La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha puesto el foco en el incremento de las muertes violentas, los delitos contra la libertad sexual, la delincuencia juvenil y la criminalidad informática como algunos de los principales desafíos que afronta la Justicia madrileña, al tiempo que ha reclamado más medios humanos, tecnológicos y organizativos para responder a una realidad delictiva «cada vez más compleja».
Así lo ha expuesto la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, en su discurso de apertura del Año Judicial 2026-2027, en el que ha presentado la Memoria correspondiente al ejercicio 2025.
Martín López ha defendido que «la Comunidad de Madrid sigue siendo una región segura», aunque ha advertido de que sería «un error ignorar» determinados fenómenos que la Fiscalía identifica como especialmente preocupantes.
Entre los datos más relevantes figura el aumento de las muertes violentas: en 2025 se registraron 35 en la Comunidad de Madrid, 14 más que el año anterior. Veinte fueron cometidas con arma blanca, 29 fueron esclarecidas y se practicaron 41 detenciones.
La violencia sobre la mujer ocupa también un lugar destacado en la Memoria. Durante 2025, cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid. Dos de ellas habían presentado denuncias previamente y tres menores quedaron huérfanos de madre como consecuencia de esos asesinatos.
LOS DELITOS SEXUALES CRECIERON MÁS DE UN 7 %
La Fiscalía señala igualmente un incremento superior al 7 % de los delitos contra la libertad sexual respecto al ejercicio anterior, con una presencia especialmente significativa de procedimientos en los que las víctimas eran menores de edad.
Ante esta realidad, el Ministerio Fiscal considera prioritarias la protección integral de las víctimas, la práctica temprana de prueba preconstituida y la coordinación con los servicios especializados.
Especial preocupación suscita también la jurisdicción de menores.
Durante 2025 se registraron 7.351 menores de entre 16 y 18 años implicados en expedientes de reforma. Además, se incoaron 23 procedimientos por homicidio o asesinato intentado y casi 3.000 delitos de lesiones.
Martín López sitúa detrás de estas cifras fenómenos como «la banalización de la violencia», la utilización de armas en conflictos entre adolescentes, determinadas conductas sexuales de riesgo y la creciente influencia de los entornos digitales.
EL AVANCE DE LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA
La Memoria constata asimismo la consolidación de fenómenos criminales más complejos relacionados con la delincuencia económica, el crimen organizado y las redes transnacionales.
La Sección de Crimen Organizado y Delincuencia Grave tramitó 43 nuevos procedimientos durante 2025, más de la mitad relacionados con grupos juveniles organizados. Se formularon acusaciones contra 37 personas, 35 de ellas por pertenencia a organización criminal.
Junto a ello, la criminalidad informática adquiere un peso creciente.
Solo en la Fiscalía Provincial se incoaron 252 procedimientos por estafas informáticas y se formularon 227 escritos de acusación.
La Fiscalía considera que estos datos evidencian que la delincuencia tecnológica se ha convertido ya en «una de las principales manifestaciones criminales de nuestro tiempo».
384 FISCALES, PERO UNA PLANTILLA TODAVÍA «INSUFICIENTE»
La Fiscalía madrileña contó durante 2025 con 384 fiscales en servicio efectivo, frente a los 373 del ejercicio anterior.
Aunque Martín López considera positivo este incremento, advierte de que todas las jefaturas coinciden en que sigue siendo insuficiente para atender el crecimiento de los asuntos y las mayores necesidades de especialización.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y la implantación progresiva de los Tribunales de Instancia han supuesto, además, una «profunda transformación» de la organización judicial.
La fiscal superior advierte de que reformas de esta magnitud necesitan medios suficientes, planificación y herramientas tecnológicas capaces de sostener el cambio. Las fiscalías han detectado dificultades relacionadas con la reorganización de las oficinas judiciales, los sistemas de gestión y la coordinación entre los distintos operadores jurídicos.
A ello se suma la dispersión de la Fiscalía Provincial de Madrid en nueve sedes diferentes, circunstancia que dificulta la coordinación interna y la optimización de los recursos. Por ello, Martín López considera que culminar el proyecto de la Ciudad de la Justicia constituye «una necesidad largamente esperada».
PROTECCIÓN DE MENORES, MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES
El discurso dedica también una parte relevante a la función protectora del Ministerio Fiscal.
Durante 2025 se incoaron 611 procedimientos de determinación de edad de menores extranjeros no acompañados y se resolvieron 786 expedientes.
En materia de personas con discapacidad y personas mayores, las fiscalías madrileñas emitieron 24.323 informes sobre internamientos involuntarios. Solo la Fiscalía Provincial de Madrid tramitó 10.800 expedientes, un 12 % más que el año anterior.
Además, se realizaron 101 inspecciones en residencias de personas mayores y centros especializados.
El Servicio de Testigos Protegidos incoó 64 nuevos expedientes y cerró el ejercicio con más de un centenar activos.
LA FUTURA REFORMA PROCESAL PENAL
Martín López también ha situado el foco en el futuro modelo de investigación penal.
La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid incrementó su actividad un 25,3 % durante 2025 y alcanzó una plantilla de 13 miembros especializados.
La fiscal superior considera que la experiencia de coordinación entre fiscales e investigadores resulta especialmente relevante ante una futura reforma procesal penal que vuelva a plantear el modelo de investigación.
Las fiscalías madrileñas incoaron el pasado año 1.748 diligencias de investigación penal, de las que 548 terminaron judicializadas.
Para afrontar posibles cambios futuros, Martín López señala como necesidades fundamentales la formación especializada de los fiscales, mejores herramientas tecnológicas, el fortalecimiento de las estructuras de apoyo y una coordinación permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Las reformas procesales sólo alcanzan plenamente sus objetivos cuando van acompañadas de los medios necesarios para hacerlas efectivas», concluye.
