Bruselas ve progresos. Hay Derecho ve papel mojado. Entre ambas lecturas se mueve el séptimo Informe sobre el Estado de Derecho que la Comisión Europea publicó este viernes, un documento que vuelve a poner a España bajo la lupa comunitaria y que, una vez más, divide las interpretaciones entre el optimismo institucional y la cautela de la sociedad civil.
El informe destaca iniciativas concretas: la reforma del Ministerio Fiscal, la regulación de la información clasificada, la batería de medidas contra la corrupción. Son, a ojos de la Comisión, señales de que el país avanza. La Fundación Hay Derecho, que participó activamente en las consultas previas —su contribución aparece citada en 15 ocasiones dentro del capítulo español—, no lo ve igual. O no del todo.
«Detrás de esto se evidencian anuncios que nunca llegan a ejecutarse. Y solo con promesas de papel el Estado de derecho no se mejora», advirtió Safira Cantos, directora general de la fundación, en referencia al patrón que su organización lleva años denunciando: proyectos que se anuncian con solemnidad y después se congelan en el Congreso, o normas que se aprueban pero cuya aplicación práctica queda huérfana de medios.
El punto más delicado: los conflictos de interés
La Comisión habla de un «avance limitado» en el control de conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de altos cargos. Hay Derecho eleva el tono crítico.
Según los datos que maneja la entidad, la Oficina de Conflictos de Intereses solo rechazó el 3,3% de las solicitudes presentadas en la última década por altos cargos que pretendían dar el salto al sector privado. E
n ese mismo periodo, apenas abrió 53 diligencias.
Hay un problema estructural detrás de esa cifra, según la fundación: la oficina depende funcionalmente del propio Gobierno cuyos altos cargos debe fiscalizar. Difícil pedirle independencia a quien responde jerárquicamente ante el fiscalizado.
Reformas que no terminan de nacer
El proyecto de Ley de Información Clasificada —llamada a derogar la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales— recibe en el informe la etiqueta de «avance significativo».
Hay Derecho la considera prematura: la iniciativa acumula ya 36 ampliaciones del plazo de enmiendas y sigue encallada en el Congreso.
Mismo destino, distinta velocidad, para la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que Bruselas valora por fijar un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado pero que continúa en tramitación sin apoyos parlamentarios garantizados.
Y, por tercer año consecutivo, el informe reclama una reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ. La reiteración, apunta la fundación, no es un matiz retórico: es la constatación de que el diagnóstico está hecho desde hace tiempo y lo que falta es voluntad política para actuar sobre él.
El plan anticorrupción que sigue en un cajón
Los datos de percepción ciudadana son contundentes: el 92% de los españoles cree que la corrupción está generalizada en el país, frente al 71% de media comunitaria. Más de la mitad dice sentirse afectada personalmente.
Frente a esa percepción, la Fundación constata que el Plan Estatal Anticorrupción presentado hace un año sigue sin ejecutarse.
La Autoridad Independiente de Integridad Pública no existe todavía. El registro de lobbies acumula 21 prórrogas.
Y la Autoridad Independiente de Protección del Informante arrancó con solo 14 de sus 23 plazas cubiertas y presupuesto provisional, mientras Baleares, Canarias, Murcia, Extremadura, La Rioja y Aragón carecen aún de autoridades autonómicas competentes para proteger a los denunciantes.
Hay Derecho publicará su propio informe después del verano. Su conclusión, adelantada ya en esta reacción al documento europeo, funciona casi como advertencia: anunciar no es aprobar, y aprobar tampoco garantiza que una reforma llegue a aplicarse nunca.
