La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para solicitar una intervención urgente que permita comprobar si las autoridades españolas están ejerciendo adecuadamente sus funciones de supervisión de la seguridad ferroviaria.
La iniciativa, presentada el 11 de septiembre, está firmada por Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa jurídica de la asociación.
El escrito, al que ha tenido acceso Confilegal, denuncia la existencia de deficiencias estructurales en la red ferroviaria española y cuestiona la eficacia de los mecanismos actuales para detectar las roturas de carril antes de que provoquen un accidente.
Una rotura que, aparentemente, provocó el descarrilamiento del pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz, llevándose la vida de 46 personas.
Escrito de la asociación de víctimas en el que se estipula que la principal preocupación es que, ocho meses después de la tragedia, no se tiene constancia de que se hayan adoptado medidas suficientes para evitar que vuelva a producirse un siniestro de características similares.
Ni por parte de las empresas responsables, ni por parte del Ministerio de Transportes.
La rotura de carril en Adamuz
La denuncia incorpora diligencias de la Policía Judicial y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil relacionadas con la investigación del accidente.
Según expone la asociación, las inspecciones técnicas preliminares indican que el carril presentaba una rotura franca desde varias horas antes del siniestro.
La asociación recuerda que el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, dirigió el pasado 3 de julio una comunicación al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, instándole a adoptar medidas inmediatas para prevenir y detectar las roturas de carril.
El problema, según recoge la denuncia, es que los procedimientos actuales de inspección están diseñados para prevenir fallos, pero no permiten detectar automáticamente una rotura una vez que esta se ha producido.
La asociación advierte, además, de que en España se registran más de cien roturas de vía al año, una cifra que incorpora a su escrito para justificar la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia.
Contexto a partir del cual la asociación, representada por Benítez Ostos, solicita que la ERA examine si la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha supervisado adecuadamente el sistema de gestión de la seguridad de Adif y las medidas adoptadas para prevenir accidentes.
Si se detectaran deficiencias, reclama que la Agencia Europea formule las correspondientes recomendaciones y, cuando concurran los requisitos legales, informe a la Comisión Europea.
Sin embargo, el objetivo de esta petición no es que el organismo internacional asuma directamente las competencias ejecutivas de las autoridades españolas, sino que active sus mecanismos de supervisión y control.
Sin respuesta de ADIF ni Transportes
La asociación recuerda que el pasado 7 de julio presentó un escrito ante Adif, la AESF y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitando la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España hasta que se certificara técnicamente la seguridad del sistema.
Según señala, no ha recibido una respuesta sustantiva sobre las medidas adoptadas o las actuaciones de supervisión emprendidas.
La denuncia también incorpora advertencias del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) sobre vibraciones anómalas, deformaciones en las vías, desgaste de materiales y otras deficiencias de la infraestructura.
A ello añade carencias en los sistemas de geolocalización de los trenes, las cámaras de videovigilancia y la coordinación de los servicios autonómicos de emergencias.
Por su parte, el socio director de Administrativando Abogados, Antonio Benítez Ostos, ha expresado su «absoluta preocupación» por las condiciones de seguridad de la red ferroviaria española.
Con su denuncia ante la ERA, la asociación pretende que las instituciones europeas examinen la actuación de las autoridades nacionales y promuevan las medidas necesarias para prevenir nuevos accidentes ferroviarios.
