El fraude digital continúa ganando terreno y los consumidores se han convertido, en demasiadas ocasiones, en la última barrera de defensa frente a operaciones cada vez más sofisticadas.
La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha reclamado una mayor implicación de bancos, operadoras de telecomunicaciones, plataformas digitales y administraciones públicas ante el crecimiento de las ciberestafas y advierte de que no puede hacerse recaer sobre el usuario toda la responsabilidad de detectar engaños diseñados mediante técnicas de ingeniería social e inteligencia artificial.
Los datos que maneja la asociación reflejan la dimensión del problema. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), las consultas ciudadanas relacionadas con ciberestafas se duplicaron durante el primer semestre de 2026 hasta rozar las 100.000. Las incidencias relacionadas con falsas inversiones y criptomonedas multiplican por siete las registradas hace cuatro años, mientras que las vinculadas al fraude bancario se han cuadruplicado.
Más controles para detectar operaciones sospechosas
ASUFIN considera insuficiente que las entidades financieras invoquen la supuesta negligencia del cliente cuando este ha sido víctima de un engaño. La asociación recuerda que las técnicas actuales permiten clonar páginas web y entornos digitales hasta hacer difícil distinguir una comunicación auténtica de otra fraudulenta.
Por ello, reclama a los bancos una mayor inversión en sistemas capaces de detectar operaciones sospechosas en tiempo real, el bloqueo temporal de movimientos especialmente anómalos, protocolos específicos para clientes vulnerables y el contacto directo mediante canales seguros cuando aparezcan indicios de fraude. También sostiene que la mera autenticación de una operación no debería convertirse automáticamente en prueba de negligencia del cliente.
La asociación extiende esa responsabilidad a telecos y plataformas digitales, a las que pide bloquear con mayor eficacia SMS, llamadas y números que suplanten a entidades, retirar inmediatamente anuncios y perfiles fraudulentos y establecer mecanismos ágiles de intercambio de información con bancos y autoridades.
A la espera de PSD3 y PSR
El horizonte está puesto en la reforma europea de los servicios de pago. El nuevo paquete PSD3/PSR pretende reforzar la respuesta frente a modalidades de fraude en las que es el propio consumidor quien autoriza el pago tras haber sido engañado.
Sin embargo, ASUFIN recuerda que la reforma todavía no es una realidad: por ahora existe un acuerdo político provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Hasta que entre en vigor, sostiene, el consumidor no puede seguir siendo quien soporte principalmente el coste económico del fraude.
