La Comisión Europea comenzará a aplicar este domingo, 2 de agosto, las primeras obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), una norma que obligará a identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como deepfakes, y exigirá que los chatbots y otros sistemas informen a los usuarios de que están interactuando con una inteligencia artificial.
La entrada en vigor de estas medidas marca además el inicio de las competencias de supervisión de Bruselas sobre los modelos de inteligencia artificial de propósito general, que podrán ser objeto de controles, requerimientos de información e incluso restricciones si incumplen la normativa.
En la práctica, las herramientas capaces de generar imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar mecanismos que permitan reconocer esos contenidos.
Asimismo, cuando estas producciones se utilicen con fines profesionales, deberá indicarse de forma clara que han sido creadas o alteradas mediante inteligencia artificial.
Los asistentes conversacionales, por su parte, estarán obligados a advertir expresamente a los usuarios de que están interactuando con una máquina y no con una persona.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido la aplicación de la norma al señalar que la inteligencia artificial «es una tecnología transformadora que puede aportar beneficios extraordinarios a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas», aunque también ha advertido de que «puede causar perjuicios si no se diseña y utiliza adecuadamente» y de que los modelos más avanzados plantean «riesgos de una magnitud completamente nueva».
Bruselas asume nuevas funciones de supervisión de IA
Con la entrada en vigor de estas obligaciones, la Oficina Europea de IA podrá supervisar los denominados modelos de inteligencia artificial de propósito general, es decir, aquellos capaces de realizar múltiples tareas y que sirven de base para una amplia gama de herramientas y servicios.
Entre sus competencias figuran la posibilidad de requerir información a las empresas responsables de estos modelos, acceder a ellos para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad cuando detecte incumplimientos.
La supervisión se ejercerá de forma compartida con las autoridades nacionales.
La Comisión Europea controlará a los proveedores de modelos de propósito general y los sistemas cuya competencia le corresponda, mientras que los Estados miembros vigilarán el resto de herramientas desplegadas en sus respectivos territorios.
Por su parte, el Supervisor Europeo de Protección de Datos supervisará los sistemas utilizados por las instituciones, organismos y agencias de la Unión Europea.
Como apoyo a este sistema, Bruselas ha constituido un panel científico formado por 60 expertos independientes, ha designado un asesor científico jefe y ha habilitado distintos canales para comunicar posibles incumplimientos, entre ellos un mecanismo de denuncias abierto a ciudadanos y empresas y otro específico para desarrolladores de aplicaciones basadas en modelos de terceros.
Aplicación progresiva hasta 2028
La aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial continuará de forma escalonada.
El siguiente hito llegará el 2 de diciembre de 2026, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el paquete AI Omnibus, destinadas a impedir el uso de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil.
Ese mismo día finalizará también el periodo transitorio concedido a determinados modelos de IA ya comercializados para adaptarse a la obligación de incorporar mecanismos que permitan identificar los contenidos generados mediante esta tecnología.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 2027, comenzarán a aplicarse las normas específicas para los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, como los utilizados en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo.
La implantación completa de la norma culminará el 2 de agosto de 2028, fecha en la que entrarán en vigor las disposiciones aplicables a los sistemas de inteligencia artificial integrados en productos regulados por otra legislación europea, como determinados dispositivos médicos o vehículos.
