Pablo Franquet, socio de litigios de la firma Fieldfisher, analiza el anteproyecto de ley sobre acciones colectivas, al que asemeja a un Ferrari sin gasolina.
Espera que el CGPJ, que es el que tiene que dotar junto con las respectivas administraciones de los medios necesarios, cumpla el mandato imperativo del artículo 24 de la Constitución.