Más de mil familias. Esa es la cifra que Son Nuestros Hijos (SNH) enarbola cada vez que se sienta frente a un partido político, y el jueves de la pasada semana la volvió a poner sobre la mesa con un mensaje directo: hay que legislar, y hay que hacerlo mirando lo que ya está ocurriendo al otro lado de las fronteras españolas.
La asociación no pide que España copie ningún modelo concreto. Pide, dice, que el debate se abra «teniendo en cuenta las diferentes realidades» que ya conviven en Europa. Y para sostener ese argumento ha elaborado un repaso país por país que merece leerse con calma, porque no todos avanzan al mismo ritmo ni con la misma intensidad.
El bloque de partida ya está permitido en Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal y Reino Unido. Pero el movimiento más interesante, según SNH, está en los países que hasta ahora se mantenían al margen.
Países Bajos, por ejemplo, sigue tramitando su ley de familias con la subrogación incluida. La asociación recuerda un dato concreto: el parlamento neerlandés rechazó en noviembre de 2025 un informe de corte prohibicionista, alegando —cita textual de SNH— que ese tipo de enfoques «no protegen a ninguna de las partes involucradas».
En Finlandia, entre enero y febrero de este año, una encuesta impulsada por asociaciones de familias sin hijos y colectivos LGTBI arrojó un resultado casi unánime entre las formaciones políticas consultadas: todas menos una —el partido de Centro, que no se ha pronunciado— respaldan regular la práctica. También la apoyan, según SNH, los propios servicios estatales de familia finlandeses.
Francia ha optado por la vía judicial antes que por la legislativa. Su Corte de Casación ha simplificado el proceso de filiación de los menores nacidos por subrogación en el extranjero, adoptando —así lo describe SNH— una fórmula que recuerda a la Instrucción Zerolo que el propio Ejecutivo socialista español retiró en abril de 2025.
La paradoja no es menor: lo que Madrid desmontó, París lo reconstruye.
En Luxemburgo el debate ya tiene rostro político. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Xavier Bettel, se ha mostrado partidario de una regulación que evite, en sus palabras, que la subrogación acabe siendo «una situación en la que solo puedan acceder a ella quienes pueden permitírselo».
Malta ha ido moviendo fichas de forma escalonada: primero, en 2025, reconoció el derecho a baja por maternidad a las mujeres que se convierten en madres por esta vía en el extranjero; después, en abril de 2026, extendió la prestación por nacimiento sin discriminación para estas familias.
Con el nuevo Parlamento constituido en junio de 2026 —mayoría absoluta socialista—, hay voces dentro del propio Gobierno reclamando ya una ley que abra la puerta a la gestación subrogada dentro del país.
Alemania vive su propio terremoto particular. La reciente paternidad por esta vía del exministro de Salud y jefe del grupo parlamentario de la CDU, Jens Spahn, ha reabierto un debate que judicatura, comité de ética y movimiento LGTBIQ+ llevaban tiempo pidiendo. Las últimas encuestas de opinión, señala SNH, arrojan ya un respaldo mayoritario a regular la práctica.
Reino Unido, donde la subrogación ya está permitida, quiere ir un paso más allá: que padres y madres sean reconocidos legalmente como tales desde el mismo nacimiento del hijo, sin el actual periodo de incertidumbre jurídica.
La propuesta llega al Parlamento británico después de que una recogida de firmas superara las 100.000 rúbricas.
En España, el trasfondo de todo este llamamiento tiene nombre propio: la Instrucción 28-A, del 28 de abril, dictada por el Ministerio de Justicia.
Según denuncia SNH, ese texto impide inscribir en el Registro Civil por filiación biológica a menores nacidos por subrogación en el extranjero, incluso cuando existe sentencia judicial que reconoce la paternidad.
A lo largo de este año, la asociación —junto a colectivos LGTBI españoles— se ha reunido con las ejecutivas de PSOE, Sumar, Partido Popular, Junts per Catalunya, PNV, Bildu y Esquerra Republicana para trasladar esta preocupación.
