El día de Reyes llegará a los cines “Carta blanca”, película basada en la novela de Lorenzo Silva. En el Rif de 1921, un sargento arrastra a su pelotón a una razia para vengar la muerte de su hermano. En el relato, los mandos habían dado carta blanca a aquellos hombres. Podían arramblar con todo, vidas y bienes incluidos. La única condición era no hacerse notar más de la cuenta.
Dar carta blanca, en francés carte blanche, significa conceder a alguien plena libertad para actuar a su criterio en un asunto determinado, sin pedir permiso a cada paso, sin instrucciones que le fijen límites estrictos y sin tener que dar explicaciones a quién le ha dado el encargo. Quien recibe la carta gana margen. Quien la concede conserva la responsabilidad.
La palabra se impone a los hechos, tenga o no enjundia. Los medios de comunicación, apremiados por sus cuentas, acomodan a veces el enfoque a lo que sus lectores están dispuestos a leer. Y los lectores encontramos con facilidad a quien nos explique por qué el dato que nos incomoda carece de importancia.
Cada bando aspira a imponer su pensamiento único. Podemos vivir entre relatos enfrentados y coincidir en la indulgencia con los nuestros, sobre todo mientras la economía nos permita conservar cierta comodidad. Cuando escasea la talla de los personajes, todo acaba en manos de los argumentadores de coyuntura, siempre dispuestos a maquillar la realidad del día.
Cuando el Gobierno da por toda explicación su propia versión de los hechos ¿quién puede pedirle cuentas? En una democracia parlamentaria, el primer lugar para hacerlo es el Congreso.
El Parlamento pide cuentas
La Constitución prevé la prórroga presupuestaria y encomienda al Gobierno presentar las cuentas al Congreso. Durante toda la legislatura recién concluida, el Ejecutivo siguió con las de 2023 y no presentó un solo proyecto nuevo.
Lo que perdió el Parlamento fue la ocasión de examinar, enmendar y votar las prioridades de gasto del Gobierno. También la oposición tuvo instrumentos para exigir explicaciones. Le corresponde dar cuenta del uso que hizo de ellos.
El Pleno del Congreso rechazó dos decretos-leyes de vivienda. Disueltas las Cortes, el Gobierno recuperó buena parte de su contenido en otros dos textos y los llevó a la Diputación Permanente.
¿Se convocaron las elecciones porque el Gobierno había agotado su capacidad de sacar adelante sus iniciativas o para trasladar a las urnas la confrontación que ya no podía resolver en el hemiciclo?
Sea cual sea la respuesta, la campaña no suspende la Constitución. La Diputación Permanente tiene la facultad de pronunciarse sobre esos decretos. Al Gobierno le toca explicar por qué volvió a aprobar unas medidas que el Pleno acababa de rechazar.
Los jueces ponen límites
La disolución de las Cortes cambia el cauce del control parlamentario. A los jueces les toca otra tarea. La disputa sobre el censo muestra hasta dónde pueden llegar cuando las urnas están a punto de abrirse.
En el caso de la llamada ley de nietos, el Supremo aprecia indicios cada vez más consistentes de irregularidades en la formación del censo de residentes en el extranjero.
De las 163.355 personas examinadas, 901 aportaron la certificación consular que las dejó fuera de la medida. Para las otras 162.454, la Sala considera indispensable mantener suspendido el ejercicio del voto para preservar la limpieza del proceso electoral.
Los recurrentes pidieron extender la medida a cerca de 190.000 hijos de los nacionalizados cuando quedaban unas tres semanas para las elecciones. La mayoría entendió que revisar el censo a esas alturas podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso.
El voto discrepante sostuvo que aún había tiempo para hacerlo. Si la sentencia sobre el fondo llega después del 29 de noviembre, las elecciones se habrán celebrado con esas inscripciones todavía en discusión.
La independencia judicial tiene también una cara menos abstracta. La juez Biedma declaró en la Audiencia Nacional que se había sentido perseguida mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno. Los posibles seguimientos se investigan. Una juez ha de poder instruir una causa sin tener que temer por su seguridad.
Cuando la carta blanca sirve para gobernar con los Presupuestos prorrogados, arrinconar al Parlamento y señalar a los jueces, ¿qué tamaño tiene la anomalía democrática?
