María Isabel Martín López ha tomado posesión hoy como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid en un acto institucional al que han asistido la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la teniente fiscal del Tribunal Supremo –y número 2 de la Fiscalía–, María Ángeles Sánchez Conde.
Una ceremonia que ha estado presidida por Celso Rodríguez Padrón, máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien ha sido nombrado por el Consejo General del Poder Judicial nuevo magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Esta ha sido, posiblemente, la última ceremonia revestido con esa autoridad.
La misma ha estado marcada por una ausencia notoria: la de la fiscal superior saliente, Almudena Lastra de Inés.
Peramato decidió no renovar a Lastra porque fue testigo de cargo en el procedimiento que concluyó, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la condena de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
Durante el interrogatorio al que fue sometida por las partes del caso, Lastra señaló a García Ortiz como responsable de la filtración de información reservada relacionada con la investigación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Su ausencia en la toma de posesión de su sucesora es, en este contexto, un dato que habla por sí solo sobre el estado interno de una fiscalía que ha atravesado meses de divisiones profundas.
Entre las autoridades asistentes se encontraban el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García‑Matos, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco.
También los decanos de la procura madrileña, Carmen Giménez Cardona, de los graduados sociales de la Comunidad, Teresa Silletas, y de la abogacía de Alcalá de Henares, Ángel Llamas, y de Madrid, Eugenio Ribón, cuya corporación de derecho público ejerció la acusación popular en el mencionado juicio.
Martín López llega a la jefatura de la Fiscalía madrileña desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano en el que ha trabajado desde 2018.
Propuesta por Peramato por su trayectoria técnica y su proyecto para la institución —centrado en la excelencia, la cohesión interna y el servicio público—, la nueva fiscal superior se convierte así en la máxima representante del Ministerio Fiscal en Madrid con un perfil inequívocamente vinculado al núcleo directivo de la institución, como lo demuestra la presencia de la fiscal general del Estado y la teniente Fiscal.
De Melilla a la cúpula del Ministerio Fiscal
La nueva fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ingresó en la carrera fiscal en 2007 y sus primeros destinos estuvieron vinculados a Melilla, donde desempeñó funciones especialmente sensibles.
Allí ejerció como fiscal delegada de Menores, fiscal coordinadora y responsable del Sistema de Información del Ministerio Fiscal.
También colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en asuntos relacionados con terrorismo yihadista, una materia especialmente relevante en una ciudad fronteriza como Melilla.
Su progresión profesional continuó con su nombramiento como fiscal jefe de Melilla en 2015. Durante esa etapa asumió también competencias en materias como Vigilancia Penitenciaria y Extranjería, áreas de especial complejidad jurídica y social.
Tres años después, en 2018, dio el salto a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el órgano encargado de asistir directamente al fiscal general en la elaboración de informes, criterios interpretativos, estudios jurídicos y coordinación institucional.
Desde entonces ha permanecido en ese puesto durante ocho años, trabajando con distintos fiscales generales y adquiriendo un conocimiento detallado del funcionamiento de toda la estructura fiscal española.
