Una inteligencia artificial que ofrece una respuesta rápida, bien redactada y aparentemente convincente no basta para fundamentar una decisión jurídica. Hay riesgos que se deben valorar en detalle antes de usar una IA para abogados capaz de analizar jurisprudencia. Y es que cuando el agente menciona una sentencia, el profesional jurídico necesita algo más que coherencia: debe tener la certeza de que la resolución existe, que la IA no se la ha inventado (que no ha “alucinado”) y, además, que conecta con el asunto concreto sobre el que está analizando.
La cuestión clave para el trabajo tanto de los despachos de abogados, las asesorías de empresa y las administraciones públicas, no es cuánto tarda la herramienta en responder, sino si permite verificar aquello que afirma.
La fiabilidad de un fondo jurídico es un valor en sí mismo cuando se trata de una IA para los profesionales del derecho. La actividad de los juristas se rige por el conocimiento, la experiencia y el pensamiento estratégico, pero si se apoya en herramientas tecnológicas sólidas y actualizadas, el asesoramiento mejora.
El uso de una IA jurídica como Aranzadi Allegra, que combina los modelos LLM más avanzados del mercado con algoritmos propios y que, adicionalmente, aporta un análisis enriquecido del fondo jurídico de Aranzadi LA LEY, da más seguridad: cada conclusión señala las fuentes legales y documentales que la sustentan, con total transparencia.
¿Cómo verificar la fiabilidad de las referencias legales de una IA?
El primer filtro es sencillo: la referencia que arroja el agente se debe poder localizar y comprobar. Una IA legal debe hacer visibles y contrastables los textos que respaldan sus respuestas. Si menciona jurisprudencia, el profesional jurídico debe poder acudir a la resolución referenciada, leerla y examinarla, en lugar de conformarse con la explicación generada. Si una cita de la inteligencia artificial no permite llegar a su fuente, no ofrece la transparencia necesaria para apoyar una decisión con implicaciones legales.
¿Por qué es tan importante este paso? Porque permite separar la referencia verificable de la mera apariencia de autoridad. Antes de incorporar una cita a un escrito, conviene localizar y acceder a la fuente para detectar posibles “alucinaciones”, es decir, invenciones por parte del agente de IA sobre jurisprudencia, o errores como citar legislación de otros países.
El uso de una base de datos jurídica amplia y de calidad contribuye a evitar estos problemas, pero la comprobación sigue siendo necesaria. Si la plataforma no permite verificar la fuente, el experto en derecho no contará con respaldo suficiente para basar su asesoramiento en esa respuesta, por mucho que parezca real y fidedigna.
Otro aspecto clave es la capacidad analítica de la IA jurídica: la mera existencia de una sentencia no resuelve por sí sola su utilidad para el asunto sobre el que se está trabajando. La especialización jurídica debe reflejarse en respuestas del agente que conecten el caso concreto con los antecedentes del fondo jurídico.
Para establecer esa conexión, el agente debe estar dotado de capacidades reforzadas de análisis legal. Su utilidad para el profesional reside en explicar qué aporta la resolución al conflicto planteado y cómo su contenido respalda el argumento que propone la IA.
Para comprobarlo, se debe verificar que el análisis generado vincula de manera correcta el contenido de la fuente y la documentación del expediente. No basta con recibir un resumen: interesa distinguir los elementos que fundamentan la conclusión y comprobar que responden a la consulta. Una herramienta útil debe facilitar ese trabajo, reforzar argumentos con referencias sólidas e identificar incoherencias o puntos discutibles.
La jurisprudencia debe servir al análisis del caso, no funcionar solo para dar apariencia de solvencia al escrito. La idea es que sea un asistente que aporte soluciones y enriquezca el trabajo, no que lo entorpezca con lagunas, vacíos o inconsistencias.
La actualización también influye en la calidad de la fuente
Al valorar una IA para abogados, resulta indispensable examinar la base de datos de legislación, jurisprudencia y doctrina de la que se nutre. Un fondo amplio no basta si el profesional no puede confiar en su enriquecimiento continuo con novedades jurídicas. La actualización debe formar parte de los criterios de elección, junto con la fiabilidad y la posibilidad de contrastar las referencias.
La cuestión de base no es únicamente si la resolución citada es auténtica, sino si el análisis incorpora información actual para el problema planteado, sobre todo en un escenario marcado por continuos cambios normativos y modificaciones legales.
El profesional jurídico debe tener además la posibilidad de enriquecer su IA legal con contratos, escritos, sentencias propias, documentación de valor, expedientes relevantes… Esta documentación añade contexto al análisis y permite al agente de inteligencia artificial adaptarse mejor al estilo del abogado y al tipo de conflictos que ha llevado, sintetizando los resultados y mejorando su conocimiento con estas fuentes personales.
Por otra parte, la integración debe acompañarse de las medidas necesarias de protección de la información, que tiene que estar securizada al 100%, con datos encriptados y garantías de confidencialidad, de manera que los datos aportados no se utilicen para entrenar el modelo de base.
Por último, la interacción entre el usuario y la IA legal debe ser natural y fluida, con una interfaz de fácil uso, intuitiva y con una experiencia positiva para el profesional, tanto si se trata de un despacho de abogados como de una asesoría jurídica de empresa o de profesionales de las administraciones públicas.
En definitiva, no todos los agentes de IA para abogados son iguales, por lo que se puede afirmar que hay cinco criterios de selección básicos: especialización jurídica desde el diseño; fuentes fiables, actualizadas y trazables; integración de documentos propios; análisis orientados a riesgos y estrategia; y facilidad de uso.
Una herramienta como Aranzadi Allegra facilita las respuestas sobre la base de un análisis legal exhaustivo, transparente y conectado con el conflicto, con propuestas que añaden valor al criterio del profesional. Su aportación consiste en agilizar la investigación, detectar patrones, proponer escritos y apoyar la estrategia. De ahí que la elección de una plataforma de IA jurídica especializada y fiable sea tan importante: solo si complementa el juicio profesional, aportará valor.
