El reloj corre. El miércoles 11 de junio, el Pleno del Congreso de los Diputados votará una de las reformas más esperadas —y más accidentadas— de la última década en el mundo de la abogacía española.
Y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) no ha querido llegar a esa cita sin munición.
Este viernes, el CGAE ha publicado un informe de situación exhaustivo sobre la Proposición de Ley para la pasarela al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).
Un documento que no es un resumen. Es una autopsia parlamentaria completa.
Orígenes, tramitación, contenido, contradicciones del texto y escenarios posibles tras la votación. Todo está ahí.
Dos años de presión institucional
La historia arranca en noviembre de 2024, cuando el Grupo Parlamentario Socialista registró la proposición de ley. Pero la batalla real llevaba mucho más tiempo en pie.
El CGAE acumulaba más de dos años reclamando una reforma que, según el propio informe, «permitiese el tránsito hacia el sistema de la Seguridad Social, a todos los mutualistas alternativos que lo quisiesen».
No fue un proceso cómodo. La Abogacía Española tuvo que maniobrar en múltiples frentes simultáneamente: reuniones con grupos parlamentarios, contactos con las plataformas de mutualistas afectados y —en un movimiento poco habitual para una institución corporativa española— llevar el asunto al Parlamento Europeo, «logrando que también se implicara en la búsqueda de una solución», reconoce el documento.
El informe hace una concesión significativa, poco frecuente en la retórica institucional. El trabajo de las plataformas, asociaciones y sindicatos de mutualistas, señala expresamente, «ha sido decisivo para llegar hasta este momento».
Una tramitación que estuvo parada más de un año
Los números del itinerario parlamentario hablan solos. La toma en consideración, el 6 de mayo de 2025, fue un éxito clamoroso: 311 votos a favor, ninguno en contra, solo 32 abstenciones de Vox. Casi unanimidad. Una señal inequívoca de consenso político.
Y después, silencio.
El Informe de Ponencia no se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales hasta el 7 de mayo de 2026.
Más de un año de parálisis.
El CGAE lo reconoce sin ambages: su publicación «permitió desbloquear una tramitación que permanecía paralizada desde la toma en consideración».
En los días previos, un Pleno extraordinario del CGAE había tenido que aprobar por unanimidad una declaración institucional exigiendo urgencia. La presión desde dentro del sistema para desatascar el sistema.
El último hito previo al Pleno fue el dictamen de la Comisión de Trabajo, aprobado el 26 de mayo de 2026 por 19 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones. Un margen estrecho. Revelador.
El mecanismo: qué dice exactamente el texto
El núcleo de la norma es técnico, pero sus implicaciones son mayúsculas. La pasarela permite a los mutualistas transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social los derechos económicos acumulados en su mutualidad para integrarse en el RETA.
Un trasvase de derechos. Una segunda oportunidad de cotizar dentro del sistema público.
¿Quién puede acogerse? Los profesionales colegiados que estén o hayan estado incluidos en una mutualidad alternativa.
Esta ampliación —respecto al texto original, que solo contemplaba a quienes estuvieran actualmente integrados— es uno de los avances más relevantes de la tramitación.
El plazo para solicitarlo: un año desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo, que deberá aprobarse en los tres meses siguientes a la promulgación de la ley.
Las condiciones: carecer del período mínimo para acceder a pensión de jubilación en la Seguridad Social y no ser pensionista, salvo en caso de viudedad.
El cálculo de prestaciones y pensiones se hará sobre la base mínima de cotización del RETA «actualizada según se determine reglamentariamente y ajustada mediante un coeficiente de mejora del 0,77».
Y una novedad de última hora, incorporada por el Dictamen de la Comisión y ausente en el Informe de Ponencia: la transferencia de derechos «no tendrá consecuencias fiscales a efectos del IRPF».
Hay una cláusula especialmente favorable para los de mayor edad. Los mutualistas que tuvieran 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 se benefician de una regla de equiparación: cada mes cotizado en la mutualidad alternativa computará como un mes en el RETA a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora para acceder a la jubilación ordinaria.
Una compensación por años de cotización fuera del sistema general.
La advertencia, sin embargo, es clara. La transferencia «conlleva el encuadramiento obligatorio e irreversible en el RETA».
Sin vuelta atrás.
El giro en la alternatividad
Aquí es donde el texto ha experimentado su transformación más profunda. La proposición original quería acabar con el mutualismo alternativo.
Fijaba el 1 de enero de 2027 como fecha de cierre definitivo. El Informe de Ponencia lo retrasó hasta 2028. El Dictamen de la Comisión lo tiró por la borda.
El texto definitivo mantiene el sistema de alternatividad, sometiéndolo a evaluación futura.
Los mutualistas tendrán, en todo caso, los mismos derechos que los autónomos «cuya financiación no esté estrictamente vinculada a las cotizaciones al RETA».
Pero el informe detecta aquí una fisura técnica relevante: «El texto actual contiene dos previsiones no plenamente coincidentes sobre esa evaluación (una de ellas prevé que se evaluará a 31 de diciembre de 2027 y la otra determina que será antes del 31 de diciembre de 2030), por lo que esta cuestión debería aclararse durante la tramitación parlamentaria».
Una incoherencia interna en el propio texto legislativo.
Un fleco que el Senado —si el Congreso aprueba la norma— tendrá que resolver.
Las cuotas y las prestaciones mínimas
En materia económica, la evolución ha sido progresiva. La proposición inicial elevaba del 60% al 80% el importe mínimo de las prestaciones en renta.
El Informe de Ponencia lo subió al 100% de la pensión mínima de la Seguridad Social, con revalorización anual ligada a las pensiones públicas.
El Dictamen mantiene esa línea.
Las cuotas que deberán pagar los mutualistas subirán de forma escalonada: 86% en 2026, 93% en 2027 y el 100% pleno en 2028.
La referencia es la cuota resultante de aplicar el tipo general de cotización para contingencias comunes en el RETA a la base mínima del tramo correspondiente según los rendimientos netos.
El capítulo más turbio: las enmiendas vetadas
El informe no elude la controversia. Hay un episodio que enturbia el proceso legislativo y que el CGAE documenta con precisión: el veto gubernamental a varias enmiendas transaccionales durante el debate en Comisión.
El Grupo Popular denunció en sede parlamentaria que ese veto planteaba «dudas de compatibilidad con los artículos 111 del Reglamento del Congreso y 134.6 de la Constitución».
Junts fue más lejos: anunció que presentaría «una solicitud de amparo respecto a las dos transaccionales que se inadmitieron el día 20 y de las que no hemos tenido constancia. Y ahora procederemos a registrar dichos amparos con la voluntad, asimismo, de hacerlos llegar a la Mesa del Congreso».
El CGAE constata, con calculada frialdad, que a fecha del informe «no consta que los acuerdos de inadmisión o veto hayan sido revocados, por lo que esas enmiendas transaccionales no podrán ser sometidas a votación en el Pleno».
¿Qué puede ocurrir el miércoles 11 de junio?
El Pleno del Congreso tiene una cita con la historia de la abogacía española. Y el desenlace no está escrito.
El informe del CGAE identifica dos grandes escenarios.
El primero: aprobación del texto tal como sale del Dictamen de la Comisión, sin modificar una coma. La vía más limpia, la más rápida hacia el Senado, la que más conviene a quienes impulsaron la norma en su configuración actual.
El segundo: que el Pleno modifique el texto. Muchos grupos han mantenido vivas sus enmiendas y votos particulares pese a haber sido rechazados en Comisión, algunos por márgenes amplios.
El Pleno es otro escenario, con otra correlación de fuerzas. No sería la primera vez que un texto sale de una comisión con un perfil y llega al Senado con otro.
Sobrevolando ambos escenarios está el episodio más incómodo de toda la tramitación: las enmiendas transaccionales vetadas por el Gobierno.
El PP denunció en sede parlamentaria «dudas de compatibilidad con los artículos 111 del Reglamento del Congreso y 134.6 de la Constitución».
Junts fue más lejos y anunció recursos de amparo: «procederemos a registrar dichos amparos con la voluntad, asimismo, de hacerlos llegar a la Mesa del Congreso».
El CGAE lo deja negro sobre blanco: «no consta que los acuerdos de inadmisión o veto hayan sido revocados, por lo que esas enmiendas transaccionales no podrán ser sometidas a votación en el Pleno». El veto se mantiene.
La controversia constitucional, abierta.
En cualquier caso, el texto aprobado por el Congreso será remitido al Senado. El proceso no habrá terminado. Pero el 11 de junio es el primer gran punto de no retorno.
Seis días.
