La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que ha venido perteneciendo la fiscal general del Estado, Teresa Peramato (su afiliación ha quedado en suspenso mientras ocupe ese cargo) ha roto su silencio.
Y lo ha hecho con contundencia.
En un comunicado emitido tras la tormenta desatada por la propuesta de nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid, frente a Almudena Lastra, que ha venido ocupando ese puesto durante un mandato, la asociación ha salido en defensa de la fiscal general del Estado y de los criterios seguidos por sus dos consejeros electos en el Consejo Fiscal.
La polémica venía de lejos. Almudena Lastra, a quien Martín López sustituiría, es la fiscal que preguntó directamente al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si había filtrado los datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
«La deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del Ministerio Fiscal, sino que la comprometen», advierte la UPF con una claridad poco habitual en los comunicados institucionales del mundo judicial.
Una acusación de fondo: el relato previo y cerrado
Lo que más preocupa a los fiscales progresistas no es tanto la discrepancia concreta sobre este nombramiento. Es algo más estructural. Y más inquietante.
La asociación denuncia la consolidación de un marco interpretativo en el que cualquier decisión que no encaje en una determinada expectativa se presenta automáticamente como ilegítima. «Se configura así un relato previo, cerrado, que convierte en sospechosa cualquier resolución que no coincida con él», señala el texto.
Es, en esencia, una acusación de captura del relato.
Los procesos de provisión de plazas en el Ministerio Fiscal, recuerda la UPF, se rigen por los principios de mérito y capacidad. No son arbitrarios. No son purgas. Describir cualquier nombramiento en esos términos —sin más argumentación— «no solo carece de fundamento, sino que afecta directamente al prestigio de la institución y a la consideración profesional de quienes la integran».
El debate de fondo: ¿manda el escalafón o manda el perfil?
Hay una cuestión técnica que late bajo toda esta controversia. Y la UPF la nombra sin rodeos.
La antigüedad en el escalafón, argumento recurrente en los cuestionamientos a estos nombramientos, es «un elemento a considerar», pero no puede convertirse en el único criterio determinante.
Hacerlo así equivaldría a vaciar de contenido los principios de mérito y capacidad. La decisión, subraya la asociación, no consiste en identificar quién tiene méritos —todos los candidatos los tienen— sino en determinar qué perfil resulta más idóneo para unas funciones concretas.
El matiz es relevante. Y habitualmente se pierde en el fragor del debate público.
Sobre el otro flanco del ataque —el cuestionamiento de las trayectorias desarrolladas en órganos centrales de la Fiscalía—, la UPF es igualmente directa.
Históricamente, ese tipo de desempeño ha sido considerado un activo de valor, precisamente por la visión global de la institución que proporciona.
«Negar ahora ese valor», concluye la asociación, «difícilmente resistiría el contraste con la propia evolución de la carrera en distintos momentos y bajo fiscales generales de sensibilidades diversas».
La advertencia final
La UPF cierra su comunicado con lo que probablemente sea su mensaje más incómodo: que este tipo de planteamientos se ve reforzado, en ocasiones, por voces de la propia carrera.
Fiscales que, siendo conscientes de que el relato «no se ajusta a los hechos ni al modo en que tradicionalmente se han venido adoptando estas decisiones», lo sostienen igualmente.
Es una acusación implícita de mala fe corporativa.
Y eso, en el austero lenguaje del mundo fiscal, es casi una declaración de guerra.
