El TSJM confirma 4 años de suspensión de funciones a un funcionario de prisiones por ejercer como abogado  
Veinte funcionarios de prisiones luchan por la retroactividad de sus complementos retributivos tras el aumento de responsabilidad. Foto: EP

Los funcionarios de prisiones del País Vasco acuden a los tribunales por asumir más competencias, por el mismo sueldo

16 / 11 / 2026 05:43

Un colectivo de veinte funcionarios de carrera de la Administración Penitenciaria del País Vasco ha decidido acudir, de la mano de Administrativando Abogados, a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar el reconocimiento de sus derechos retributivos, tras cuestionar la decisión del Gobierno Vasco de limitar los efectos económicos de determinados complementos salariales al 1 de abril de 2025.

Los afectados consideran que esta limitación temporal les priva de percibir cantidades correspondientes a funciones que vienen desempeñando desde el 1 de octubre de 2021, fecha en la que se hizo efectivo el traspaso de las competencias penitenciarias desde la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La controversia afecta a complementos vinculados a condiciones especialmente exigentes del trabajo penitenciario, como la peligrosidad en áreas de interior, la prestación de servicios en módulos de régimen cerrado, la especial dedicación de determinados puestos y la realización de turnos nocturnos.

Los funcionarios han articulado su reclamación administrativa frente al Decreto 116/2026, de 14 de julio, que modifica la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración Pública vasca y establece la retroactividad de estas retribuciones únicamente desde abril de 2025.

La defensa jurídica del colectivo está siendo asumida por Alicia Ibáñez Fernández, letrada asociada de Administrativando Abogados, y Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de la firma, especializada en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

El traspaso de las competencias penitenciarias en 2021

Los hechos se remontan al 1 de octubre de 2021, cuando se hizo efectivo el traspaso de las funciones y servicios penitenciarios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Desde entonces, los funcionarios afectados han continuado desempeñando sus cometidos profesionales en centros penitenciarios vascos, manteniendo las responsabilidades y condiciones particulares inherentes a sus puestos de trabajo.

Entre estas funciones se encuentran la vigilancia y el control de la convivencia en áreas de interior, el desempeño de tareas en departamentos de especial peligrosidad, la realización de turnos nocturnos y el ejercicio de puestos que requieren una dedicación específica.

La representación jurídica de los trabajadores sostiene que estas circunstancias no surgieron en abril de 2025, sino que formaban parte de las condiciones efectivas de prestación del servicio desde la transferencia de las competencias penitenciarias.

Por ello, considera que la fecha elegida por el Gobierno Vasco para reconocer los efectos económicos de los complementos no refleja la realidad de las funciones desarrolladas durante los años anteriores.

La retroactividad, el foco de conflicto

Uno de los principales argumentos de la reclamación se encuentra en el régimen retributivo transitorio establecido tras el traspaso de competencias.

El acuerdo aprobado en 2021 para regular las condiciones de trabajo del personal penitenciario transferido contemplaba que, una vez aprobada la correspondiente relación de puestos de trabajo, las retribuciones se adecuarían, en su caso, con efectos retroactivos al 1 de octubre de 2021.

Posteriormente, el Decreto 315/2024, de 29 de octubre, aprobó la relación de puestos de trabajo de la Administración Penitenciaria de Euskadi y estableció, con carácter general, efectos económicos y administrativos retroactivos desde esa misma fecha para el personal transferido.

Sin embargo, la posterior regulación de determinados complementos retributivos introdujo una fecha diferente.

En concreto, el Decreto 116/2026, publicado el 28 de julio de 2026, fijó el 1 de abril de 2025 como fecha de efectos económicos de los complementos contemplados en el acuerdo sectorial sobre horarios y condiciones de trabajo específicas del personal penitenciario.

Esta diferencia constituye el núcleo de la controversia.

Los funcionarios consideran que la Administración no puede reconocer que determinadas condiciones laborales merecen una retribución específica y, al mismo tiempo, excluir del reconocimiento económico los años anteriores durante los cuales esas mismas funciones ya se venían desempeñando.

Peligrosidad, nocturnidad y especial dedicación

La reclamación afecta a distintos conceptos retributivos previstos para el personal penitenciario.

Entre ellos figura el complemento de especial peligrosidad por el trabajo en áreas de interior, establecido en 175 euros brutos mensuales, así como el correspondiente al desempeño de funciones en módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, también cuantificado en 175 euros mensuales.

Asimismo, se contempla un complemento de especial dedicación de 100 euros brutos mensuales para determinados puestos de gestores, junto con otro de nocturnidad de 250 euros brutos mensuales para el personal que realiza los turnos previstos en la regulación aplicable.

Estas cantidades no corresponden necesariamente de manera acumulativa a todos los afectados, puesto que su percepción depende de las funciones efectivamente desarrolladas y de los requisitos establecidos para cada puesto.

Letrados de Administrativando Abogados que están defendiendo a este colectivo. Foto cedida

La controversia no se centra, por tanto, en la creación de nuevos complementos, sino en determinar desde qué momento deben reconocerse económicamente las condiciones profesionales que justifican su percepción.

Según la defensa del colectivo, limitar los efectos económicos a abril de 2025 puede suponer dejar sin retribuir específicamente casi tres años y medio de prestación de servicios anteriores a esa fecha.

Los funcionarios de prisiones denuncian una diferencia de trato

El recurso de reposición formulado por los afectados cuestiona que la Administración haya establecido dos referencias temporales diferentes para regular las consecuencias económicas de la relación de puestos de trabajo.

Por una parte, la regulación de 2024 reconoció efectos retroactivos generales desde octubre de 2021 para el personal transferido.

Por otra, la modificación posterior de 2026 limitó a abril de 2025 los efectos de determinados complementos asociados a condiciones particulares de los puestos.

La representación jurídica sostiene que esta decisión carece de una justificación objetiva y razonable suficiente, en la medida en que las condiciones de peligrosidad, dedicación y nocturnidad ya existían con anterioridad.

La defensa también invoca los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Asimismo, plantea que la Administración podría haberse beneficiado de la prestación continuada de servicios en condiciones especialmente exigentes sin reconocer durante todo ese periodo la compensación económica específica que ahora contempla.

No obstante, la cuestión deberá resolverse atendiendo al alcance jurídico de los acuerdos anteriores y a la naturaleza de los complementos controvertidos, puesto que la existencia de efectos retroactivos generales en una relación de puestos de trabajo no determina necesariamente, por sí sola, la retroactividad de cualquier concepto retributivo incorporado posteriormente.

Tras formular su impugnación en vía administrativa, los veinte funcionarios han decidido continuar la defensa de sus derechos ante los tribunales interponiendo el correspondiente recurso contencioso – administrativo. 

La intención es acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para cuestionar la legalidad de la limitación temporal establecida por la Administración.

La futura impugnación que ya se está preparando se centrará en determinar si resulta jurídicamente admisible fijar el 1 de abril de 2025 como fecha de efectos económicos de los complementos discutidos o si, por el contrario, procede reconocer su aplicación desde el 1 de octubre de 2021, conforme a la interpretación que sostiene el colectivo.

La pretensión es conseguir que se revise la fecha de efectos económicos y que, en su caso, se reconozcan las diferencias retributivas que correspondan individualmente a cada funcionario.

Por el momento, no existe un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la controversia, por lo que la reclamación constituye una pretensión jurídica pendiente de resolución y no un derecho económico reconocido judicialmente.

Las condiciones reales de trabajo deben tener reflejo en las retribuciones.

Desde Administrativando Abogados, Alicia Ibáñez Fernández y Antonio Benítez Ostos consideran que el asunto plantea una cuestión relevante sobre la protección de los derechos económicos del personal funcionario y los límites de la Administración para establecer la eficacia temporal de los complementos retributivos.

La defensa sostiene que resulta esencial examinar si la fecha elegida para reconocer una determinada retribución responde a razones jurídicas objetivas o si produce una diferencia de trato injustificada respecto de quienes venían desempeñando las mismas funciones con anterioridad.

El caso también pone de manifiesto la importancia de los acuerdos alcanzados durante los procesos de transferencia de competencias entre administraciones y de las expectativas jurídicas que pueden generar entre los empleados públicos afectados.

Para los letrados, la controversia trasciende el interés económico individual de los veinte funcionarios, ya que plantea la necesidad de garantizar una aplicación coherente y suficientemente motivada de los sistemas retributivos de la función pública.

En definitiva, la futura actuación judicial pretende que se examine si la Administración vasca ha respetado los compromisos retributivos derivados del traspaso penitenciario y si existe fundamento jurídico suficiente para excluir del pago de estos complementos el periodo comprendido entre octubre de 2021 y marzo de 2025.

La cuestión que deberán resolver los tribunales es si resulta legítimo reconocer económicamente unas condiciones de peligrosidad, nocturnidad y especial dedicación solo desde 2025 cuando los funcionarios sostienen que llevan desempeñando esas mismas funciones desde 2021.

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