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Sede de la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid. Su nuevo documento reúne los criterios sobre la independencia y las garantías de los DPD. Foto: Confilegal.

Ni inamovible ni prescindible: la AEPD fija el estatuto del delegado de protección de datos

21 / 11 / 2026 05:41

Nombrar un delegado de protección de datos y dejarlo sin medios, sin acceso a la dirección y con la amenaza de un despido si incomoda no es cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Es aparentar que se cumple. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de dejarlo por escrito.

El documento se titula El estatuto del delegado de protección de datos. Orientaciones sobre el marco de actuación, independencia, garantías organizativas y conflictos de intereses.

Por primera vez, la Agencia reúne en un solo texto su criterio sobre la posición de los DPD en empresas y administraciones: cómo se les designa, qué independencia les corresponde, ante quién responden, qué les protege frente al cese y las represalias, y qué pueden hacer cuando esas garantías se incumplen.

Hay que precisar algo desde el principio. El texto no es normativo ni crea obligaciones nuevas.

Interpreta las que ya existen, en los artículos 37 a 39 del RGPD y 34 a 37 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), a la luz de tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Leistritz, X-FAB Dresden y KISA) y de la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de marzo de 2026. Lo que pretende es dar seguridad jurídica en un terreno donde hasta ahora había mucha interpretación y poca certeza.

Por qué ahora

La AEPD considera al DPD la pieza central del modelo de responsabilidad proactiva y, según sus palabras, el mejor aliado del cumplimiento normativo. Su Plan Estratégico 2025-2030 se comprometió a reforzar su independencia funcional y a proponer cómo clarificar su estatuto jurídico.

Hubo también un diagnóstico europeo. La acción coordinada del Comité Europeo de Protección de Datos sobre los DPD, en la que participó la Agencia, detectó problemas conocidos en el sector: conflictos de intereses, falta de independencia, dependencia presupuestaria y dificultades para llegar a la alta dirección.

Independencia en cuatro dimensiones

El núcleo del documento es la independencia, que la Agencia desglosa en cuatro planos:

• Funcional. Nadie puede dar instrucciones al DPD sobre el contenido de su asesoramiento ni de su supervisión.

• Jerárquica. Responde directamente ante el más alto nivel de la organización.

• Económica. Debe tener recursos suficientes y no cobrar retribuciones variables que puedan condicionar su objetividad.

• Organizativa. Debe poder acceder a los datos y los sistemas, y ser consultado desde el diseño de cada proyecto, no cuando ya está hecho.

La designación, según la Agencia, debe ser formal, documentada y transparente. Tiene que aprobarse al máximo nivel y comunicarse a la autoridad de control, a la plantilla y a los interesados.

Recomienda formalizarla en una carta de misión o en el contrato, evaluar los posibles conflictos de intereses antes del nombramiento y asegurar la continuidad de la función.

En cuanto a la rendición de cuentas, el RGPD no exige un modelo de informe ni una memoria anual. Los mecanismos deben ser proporcionales al tamaño y al riesgo de cada organización, y lo importante es poder acreditar la comunicación.

La Agencia añade una recomendación con alcance práctico: si la dirección no sigue el criterio del DPD, conviene dejar constancia de por qué.

El cese: ni inamovible ni desprotegido

Es probablemente el capítulo más delicado. La protección del artículo 38.3 del RGPD no supone una inamovilidad absoluta. Pero cubre cualquier decisión desfavorable que afecte a la independencia del DPD en su trabajo, y no solo el despido.

La LOPDGDD va más allá para el delegado que forma parte de la plantilla. No puede ser cesado ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo dolo o negligencia grave.

La Agencia insiste en un criterio material: las decisiones sobre la permanencia, las funciones, los recursos o la posición del DPD se valorarán por sus efectos reales, no por cómo se presenten. Por eso recomienda pedir antes su opinión, evaluar el impacto y documentar las razones.

Conflictos de intereses, caso por caso

La regla de fondo es que el DPD asesora y supervisa, pero no decide los fines ni los medios de los tratamientos. A partir de ahí, el documento evita establecer incompatibilidades automáticas y propone un análisis caso por caso.

Distingue tres grupos:

• Puestos con riesgo de conflicto: alta dirección con funciones operativas, responsable de seguridad de la información, responsable del canal del informante y responsables de datos o de inteligencia artificial con capacidad de decisión.

• Puestos que pueden ser compatibles si no implican decidir sobre fines y medios: asesoría jurídica, cumplimiento normativo, auditoría interna y transparencia.

• Situaciones de riesgo: que el DPD represente legalmente a la organización, que un DPD externo sea a la vez encargado del tratamiento, la acumulación excesiva de clientes o funciones y la falta de recursos.

Ante presiones o injerencias, el DPD puede acudir a la alta dirección, utilizar el canal interno de información, dirigirse a la autoridad de protección de datos y, si es necesario, a los tribunales.

Una idea de fondo

El documento parte de una premisa: la independencia del DPD no es un privilegio personal, sino una garantía institucional que la organización está obligada a hacer efectiva.

Nombrar un delegado no traslada a él la responsabilidad del cumplimiento, que sigue siendo del responsable o del encargado del tratamiento. Lo que sí obliga es a darle posición, medios y autonomía.

Hecho con el sector

El texto se ha elaborado con consultas. Se compartió con las autoridades autonómicas de protección de datos y pasó dos rondas de consulta con las asociaciones profesionales de privacidad: el Club del DPD de la Asociación Española para la Calidad (AEC), APEP·IA, ENATIC e ISMS Forum, además de delegados del sector público.

También se han tenido en cuenta precedentes como la instrucción interna del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y criterios del Comité Europeo, del Supervisor Europeo y de otras autoridades.

La Agencia lo presenta como un documento abierto. El siguiente paso será concretar buenas prácticas para resolver conflictos de intereses en supuestos específicos. Después vendrá un tema que el sector sigue de cerca: dónde termina la función del DPD y dónde empiezan las responsabilidades sobre inteligencia artificial.

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