El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha exigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que convoque de forma urgente el segundo examen de acceso a la Abogacía de 2026, anunciado por el Gobierno en mayo y todavía sin fecha.
Una situación que podría afectar a cerca de 1.500 aspirantes y que amenaza con interrumpir una práctica mantenida durante diez años consecutivos.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha remitido una segunda carta al ministro, fechada el 19 de noviembre, reclamando la publicación inmediata de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y un calendario oficial que permita a los futuros abogados organizar su incorporación a la profesión.
La nueva petición llega después de que el Colegio formulara una primera reclamación el 22 de octubre, sin haber recibido, según la institución, una respuesta que despeje la incertidumbre.
El Gobierno anunció el segundo examen en mayo
El origen de la controversia está en el compromiso adquirido por el Ejecutivo durante la primavera. En una nota informativa conjunta de los ministerios de Justicia y Universidades, firmada electrónicamente entre el 22 de abril y el 4 de mayo, se anunciaba expresamente que «durante el segundo semestre del 2026 se celebrará una segunda prueba de abogacía de la que se informará en los próximos meses».
Sin embargo, a 20 de noviembre, los aspirantes continúan sin conocer cuándo podrán examinarse. El retraso contrasta con lo ocurrido durante la última década. Entre 2016 y 2025 se celebraron dos convocatorias anuales de acceso a la Abogacía, incluso en 2020, cuando la pandemia obligó a adaptar los procedimientos para garantizar la celebración de las pruebas.
En 2025, la segunda convocatoria se publicó en el BOE el 24 de julio. En 2024 apareció el 20 de agosto y, en 2023, el 25 de agosto. Este año, por el contrario, la demora respecto a 2025 supera ya los tres meses y medio.
El Colegio advierte de que esta situación podría acabar con una continuidad de diez años que había permitido a los aspirantes planificar su preparación y sus expectativas profesionales.
Cerca de 1.500 futuros abogados afectados
La estimación del ICAM se basa en las cifras de participación de ejercicios anteriores. En noviembre de 2025 se presentaron 1.431 personas a la segunda prueba de acceso, de las 1.597 admitidas. Un año antes participaron 1.428 aspirantes.
Estos antecedentes permiten calcular que alrededor de 1.500 personas podrían verse perjudicadas por la ausencia de una segunda convocatoria en 2026.
El Colegio asegura que está recibiendo numerosas quejas de titulados que denuncian oportunidades laborales perdidas, incorporaciones a despachos aplazadas y proyectos profesionales paralizados.
La situación afecta tanto a quienes pretenden trabajar por cuenta ajena como a quienes desean iniciar su propia actividad profesional.
Para Ribón, no se trata únicamente de un problema administrativo. La falta de una fecha impide a quienes han completado su formación conocer cuándo podrán cumplir el último requisito necesario para ejercer como abogados.
«Los afectados necesitan compromisos verificables, fechas concretas y soluciones efectivas», afirma el decano en su segunda carta a Bolaños.
El ICAM reclama que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el departamento competente en materia de Universidades, adopte las medidas necesarias para convocar la prueba respetando los plazos y garantías establecidos legalmente.
Conviene precisar que la normativa exige una periodicidad mínima anual para la evaluación de aptitud profesional, por lo que la celebración de una segunda prueba no constituye, por sí misma, una obligación legal. Sin embargo, el Colegio considera que el anuncio del Gobierno y la práctica de los últimos diez años justifican su reclamación.
El ICAM lanza una campaña para exigir la convocatoria
Ante la ausencia de una solución, la institución madrileña ha decidido intensificar sus actuaciones mediante una campaña impulsada por Abogacía Joven ICAM bajo el lema «Examen de acceso YA. Nuestro futuro no puede esperar».
La iniciativa pretende dar visibilidad a los afectados y canalizar sus reivindicaciones ante el Ministerio. Contará con un espacio digital en el que los aspirantes podrán registrarse para recibir información sobre novedades, reuniones y actuaciones institucionales.
También incluirá una pieza audiovisual centrada en la incertidumbre de quienes, después de completar sus estudios, desconocen cuándo podrán comenzar a ejercer.
El Colegio insiste en que no reclama una rebaja de los requisitos de acceso a la profesión, sino que se celebre la prueba anunciada por el propio Ejecutivo.
Ribón, que ya advirtió de esta situación durante el Foro Justicia ICAM del 18 de noviembre, asegura que la institución mantendrá sus actuaciones hasta conseguir una convocatoria efectiva y un calendario oficial.