Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación judicial en número de jueces afiliados, considera que el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea confirma que España apenas ha avanzado en la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un comunicado fechado ayer, la asociación acusa al Gobierno de «indolencia» y falta de voluntad política. También rechaza que el Ejecutivo presente el informe de Bruselas como un respaldo a sus reformas en materia de Justicia.
La Comisión Europea recoge las conclusiones de la Comisión de Venecia, que considera compatible con los estándares europeos que los jueces elijan directamente a los vocales judiciales del CGPJ, siempre que existan garantías contra la politización.
En cambio, el actual modelo, en el que el Parlamento designa a todos los vocales, no responde a ese criterio.
Una reforma todavía pendiente
FJI recuerda que organismos como el GRECO, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión de Venecia llevan años reclamando cambios. Ahora, Bruselas pide a España que adapte el procedimiento de elección del CGPJ a las normas europeas.
Para la asociación, esta recomendación demuestra que los compromisos alcanzados por los dos principales partidos durante la renovación del Consejo en 2024 todavía no han producido resultados.
El comunicado también aborda los nombramientos de altos cargos judiciales. Algunas organizaciones cuestionan que siempre prevalezcan el mérito y la capacidad, mientras que el CGPJ defiende que sus decisiones son objetivas y están justificadas.
FJI lamenta que la Comisión Europea no se pronuncie con mayor claridad sobre esta cuestión. Además, recuerda que ha recurrido junto con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria el nuevo Reglamento de Nombramientos Discrecionales del Consejo.
Críticas a las reformas del Gobierno
La asociación califica de «oportunidad perdida» que Bruselas no haya profundizado en los riesgos que, a su juicio, presentan algunas iniciativas legislativas del Gobierno.
El informe se limita a indicar que existen proyectos todavía en tramitación y que distintas organizaciones han expresado dudas sobre ellos.
Por eso, FJI insiste en que el documento europeo no supone un reconocimiento a la política de Justicia del Ejecutivo.
Una de esas reformas es la posible entrega al Ministerio Fiscal de la investigación de los delitos, función que ahora desempeñen los jueces de instrucción.
Según FJI, la Comisión Europea no respalda expresamente este cambio y sí pide reforzar la independencia y autonomía de la Fiscalía.
Bruselas recomienda separar en el tiempo el mandato del fiscal general del Estado del mandato del Gobierno. También reclama una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita agilizar y fortalecer las investigaciones por corrupción de alto nivel.
Carencias de la Administración de Justicia
El informe analiza asimismo las reformas sobre el acceso a la carrera judicial, los jueces sustitutos y la acción popular.
Aunque no valora en detalle estas propuestas, recoge las advertencias sobre su posible impacto en la independencia judicial.
Respecto a la Ley Orgánica 1/2025, la Comisión Europea aprecia resultados positivos, principalmente por la reducción de los litigios civiles.
Sin embargo, también menciona las reservas de asociaciones y profesionales ante los medios adecuados de solución de controversias (MASC), mecanismos que buscan resolver conflictos sin acudir directamente a juicio.
Bruselas señala, además, varios problemas pendientes: la falta de conexión entre los sistemas informáticos estatales y autonómicos, la escasez de recursos, las diferencias territoriales y la excesiva duración de los procedimientos.
Críticas políticas a los jueces
FJI destaca especialmente la advertencia europea sobre las críticas de responsables políticos –en claras referencias a varios ministros del Gobierno– a las resoluciones judiciales.
La Comisión reconoce que esas decisiones pueden ser cuestionadas dentro del debate democrático, pero pide a los poderes ejecutivo y legislativo que eviten declaraciones que dañen la independencia judicial o la confianza ciudadana en la Justicia.
La asociación considera insuficiente esta advertencia y recuerda que algunos políticos han llegado a pedir públicamente sanciones contra jueces por sus resoluciones.
FJI concluye reclamando a los poderes públicos que cumplan las recomendaciones europeas. También reprocha al Gobierno haber realizado una lectura «complaciente y carente de cualquier tipo de autocrítica» del informe.
