El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, acaba de regresar de Ceuta, donde ha comprobado de primera mano el colapso en la tramitación de expedientes de asistencia jurídica a migrantes: miles de personas a la espera de un procedimiento que, al ritmo actual, tardaría más de un año en resolverse.
Con esa impresión reciente, González repasa en esta entrevista los principales retos que la Abogacía Española tiene a día de hoy: el reglamento de la Ley de la Pasarela al RETA, que el Ministerio tiene que elaborar antes de que finalice octubre; la nueva Ley de Justicia Gratuita, aún pendiente de anteproyecto; el pulso con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); sobre las costas judiciales; y una reforma del examen de acceso a la profesión que, según denuncia, ha dejado de filtrar a quienes se incorporan a la abogacía y se ha convertido en un coladero. Entran casi todos.
González aborda también la reivindicación de que el Supremo cuente con magistrados que hayan sido abogados en ejercicio, las nuevas circulares deontológicas del Consejo y el papel de la inteligencia artificial en la formación de los profesionales del derecho.
Y lo hace la víspera de la inauguración del nuevo año judicial que tendrá lugar hoy en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y en el que tomará parte, toga mediante, en estrados, como representante de la Abogacía Española.
¿Cómo se presenta el nuevo año desde el punto de vista de la institución que usted preside, la Abogacía Española?
Va a ser un año intenso, con muchas novedades. Tendremos elecciones generales, autonómicas y municipales, y a los retos habituales de la abogacía se suman cuestiones tan importantes como lo que está ocurriendo en Ceuta.
Acabo de regresar de allí: hemos pasado dos días viendo la realidad que se vive y la respuesta que se está dando desde la abogacía. Hay que reconocer que el Ministerio, desde el primer momento, ha atendido nuestras peticiones de refuerzo del servicio de turno de oficio y de asistencia jurídica.
Pero también he constatado, hablando con los compañeros allí, que los procedimientos se ralentizan, que falta coordinación y que es necesario agilizar su inicio y su tramitación.
A día de hoy solo se están tramitando 20 expedientes al día, algo claramente insuficiente, ¿no?
Absolutamente. Es un problema de una gravedad enorme. Hablamos de miles de personas pendientes de un procedimiento que no se inicia y que, al ritmo actual, tardaría muchos meses —más de un año— en resolverse.
Según me trasladan desde la abogacía, se está intentando agilizar, pero va muy despacio. Los abogados esperan porque el procedimiento no arranca, y los criterios no están unificados entre los distintos grupos de trabajo: hay criterios distintos y queda mucho por hacer.
Nos hemos ofrecido desde el primer momento y vamos a seguir trabajando, porque es un problema de una magnitud y una importancia enormes. Quiero además poner de manifiesto la importancia de la abogacía: el procedimiento no puede producirse sin abogado, y el Colegio está organizando la asistencia allí donde se requiere.
«Hablamos de miles de personas pendientes de un procedimiento que no se inicia y que, al ritmo actual, tardaría más de un año en resolverse».
¿La responsabilidad recae en un organismo central que tendría que cuadriplicar o quintuplicar su personal para agilizar los expedientes?
Sin duda hay un problema de medios, tanto materiales como humanos. Pero también he constatado que hace falta mucha más coordinación, más organización y más claridad en los criterios de un procedimiento que, no lo podemos obviar, cuenta con una nueva regulación aún no testada ni aprobada, que se va a aprobar de forma intensa.
Hace falta otra velocidad para unificar esos criterios, tomar las decisiones y coordinar a los equipos, de modo que el procedimiento se resuelva lo más rápido posible.
¿Qué sensación se ha llevado de las reuniones con la decana y la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Ceuta y también con los abogados del turno de oficio?
La sensación que te transmito es esa: están a disposición, en cada punto donde es necesario. Hay una coordinación enorme dentro de la abogacía, pero al mismo tiempo ven que el proceso se ralentiza, que va despacio, y eso desespera a una población que necesita otra velocidad.
La Ley de la Pasarela al RETA y la justicia gratuita
La semana pasada usted mantuvo una reunión con todas las asociaciones y grupos de interés sobre el reglamento de la ley de la pasarela al RETA. Han ofrecido su colaboración a la ministra Elma Sáiz. Porque tendría que estar materializado antes de finales de octubre, tres meses después de la aprobación de la ley. ¿Creé que se cumplirá ese plazo? ¿Que verá la luz el reglamento en tiempo y forma?
Los plazos que requiere el proceso normativo son los que son, y en tres meses será difícil. Pero hemos pedido que se habilite el procedimiento de urgencia para que sea lo antes posible, sin que eso menoscabe la escucha de todos los que tengan algo que decir: que se aborde la consulta pública además de la audiencia pública.
Nuestra colaboración —lógicamente no vamos a participar en la redacción— consiste en trasladar el sentir de los profesionales y plantear las cuestiones que nos parecen trascendentes, tanto para el reglamento como, después, para su puesta en marcha.
Me parece relevante que tanto asociaciones, movimientos y grupos estemos hablando y señalando entre todos las cuestiones críticas de la nueva norma, en un ambiente favorable al mejor abordaje de este reglamento.
Estamos contentos de que sea así y queremos seguir sumando, compartiendo ideas con otras profesiones. Me preocupa mucho cuando llegue el día en que ya haya ley y reglamento y que el profesional tenga que tomar una decisión: espero que esa decisión pueda tomarla con toda la luz posible y con todos los datos. Porque marcará su vida durante muchos años.
Otra asignatura pendiente es el proyecto de la nueva Ley de Justicia Gratuita. El ministro había prometido aprobarlo. ¿Cómo está la situación a día de hoy?
Las noticias que recibimos en julio apuntaban a que podíamos tener un anteproyecto, y no lo tuvimos. Ahora se habla de que a finales de septiembre podría ver la luz. Como bien sabe, porque ha seguido el proceso, lo que hemos hecho es escuchar a toda la profesión, reordenarnos y preparar nuestra valoración para cuando conozcamos el proyecto.
La profesión es muy diversa, hay muchos grupos y muchas opiniones, y nuestra labor es ser capaces de transmitirlas, sobre todo allí donde la profesión es unánime y tiene una reivindicación clara.
¿Es optimista sobre la posibilidad de que vea la luz antes de que termine esta legislatura?
Hemos exigido una ley como esta porque entendíamos que, 30 años después de la primera ley era necesaria una actualización a la realidad de hoy.
Lo hemos pedido y parece que va a salir. Seguramente no colmará las expectativas de la profesión, y queremos canalizar tanto las reivindicaciones como el impulso, porque no solo siendo críticos se impulsan las cosas.
Por eso organizamos el ciclo de los 30 años de la ley y por eso mantenemos foros con toda la profesión: para aunar criterios y transmitir sus necesidades.
Ley de Eficiencia y transparencia de las costas
¿Cómo está siendo la implantación de la Ley de Eficiencia desde el punto de vista de la Abogacía Española?
Es una ley con un impacto enorme, no solo en el funcionamiento y los requerimientos, sino en la propia estructura de la justicia. Desde el principio nos preocupó un problema que surgió casi de inmediato: que el trato a los profesionales en los tribunales no se evaluara y que, a través de los nuevos tribunales de instancia se creara una barrera entre el profesional que representa al ciudadano y el tribunal.
En ese terreno, fruto del trabajo de concertación y de la reflexión con otras instituciones —en este caso con el Consejo General del Poder Judicial—, hoy contamos con una guía del propio Poder Judicial, ya no solo de la abogacía, que habla de la importancia de mantener esa relación con los profesionales, porque eso agiliza los procedimientos, mejora la respuesta al ciudadano y mejora la encuesta de satisfacción.
Nos parecía fundamental salvaguardar esa relación entre el profesional y el tribunal de instancia, y creo que hay que seguir aprovechando las fortalezas de la nueva ley —que sin duda las tiene— e ir mejorando lo que vaya fallando.
La Ley del Derecho de Defensa contempla que el ciudadano tenga derecho a saber cuánto le puede costar su caso, incluida la posibilidad de asumir las costas si pierde. Sin embargo, la CNMC considera que eso equivaldría a un baremo de honorarios, que está prohibido. El Colegio de la Abogacía de Valencia ha recurrido ante el Tribunal Supremo. ¿Ve posible llegar a algún tipo de acuerdo con el nuevo presidente de la CNMC?
Nuevas personas en las instituciones suponen nuevas oportunidades y la posibilidad de abrir un cauce de entendimiento.
Aquí hay, sin duda, un problema de entendimiento: lo que dice la CNMC tiene su fundamento, no es ningún capricho, y somos capaces de entenderlo. Pero lo que decimos desde la abogacía tiene una fortaleza enorme: se trata de un desarrollo constitucional, y ese desarrollo dice que, para que se produzca el derecho a la tutela judicial efectiva, tiene que haber conocimiento.
El ciudadano tiene que poder saber cuánto le va a costar iniciar un procedimiento, y eso tiene una fortaleza enorme. Espero que, antes que después, tengamos esa primera reunión con el presidente de la CNMC, que abramos un canal de reflexión y que demos solución a algo que se está alargando más de lo razonable, aunque hay cuestiones que tendrán que resolverse en un tribunal.
Si hablamos de la necesidad de conciliar, de acordar, de solucionar los conflictos antes de que un juez dicte una resolución, este es un caso muy claro en el que deberíamos hacerlo. Sabemos que el Tribunal Supremo se va a pronunciar; harían falta dos resoluciones para crear jurisprudencia, y creo que no hay necesidad de llegar a eso.
Si llegamos, esperamos que, con el cambio normativo, la resolución sea diametralmente opuesta a la que dio el Tribunal Supremo hace unos años. Pero creo que, hablando y encajando los valores y los principios en juego, tenemos que encontrar una solución.
«El ciudadano tiene que poder saber cuánto le va a costar iniciar un procedimiento. Y eso tiene una fortaleza enorme«.
Grupos de interés
El pasado mes de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, en vigor desde el 27 de agosto. A la vista de lo que estamos viviendo ¿es fundamental que esta ley exista?
Creo que es algo necesario en este país; es una cuestión que no se había abordado con profundidad. No tengo claro de que sea la mejor ley posible. Además, está pendiente de ratificación: puede que decaiga en unos pocos días, algo nada descartable en el clima político y parlamentario actual, sino más bien bastante posible.
En cualquier caso, lo que sí hace la ley, y era una reivindicación nuestra, es establecer una exclusión: excluye a las instituciones de derecho público de su representación en el ámbito de las cuestiones públicas. Ese concepto lo vamos a mantener, aunque no sabemos si habrá tiempo. En cualquier caso, la exclusión nos parece correcta.
Hay grupos de interés —lo estamos viendo estos días en la prensa, empresas que se acercan al poder— y nuestras instituciones, especialmente el Consejo, son una corporación de derecho público que habla con las instituciones de manera absolutamente transparente, como se puede comprobar porque comunicamos cada reunión y su contenido. Eso no nos preocupa.
Pero sí nos importa que se entienda que no somos un grupo con intereses privados, sino que defendemos una cuestión pública: el derecho de defensa, como hablábamos antes a propósito de las costas y la CNMC.
El examen de acceso a la abogacía
Una de las banderas que ha levantado en los últimos meses es la modificación del examen de acceso a la abogacía. Hoy es, prácticamente, un coladero. ¿Va a cambiar?
Sí. El problema no es solo la regulación: los estándares han bajado desde que se implantó este sistema. Fíjese en la paradoja: para sacarse el examen teórico de conducir hay que presentarse físicamente en un centro. En cambio, para acreditar que se está preparado para ejercer una profesión que maneja derechos y libertades de los ciudadanos, todo se hace online, sin apenas garantías. El resultado: casi todo el mundo aprueba.
Y esto ocurre justo cuando se han multiplicado las universidades privadas que ofrecen esta formación. Necesitamos, más que nunca, un criterio común que ordene el acceso a la abogacía. Tal como está, el examen no exige nada concreto: no fija qué materias o competencias hay que dominar. Por eso hay cientos de másteres sin control real, porque ese control debería ejercerlo el examen, y no lo hace.
Desde que se aprobó la ley, han proliferado las universidades privadas, los títulos online y los dobles grados. Son modelos legítimos, que abren más vías de acceso a la profesión. Pero falta un filtro de calidad, y ese filtro tendría que ser el examen. Los propios decanos de las facultades de Derecho coinciden: el modelo hay que cambiarlo.
Llevamos casi dos años pidiéndolo, cada uno por su lado, sin resultados. Sé que el final de legislatura no es el mejor momento, pero la reclamación sigue ahí, intensa y sin respuesta.
«El examen no cumple su función: hay cientos de instituciones que dan el máster sin ningún control, porque ese control tendría que ser el examen de acceso».
Mañana (por hoy) se celebra el acto de apertura de tribunales. Hace unos meses usted se reunió con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para reivindicar algo básico: que haya magistrados que sean abogados. Algo que no sucede desde hace lustros. En estos momentos hay tres candidatos, uno para la Sala de lo Penal y dos para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por el turno de juristas de reconocido prestigio. ¿Cómo enfocan esta circunstancia?
El CGPJ aprobó en diciembre de 2025 el Reglamento 1/2025, sobre provisión de plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales, que sustituyó al Reglamento 1/2010. El Reglamento, sin embargo, no creó la posibilidad de que los abogados accedan al Tribunal Supremo.
Esa vía ya estaba prevista en el artículo 343 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el denominado quinto turno. Lo que sí actualizó y sistematizó este nuevo reglamento es cómo deben acreditarse y valorarse los méritos de los candidatos abogados en los nombramientos discrecionales del CGPJ.
La realidad es que aunque la ley preveía la incorporación de abogados y juristas de reconocido prestigio al Consejo General del Poder Judicial, y también el acceso de los abogados al Tribunal Supremo y a los tribunales superiores. esto se estaba diluyendo.
Poco después de asumir la Presidencia, vimos que el nuevo Consejo estaba abordando un nuevo reglamento de elección y pedimos que se cambiara. Lo conseguimos: los méritos de un abogado no son el doctorado ni las publicaciones académicas, sino el trabajo diario en juzgados y tribunales, la experiencia y el trato constante con la práctica, algo que el reglamento no contemplaba.
Presentamos dos propuestas distintas y una de ellas se acogió casi en su totalidad. Fruto de eso, un año después, hoy, ya hay tres candidatos, algo que antes no ocurría porque sabían que era imposible salvo que tuvieran una carrera académica que los avalara.
Es una cuestión de la que me siento orgulloso: creo que es un paso en el prestigio de la profesión. Ese prestigio se gana desde abajo, pero con hechos constatables: que un compañero acuda a una vista en cualquiera de esos partidos judiciales —en Málaga, en Valladolid, en A Coruña— y el juez piense cuál de los dos terminará en el Tribunal Supremo.
Eso cambia la forma y el trato en cada tribunal del país. Es una señal muy potente, que habíamos perdido porque tuvimos abogados en el Tribunal Supremo y dejamos de tenerlos.
«El prestigio se gana desde abajo, pero con hechos constatables.»
Deontología
Ahora quiero que hablemos de deontología profesional. ¿Por qué para usted tiene tanta importancia?
La Ley del Derecho de Defensa nos da la potestad de dictar circulares que expliquen cómo aplicar la deontología, es decir, el código de conducta que rige la profesión de abogado. No son normas formales de trámite: entramos en asuntos de fondo.
Regulamos, por ejemplo, el secreto profesional, la relación del abogado con Hacienda, o el trabajo de quien elabora informes para empresas o particulares —dejando claro que ese informe sigue protegido por el secreto profesional aunque salga del despacho y llegue a la empresa—.
Estas circulares han tenido una acogida excelente: ya se han citado en resoluciones judiciales, señal de que se están consolidando como criterio de referencia. También somos críticos cuando hace falta: hoy mismo hemos publicado una sobre cómo deben tratar los abogados el dinero que gestionan por cuenta de sus clientes.
Es un trabajo que, poco a poco, da a la profesión un papel más institucional en la sociedad, acompañando a empresas y ciudadanos en los momentos más delicados, conscientes de que manejamos información muy sensible. Y la respuesta de los compañeros está siendo muy buena: nos llaman para preguntar dónde consultar una circular, o para decirnos que les ha sido útil.
Inteligencia artificial y formación
El programa de formación en inteligencia artificial UPRO, impulsado por el CGAE con fondos Next Generation, ha sido un éxito: los abogados entienden que conocer la IA es fundamental hoy en día. ¿No habría que introducir en las universidades una asignatura, o varias, sobre esto?
Sin duda. Hemos llegado a casi 25.000 abogados con nuestra formación, y eso ha despertado la necesidad de acercarse a la tecnología. La abogacía va a ir de la mano de la inteligencia artificial, no hay duda.
De esos 25.000, unos 4.000 completaron toda la formación, pero que 25.000 se hayan interesado ya es un éxito. Y es que la IA ya está aquí: doy clases en la universidad y veo que tanto alumnos como profesores la usan en trabajos y apuntes.
Por eso hace falta una asignatura específica que enseñe a usarla bien —qué hacer, qué evitar, cómo puede ayudar— en un terreno que cambia muy rápido. Pero no basta con eso: la IA va a estar presente en todas las áreas del derecho, del laboral al mercantil.
Esto ya es una realidad, y todos —quienes enseñamos, quienes ejercemos, quienes juzgamos— tenemos que adaptarnos sin cometer excesos, protegiendo los valores y los derechos que sostienen la justicia. Que esta herramienta nos ayude a mejorar, no a romper principios que costó siglos construir desde los romanos.
