Las asociaciones de consumidores Asufin y CECU —miembros de la organización europea BEUC— han lanzado una seria advertencia: la propuesta de reforma del Reglamento europeo sobre los derechos de los pasajeros amenaza con desmantelar buena parte de las garantías actuales, especialmente en lo que respecta a las compensaciones por retrasos en vuelos.
Según ambas entidades, la revisión normativa supondría la anulación del 85 % de las indemnizaciones reconocidas hasta ahora.
El motivo es el nuevo umbral propuesto para acceder a compensaciones económicas: mientras que el reglamento actual establece este derecho a partir de tres horas de demora (según la distancia del trayecto), la nueva propuesta lo elevaría hasta las cinco horas. «Un retroceso inaceptable que dejaría indefensos a millones de viajeros al año», afirman en un comunicado.
Asufin y CECU han enviado sendas cartas al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en las que les instan a defender ante las instituciones europeas una regulación «firme y eficaz» que garantice los derechos de los consumidores.
Asufin y CECU: Ocho horas de espera para buscar transporte alternativo
Otra de las cuestiones que genera preocupación entre las asociaciones es la nueva obligación que impondría a los pasajeros esperar hasta ocho horas para poder reservar un transporte alternativo en caso de cancelación del vuelo. Una medida que, en la práctica, puede suponer importantes perjuicios económicos y personales.
Según los cálculos de BEUC, los pasajeros acaban asumiendo de media un coste de 770 euros por vuelos de última hora, alojamiento u otros gastos derivados, cuando las compañías incumplen su deber de asistencia y transporte alternativo.
Malas prácticas en el punto de mira
El comunicado también recuerda la reciente sanción de 179 millones de euros impuesta a cinco aerolíneas de bajo coste por el cobro del equipaje de mano y otras prácticas consideradas abusivas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Para Asufin y CECU, esta sanción pone de manifiesto una evidencia clara: «Se necesitan urgentemente normas más claras y una aplicación más estricta».
En este sentido, ambas organizaciones denuncian que las aerolíneas continúan aplicando tasas opacas, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que el equipaje de mano no puede estar sujeto a recargos adicionales.
«El 86 % de los pasajeros exige poder llevar una maleta pequeña y un objeto personal sin coste extra. Es una demanda básica de sentido común», afirman.
Intermediarios digitales, otro frente abierto
Las asociaciones no han olvidado tampoco la responsabilidad de los intermediarios digitales. Acusan a muchas plataformas de reservas en línea de «retrasar los reembolsos, ocultar comisiones y dificultar el contacto con atención al cliente», convirtiendo el proceso de reclamación en una odisea para los consumidores.
En ausencia de una regulación más severa, temen que los pasajeros sigan a merced de operadores digitales opacos y sin responsabilidad efectiva.
Frenar el retroceso en los derechos de los consumidores
Finalmente, Asufin y CECU subrayan que las negociaciones en curso están dejando de lado cuestiones clave como la aplicación efectiva de las normas, el refuerzo de la cooperación entre autoridades y la imposición de sanciones disuasorias. «Existe un fallo sistémico en el cumplimiento de las reglas vigentes. Las infracciones a nivel europeo deben activar mecanismos disuasorios reales», sostienen.
Ambas entidades hacen un llamamiento al Ejecutivo español para que aproveche este momento crítico y lidere la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos.
«España y la UE tienen una oportunidad única para frenar el retroceso en los derechos de los consumidores y garantizar una protección efectiva frente a los abusos del sector aéreo».
La Presidencia polaca de turno la UE está presionando, de hecho, para alcanzar un acuerdo antes de junio.
