Varias asociaciones de jueces y fiscales han reclamado avanzar hacia una política migratoria «integral y coordinada» en el ámbito de la Unión Europea tras la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través del espigón del Tarajal.
En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España expresan su «dolor por la pérdida de vidas humanas» y trasladan su solidaridad a la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
Las organizaciones lamentan que estos «graves acontecimientos» hayan dejado «el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas», además de un elevado número de heridos y desaparecidos aún por determinar.
A su juicio, la situación exige «una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y fundamentales».
En el comunicado recuerdan que el control de las fronteras constituye «una competencia legítima del Estado» y responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad.
No obstante, subrayan que esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.
El «respeto a la vida» en la crisis de Ceuta
«Ninguna finalidad, por legítima que sea, puede anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas», afirman.
Las asociaciones sostienen además que las situaciones de especial presión migratoria no modifican la vigencia de los derechos fundamentales ni reducen las exigencias propias del Estado de derecho.
Por el contrario, consideran que es precisamente en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, con independencia del origen o la situación administrativa de las personas afectadas.
Asimismo, advierten de que estos acontecimientos «no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes».
En este contexto, las entidades defienden la necesidad de impulsar una política migratoria común en la Unión Europea que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes.
A su entender, «la firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles», sino que ambas obligaciones forman parte de un Estado social y democrático de derecho.
Las asociaciones consideran que solo desde ese equilibrio será posible ofrecer una respuesta acorde con los valores constitucionales y europeos y evitar que «una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social».
Por último, reclaman que el debate público sobre estos hechos se desarrolle «desde el rigor y el respeto institucional», evitando respuestas simplistas o discursos que erosionen la convivencia, y concluyen recordando que «detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible».
