ejercicio legítimo de acciones judiciales y las estrategias procesales que generan una litigiosidad innecesaria.

Ribón planteó, por su parte, si el abuso del servicio público de justicia no debería examinarse también desde la perspectiva de las entidades financieras que mantienen recursos y procedimientos pese a existir jurisprudencia consolidada.

La magistrada explicó que la Sala Primera ha abierto piezas separadas para valorar posibles sanciones procesales en determinados asuntos relacionados con el cártel de camiones que regresaron al tribunal sin acuerdo tras ser derivados a mediación.

Vehículos defectuosos y créditos vinculados

La protección de los compradores de automóviles ocupó otra sesión, con las intervenciones de Alicia Agüero Ortiz, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Alejandro Zambrano García Ráez, abogado especializado en litigación de consumo.

Agüero explicó las posibilidades de reclamar la reparación o sustitución de vehículos defectuosos y, en determinados supuestos, una rebaja del precio o la resolución contractual.

También abordó la responsabilidad de las entidades financieras cuando la adquisición se realiza mediante un crédito vinculado y concurren los requisitos legales.

Zambrano examinó las posibles irregularidades en la financiación de automóviles, particularmente las relacionadas con la tasa anual equivalente (TAE), las comisiones de apertura y los seguros asociados.

El Congreso, organizado por el ICAM y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC), incluye también sesiones sobre inteligencia artificial, métodos adecuados de solución de controversias (MASC), ciberestafas y conflictos con plataformas digitales.

La jornada final contempla la entrega del Premio Anual de la AEDC al Grupo de Acción Judicial de CEACCU, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa judicial de los consumidores.

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