La Audiencia Nacional tendrá a dos magistrados controlando las garantías de dos investigaciones de la Fiscalía Europea sobre una misma línea ferroviaria: la de alta velocidad Madrid-Sevilla, tras los dos últimos accidentes en España. Santiago Pedraz se encargará de la abierta tras el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos el pasado 28 de octubre, mientras que José Luis Calama continuará supervisando la iniciada por el siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas el 18 de enero.
Ambas pesquisas tienen un denominador común: las sospechas de un posible uso fraudulento de fondos europeos destinados al mantenimiento y la modernización de la infraestructura ferroviaria.
La designación de Pedraz se ha producido por turno de reparto.
Su cometido será ejercer como juez de garantías, una figura que tiene una función específica en los procedimientos de la Fiscalía Europea.
Pedraz no dirigirá la investigación, pero controlará su legalidad
La particularidad de este procedimiento es que la investigación penal corresponde a la Fiscalía Europea y no al magistrado de la Audiencia Nacional.
Pedraz intervendrá cuando sea necesario autorizar actuaciones que afecten a derechos fundamentales o resolver determinadas controversias procesales.
Así lo establece la Ley Orgánica 9/2021, que regula la actuación de la Fiscalía Europea en España.
Entre las competencias del juez de garantías figuran autorizar entradas y registros domiciliarios, determinadas medidas de investigación, resolver impugnaciones contra decisiones de los fiscales europeos delegados y acordar medidas cautelares que requieran autorización judicial.
También puede intervenir en el aseguramiento de pruebas y en la protección de testigos.
Su función es, por tanto, garantizar que la investigación respete los derechos de las personas afectadas y los límites establecidos por la ley.
Los contratos de seguridad, señalización y comunicaciones, bajo sospecha
La Fiscalía Europea anunció el pasado 6 de noviembre la apertura de unas diligencias sobre posibles irregularidades en la financiación comunitaria de las obras de modernización de la línea Madrid-Sevilla.
El objeto de la investigación comprende los fondos destinados a mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones ferroviarias.
Se trata de instalaciones esenciales para gestionar la circulación de los trenes y garantizar las condiciones técnicas de explotación de la infraestructura.
La investigación se abrió de oficio, es decir, por iniciativa del propio organismo europeo.
Para recabar información, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazó a tres organismos públicos: Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas.
Los agentes solicitaron documentación relacionada con los contratos y con los sistemas de control de los fondos comunitarios.
La Fiscalía Europea confirmó oficialmente estas actuaciones, aunque advirtió de que, por el momento, no facilitaría más detalles sobre el contenido de las pesquisas.
La investigación se produce después del accidente de Urda, donde un tren AVE colisionó por alcance con un Iryo.
El siniestro causó 69 muertos y más de un centenar de heridos, según recoge el Real Decreto-ley 32/2026, aprobado para atender a las víctimas y sus familias.
Conviene distinguir dos cuestiones: investigar un posible fraude en la utilización de fondos europeos no equivale a demostrar que ese fraude existió ni que provocó el accidente.
Calama, al frente de las garantías del caso del accidente de Adamuz
El procedimiento supervisado por Pedraz tiene un precedente muy próximo.
El pasado 20 de marzo, la Fiscalía Europea anunció otra investigación sobre los fondos comunitarios utilizados en el mantenimiento del tramo ferroviario próximo al kilómetro 318,7, junto a Adamuz.
En ese caso, el magistrado designado como juez de garantías fue José Luis Calama, también de la Audiencia Nacional.
El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero y se saldó con 46 víctimas mortales.
Tras aquella tragedia, la Fiscalía Europea solicitó a Adif información sobre los contratos y expedientes correspondientes al tramo afectado.
Su objetivo era comprobar si los recursos económicos procedentes de la Unión Europea se habían gestionado y aplicado conforme a las condiciones establecidas.
La investigación continúa abierta.
Fuentes del organismo comunitario señalaron a finales de octubre que esperaban avances importantes en próximas fechas.
Dos investigaciones y 115 víctimas mortales
Con la incorporación de Pedraz, la Audiencia Nacional contará con dos jueces de garantías para otras tantas investigaciones europeas relacionadas con el corredor ferroviario Madrid-Sevilla.
La coincidencia es especialmente relevante: en menos de diez meses, la misma línea ha registrado dos accidentes que han causado conjuntamente 115 fallecidos.
La Fiscalía Europea deberá determinar ahora si existieron irregularidades penales en la gestión de los recursos comunitarios destinados a las distintas actuaciones de conservación y mejora.
Su competencia se circunscribe a los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos determinados supuestos de fraude, corrupción y malversación.
Las posibles responsabilidades relacionadas directamente con las causas técnicas de los accidentes deben esclarecerse en sus respectivos procedimientos.
Por ahora, la apertura de las dos investigaciones europeas confirma que el destino del dinero público invertido en la seguridad y el mantenimiento de la alta velocidad Madrid-Sevilla está sometido a un examen penal que trasciende las fronteras españolas.
