El Gobierno y sus socios parlamentarios se quedan sin unos votos decisivos. La Ejecutiva de Junts per Catalunya acordó ayer por la noche rechazar la convalidación de los dos reales decretos-ley de vivienda que el Ejecutivo lleva este viernes al Pleno del Congreso de los Diputados, y pidió su retirada.
La decisión, adoptada por unanimidad según el propio partido, deja la convalidación en el aire. Con el no de Junts, la suma de PP, Vox y la formación de Carles Puigdemont alcanza la mayoría absoluta en la Cámara Baja, el mismo bloque que en los últimos meses ha hecho decaer otras normas de urgencia en esta materia.
Un real decreto-ley que no supera el trámite de convalidación queda derogado. Es la consecuencia prevista en el artículo 86 de la Constitución, que obliga a someter estas normas al Congreso en el plazo de treinta días desde su promulgación.
La alternativa: otro decreto
Junts no plantea solo un rechazo. Pide un texto nuevo que, en palabras de su comunicado, «comience a revertir la grave situación de la vivienda».
Cuando ese texto esté listo, el partido solicitará que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto-ley. «En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable», afirma.
La Ejecutiva no detalla en el comunicado qué contenidos debería incluir ese nuevo texto, más allá de las críticas que formula al actual.
Los argumentos
El diagnóstico de Junts es que las medidas tendrán el efecto inverso al buscado. «Muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden», sostiene, y augura una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, subidas de precios y más dificultades de acceso para quienes tienen menos capacidad económica.
Con menos oferta, añade, los inquilinos «tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas».
El partido cuestiona también la eficacia frente a los grandes tenedores. «No se paran los fondos buitre», resume, al entender que con la redacción actual estas entidades podrán seguir adquiriendo inmuebles y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables.
Sobre la protección de esos inquilinos, Junts considera que los decretos «no se resuelve adecuadamente», porque no garantizan que la Administración asuma el pago.
La crítica más dura apunta a los pequeños propietarios. Determinadas medidas, según el comunicado, «suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias».
El partido advierte de que muchas de las viviendas que salgan del alquiler para ponerse a la venta difícilmente estarán al alcance de la clase media y trabajadora, y que serán los compradores con más recursos quienes dispongan de más opciones.
La conclusión del texto es tajante: «En resumen, una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder para las familias de clase media y trabajadora».
Un patrón que se repite
No es la primera vez que la vivienda enfrenta al Gobierno con Junts en el Congreso. A finales de abril, la Cámara rechazó la convalidación del decreto ley de vivienda aprobado dos meses antes, con los votos en contra de Junts, PP y Vox. En julio, el Ejecutivo retiró el decreto de alquileres ante el rechazo de Junts y Podemos.
La posición fijada este jueves llega a pocas horas de la votación. El Gobierno no había respondido públicamente al comunicado al cierre de esta información.
