Más de un millón de familias reunificó su deuda en 2026 pagando hasta un 400% más en intereses, según el VII Barómetro de Asufin. Foto: Confilegal.

Reunificar la deuda familiar alivia la presión financiera a corto plazo, pero a un precio muy elevado

3 / 08 / 2026 05:43

Un millón de familias. Es la primera vez desde 2020 que la cifra de hogares españoles que recurre a la reunificación de deuda perfora esa barrera, y lo hace en el peor momento posible: con el crédito encarecido, la inflación erosionando salarios y el Euribor de nuevo al alza.

Según el VII Barómetro de Reunificación de Deuda de Asufin, presentado el pasado jueves, ya son 1.011.000 los hogares que han optado por esta fórmula.

La cifra, por sí sola, no cuenta la historia completa. Lo relevante —y lo que la asociación de usuarios financieros subraya con insistencia— es el coste real de la operación frente al alivio que promete.

Una familia tipo que reunifica unos 120.000 euros de deuda (hipoteca, tarjetas, préstamos de coche y electrodomésticos) termina pagando 133.171 euros solo en intereses.

Sin refinanciar, esa misma deuda le habría costado 26.478 euros. La diferencia: un sobrecoste que supera el 400%.

A cambio, sí, hay respiro inmediato. La cuota mensual baja de media un 68,7%, ligeramente por debajo del 70,3% del año anterior, según el mystery shopping que Asufin realizó sobre las ocho principales operadoras del mercado.

En términos concretos, una cuota de 2.321 euros se queda en 726,99 euros de media, aunque el abanico entre entidades es amplio: Inmofinan ofrece la rebaja más generosa (611,56 euros), mientras que Préstamo Capital se sitúa en el extremo contrario (1.038,31 euros).

Las tarjetas de crédito, en máximo histórico, están presentes en el 94% de las reunificaciones. Los préstamos personales aparecen en el 78,3% de los casos, y los minicréditos en el 40,6%.

¿Cómo se consigue esa rebaja? Extendiendo el plazo —nuevas hipotecas a 20, 30 o incluso 40 años— y, cada vez más, a tipos que ya no bajan.

El interés medio aplicado a las reunificaciones ha subido del 5,28% al 5,85%, medio punto más que el año pasado, en una trayectoria que reproduce casi calco el repunte del Euribor en el mismo periodo.

Y aquí aparece el dato que más debería preocupar a cualquier regulador: la asimetría. Cuando el Euribor bajó 1,60 puntos, las entidades reunificadoras solo trasladaron 0,60 puntos de rebaja al cliente.

Cuando el índice ha subido 0,72 puntos, en cambio, han repercutido 0,57 puntos casi de inmediato. Bajadas a medias, subidas casi enteras.

El estudio detecta además un catálogo de prácticas que encarecen aún más las operaciones. El 42,1% de las reunificaciones obliga a contratar productos vinculados —típicamente seguros—.

En el 88% de los casos, los gastos de la propia operación se incorporan al capital financiado, generando intereses sobre los propios costes de formalización.

La ampliación de capital aparece en el 45,2% de las operaciones, y el 37,9% ya supera los 15 años de plazo.

Asufin consultó también a siete entidades bancarias tradicionales para comprobar su disposición a ofrecer este tipo de refinanciación.

El resultado es revelador: solo ING aceptó estudiar y ofrecer una solución. El resto de la banca declinó directamente entrar en este terreno. La propuesta de ING, pese a un TAE del 4,05%, resulta un 46% más barata en intereses totales que la media de las empresas especializadas en reunificación.

Detrás de estas cifras hay un perfil de sobreendeudamiento que se agrava.

Las tarjetas de crédito, en máximo histórico, están presentes en el 94% de las reunificaciones. Los préstamos personales aparecen en el 78,3% de los casos, y los minicréditos en el 40,6%.

El consumo cotidiano financiado, más que el gran endeudamiento hipotecario, es hoy el motor de estas operaciones.

El propio dato de satisfacción resulta ambivalente: algo más de la mitad de quienes reunificaron considera que ha ahorrado, pero prácticamente uno de cada dos reconoce que la operación le salió más cara de lo esperado.

Desde Asufin insisten en que la reunificación puede ser una herramienta legítima frente al impago inminente, pero solo si se analiza el coste total antes de firmar, no solo la cuota mensual.

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