Tras tres años de negociaciones, el ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, considera que ya es hora de poner punto y final a la redacción del nuevo Estatuto Marco.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud (tanto facultativos como no facultativos).
Sin embargo, lo que el Gobierno presenta como un hito de estabilidad, el colectivo médico lo recibe como un «atropello» a su identidad profeisonal.
La apuesta de Sanidad
Desde el Ministerio de Sanidad, la narrativa es clara: modernización y derechos. El anteproyecto introduce un límite histórico a la jornada de guardia, reduciéndola de las 24 horas actuales a un máximo de 17 horas de trabajo efectivo. Esta medida, junto a la reducción de la jornada semanal a 45 horas, pretende alinear a España con la normativa europea.
En el plano de la estabilidad, el texto legal ataca la temporalidad crónica. Las plazas vacantes tendrán una duración máxima de tres años, y el sistema se obliga a convocar procesos selectivos cada dos años.
Además, se introduce la figura del personal investigador y se profesionaliza la gestión directiva mediante convocatorias públicas y transparentes, exigiendo titulación de grado y proyectos de gestión evaluables.
La fractura del consenso
Pero la técnica jurídica choca con la realidad asistencial. La Organización Médica Colegial (OMC) ha lamentado profundamente que una norma de esta trascendencia nazca sin el consenso de quienes lideran los equipos multidisciplinares.
Para la OMC, no se trata solo de horas, sino de sostenibilidad: «Sin médicos no habrá nunca un sistema sanitario seguro y de calidad».
La organización advierte que se han ignorado propuestas estratégicas fundamentales para el ejercicio profesional, confiando ahora en que el trámite parlamentario corrija estas «omisiones».
El «grito» sindical: CESM y la amenaza de huelga
Donde la OMC muestra pesar, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) muestra beligerancia. El sindicato califica de «irresponsable» la aprobación del texto, denunciando dos puntos de fricción insalvables.
Primero, la clasificación profesional. CESM rechaza que médicos con 11 años de formación sean equiparados en grupos de clasificación con categorías de menor responsabilidad asistencial. Segundo, la interlocución propia: el colectivo exige negociar sus condiciones directamente y no a través de sindicatos de clase donde su voz es «testimonial».
El conflicto se agrava con la denuncia de las «agendas disparatadas» permitidas bajo el paraguas de las «necesidades del servicio», que según el sindicato, derivan en jornadas de hasta 90 horas semanales.
Como respuesta, el sector ya ha anunciado que seguirán con su ofensiva de ir una semana de huelga (del 15 al 19 de junio), advirtiendo de una «descapitalización» de profesionales hacia otros países si no se mejoran las condiciones laborales.
Un futuro en las Cortes
El anteproyecto inicia ahora su fase de audiencia e información pública. Mientras el Ministerio defiende un marco común que las comunidades autónomas deberán desarrollar, los profesionales advierten que la norma, tal como está redactada, mantiene el conflicto abierto.
El debate jurídico en las Cortes no solo decidirá el futuro del personal estatutario, sino la paz social de un sistema sanitario que se asoma al abismo del descontento profesional.
