Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS, analiza los principales desafíos jurídicos de la sanidad en el XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Foto: Confilegal.

Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS: «La protección de los profesionales no ha avanzado al mismo ritmo que los derechos de los pacientes»

20 / 11 / 2026 05:43

Para Ofelia de Lorenzo, el Derecho Sanitario es mucho más que una especialidad jurídica. Es una historia de familia, una vocación y una forma de entender la vida. Su abuelo ya se dedicaba a esta disciplina y su padre, Ricardo de Lorenzo, fundó en 1992 la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). 

Ella representa la tercera generación de una saga estrechamente vinculada al encuentro entre el Derecho y la Medicina. Ha crecido profesionalmente rodeada de médicos, abogados y expertos sanitarios, y sabe que el diálogo entre ambas disciplinas resulta imprescindible para afrontar los desafíos actuales.

El XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha vuelto a reunir a los principales especialistas del sector. La inteligencia artificial, los datos de salud, la innovación y la regulación europea han ocupado un lugar destacado en una cita que, después de más de tres décadas, sigue siendo una referencia para quienes trabajan en la intersección entre la Medicina y el Derecho.

Conversamos con Ofelia de Lorenzo sobre los desafíos de la sanidad española, el futuro del Derecho Sanitario y el papel que debe desempeñar Europa en su regulación. 

Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS, reclama durante la entrevista con Confilegal una mayor protección jurídica para los profesionales sanitarios. Foto: Confilegal.

El Congreso lleva por lema «Europa: salud, innovación y regulación». ¿Está el Derecho Sanitario preparado para los cambios que está viviendo la medicina o la legislación va por detrás?

El Derecho siempre llega después de los hechos, y en sanidad esa distancia se percibe con más intensidad porque la medicina avanza muy deprisa.

Hoy es Europa quien marca el paso en innovación, en el uso de los datos de salud o en la movilidad profesional, y nuestro ordenamiento tiene deberes pendientes, como la adaptación al Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Con la disolución de las Cortes, muchas de esas reformas quedan paralizadas y tendrán que empezar de nuevo.

La IA ya se utiliza para ayudar en diagnósticos y decisiones médicas. Si esa tecnología comete un error y perjudica a un paciente, ¿quién debe asumir la responsabilidad?

Utilizar inteligencia artificial no convierte al médico en responsable automático, y que una herramienta esté clasificada como producto sanitario tampoco exime a nadie. La referencia seguirá siendo la lex artis ad hoc.

Habrá que estudiar cómo se seleccionó el sistema, cómo se implantó, qué instrucciones existían y qué posibilidades reales tenía el profesional de valorar sus resultados. El centro que decide incorporar una herramienta y la pone en manos de sus facultativos asume una responsabilidad directa.

¿Hasta dónde puede confiar un médico en la inteligencia artificial?

Es una ayuda para el médico y nunca un sustituto, como ha recordado también la Organización Médica Colegial. La decisión clínica le corresponde a él, y su juicio será decisivo tanto si sigue la recomendación del algoritmo como si se aparta de ella.

Pedir al sanitario que confíe ciegamente en la tecnología sería tan injusto como exigirle que se convierta en ingeniero para poder utilizarla. Necesita formación, criterios claros y respaldo organizativo. El reglamento europeo de inteligencia artificial impone la supervisión humana precisamente para evitar el sesgo de automatización.

El Espacio Europeo de Datos Sanitarios abre muchas posibilidades para la investigación. ¿Cómo podemos compartir esos datos sin poner en riesgo la privacidad de los pacientes?

La clave está en merecer la confianza del paciente. Hay que explicarle sus usos, las condiciones de acceso, las garantías y los controles con un lenguaje que cualquier persona pueda comprender.

A veces hablamos de los datos como si fueran una materia prima y olvidamos que proceden de historias personales. La investigación merece apoyo y la privacidad merece protección. Nuestra tarea consiste en que ambas cosas sean posibles, con reglas claras y una gobernanza que permita saber quién hace qué y ante quién responde.

Ese uso de los datos debe convivir con la cultura de confidencialidad que ya exige la Ley de Autonomía del Paciente.

Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS; Raquel Sánchez, directora del Foro Español de Pacientes (FEP); Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del FEP; Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria; y Nuria María Garrido, catedrática de Derecho Administrativo de la UCLM. Foto: Confilegal.

Los ciberataques a hospitales son una amenaza cada vez mayor. ¿Está preparado nuestro marco legal para responder cuando se produce una brecha de seguridad?

Cuando un ataque compromete la disponibilidad de una historia clínica, la continuidad de la asistencia o la confidencialidad de un diagnóstico, estamos hablando de pacientes y de organización sanitaria.

El marco legal ofrece instrumentos. La normativa de protección de datos ya establece obligaciones, y Europa ha reforzado las exigencias de seguridad de las redes y los sistemas de información. Prepararse exige asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Los profesionales sanitarios trabajan con una presión jurídica importante. ¿Están suficientemente protegidos por la legislación actual?

Hemos consolidado los derechos de los pacientes, y es un gran logro, pero la protección de los profesionales no ha avanzado al mismo ritmo. Esa asimetría acaba repercutiendo en la seguridad del propio paciente, porque cuidar a quien cuida es también una forma de proteger la asistencia.

Las agresiones a profesionales sanitarios están aumentando. Debemos dejar de normalizar el agotamiento de los profesionales y destinar recursos a prevenir los riesgos psicosociales. También preocupa el regreso de la medicina defensiva, alimentada por el miedo a las demandas y por la falta de aseguramiento en algunas administraciones públicas.

La resolución extrajudicial, con garantías, forma parte de esa protección.

La AEDS ha conseguido que Madrid acoja en 2028 el Congreso Mundial de Derecho Médico. ¿Qué supone este logro y qué oportunidades abre para España?

Es una oportunidad extraordinaria para mostrar el trabajo de nuestros profesionales e investigadores y para reforzar el intercambio con especialistas de todo el mundo.

Sería injusto presentarlo como un logro individual. Responde a una trayectoria colectiva, a relaciones construidas durante años y al esfuerzo de quienes han trabajado para que el Derecho Sanitario español tenga una voz propia fuera de nuestras fronteras.

Para terminar, ¿cuál es el cambio legal que considera más urgente para que el sistema sanitario pueda afrontar los retos de los próximos años?

Si tuviera que elegir uno, me quedaría con un marco jurídico que proteja a los profesionales sanitarios con la misma solidez con la que hemos consolidado los derechos de los pacientes. Sin profesionales seguros, respaldados y bien formados, resulta muy difícil incorporar la innovación, sostener el sistema o garantizar la seguridad del paciente.

Eso exige una respuesta penal eficaz frente a las agresiones, un aseguramiento suficiente, recursos frente a los riesgos psicosociales y reglas claras sobre la responsabilidad en el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

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