El debate del Foro Confilegal “30 años de la Ley de Asistencia Gratuita”, celebrado ayer por la tarde en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con la participación de tres portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados —Francisco Aranda (PSOE), María Jesús Moro (PP) y Juan José Aizcorbe (VOX)— dejó un diagnóstico rotundo: la futura Ley de Justicia Pública Gratuita no puede limitarse a retoques técnicos sobre baremos o procedimientos de reconocimiento del derecho.
Tiene que abordar, de frente, la cuestión del modelo. El propio Aizcorbe lo nombró sin ambages: «El modelo es el elefante en la habitación».
La anomalía estructural: un servicio público sostenido por profesionales privados
Moderado por el director de Confilegal, Carlos Berbell, el punto de partida que cruzó toda la mesa es la paradoja constitutiva del sistema español: el artículo 119 de la Constitución Española garantiza el acceso a la justicia gratuita como expresión del Estado social y democrático de derecho.
Pero su prestación recae sobre abogados y procuradores que ejercen en régimen de profesión liberal. Aranda lo formuló con precisión quirúrgica: «La justicia gratuita es un servicio público, pero lo hacen profesionales privados. Es una dualidad que hemos de saber gestionar».
Treinta años después de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, la evidencia de que necesita una actualización a fondo quedó patente.
Lo que el Foro evidenció es que esa tensión puede haber llegado a un punto de ruptura.
Representantes de la Plataforma Nacional de Turno de Oficio presentes entre el público denunciaron la brecha entre el discurso político —Ley de Derecho de Defensa, Ley de Eficiencia, reales decretos de baremos— y la realidad cotidiana: «Están ustedes a años luz de la realidad del abogado del turno de oficio», espetó uno de sus portavoces a los diputados.
Las tres patas del modelo a tocar
Del debate emergieron tres vértices del problema que cualquier reforma de calado tendría que articular:
1. La retribución. Todos los intervinientes reconocieron que los baremos actuales no compensan el trabajo real.
«El pago por esa función pública que están realizando los letrados y procuradores no está bien pagado. En absoluto», afirmó Aizcorbe.
María Jesús Moro señaló que el Estado central ha sido el último en actualizar los baremos pese a que la Ley 1/2025 había incrementado las actuaciones, trasladando el coste a Comunidades Autónomas que han tenido que provisionar.
Y hay una exigencia que los letrados de oficio llevan años reclamando y que ningún texto legislativo ha recogido todavía: el pago universal e independiente del resultado del expediente.
«El médico va a cobrar por el trabajo que realiza. ¿Por qué no el abogado que atiende a ese señor?», planteó un letrado desde el público. «El Estado tiene mecanismos a su alcance para perseguir a quien utilizó el sistema sin tener derecho; eso no puede ser problema del abogado».
2. La cotización a la Seguridad Social. Fue la propuesta más concreta del debate. David Rocamora, decano del Colegio de Abogados de Tarragona, desde el público, la articuló con detalle: «Si un letrado del turno de oficio percibe al año 10.000 euros, esa cantidad dividida por el salario mínimo interprofesional arrojaría una cotización mensual equivalente. Al cabo de 30 años de ejercicio, podría acumular 15, 16 o 17 años cotizados, compatible con lo que aportan las mutuas».
El modelo, argumentó, ya existe para otros colectivos: artistas, becarios, deportistas. Una letrada de turno de oficio cerró el foro exigiendo que la futura ley «contenga los derechos laborales de los profesionales que la hacemos posible —cotizaciones, retribuciones, bajas por enfermedad— sin que eso limite en ningún momento nuestra libertad como profesionales».
Tanto Moro como Aranda mostraron apertura a la idea, aunque ambos advirtieron del riesgo de mezclarla con el debate sobre la pasarela al RETA —que sigue enquistado en ponencia parlamentaria—, bloqueando avances en todos los frentes.
3. El modelo de organización: ¿laboralización o ejercicio liberal? En este punto, el debate mostró su mayor tensión.
Aizcorbe, veterano abogado de profesión, fue el más categórico en rechazar la equiparación del abogado de oficio a un empleado público especial porque, argumentó, destruye «las tres columnas esenciales del turno de oficio: la independencia del profesional, la responsabilidad individual y el ejercicio libre».
Aranda compartió esa reserva. Pero la Plataforma Nacional rebatió directamente ese argumento: «Un médico también tiene esa libertad y criterio, y trabaja para el SERGAS. Hay que cambiar esa concepción y actualizarla a la sociedad actual».
La pregunta que los parlamentarios dejaron sin respuesta expresa es si el modelo vigente es sostenible o si se ha convertido en una ficción que perpetúa la precariedad estructural de quienes lo sostienen.
El problema transversal: la dispersión normativa y territorial
Moro puso sobre la mesa otra dimensión que la ley tendría que resolver: la acumulación de normas sectoriales —penales, de violencia de género, de extranjería, de menores— que han ido incorporando el derecho a justicia gratuita al margen del umbral de ingresos.
«Se ha deformado absolutamente el modelo», advirtió. «Al deformar el modelo, realmente estás perjudicando a quienes verdaderamente lo necesitan. La gestión se hace mucho más complicada, mucho más lenta».
El año 2024 cerró con más de un millón de personas atendidas por el sistema de justicia gratuita. Sin una racionalización de los supuestos subjetivos y objetivos, cualquier mejora retributiva resultará inasumible presupuestariamente.
A eso se suma la fragmentación territorial. Aizcorbe fue explícito: «No puede ser que en unas comunidades se pague de una forma y en otras de otra. Hay que centralizar de nuevo este servicio, que sea un servicio global del Estado», aunque insistió en que esa centralización de condiciones debe preservar los tres pilares del ejercicio liberal.
El diputado de VOX, puso el foco en la sostenibilidad y homogeneidad del sistema, especialmente en ámbitos como el turno de oficio en materia de inmigración, cuyo coste calificó de “muy elevado”.
En su intervención, defendió la necesidad de establecer mecanismos que permitan clarificar las retribuciones de los letrados y apostó por configurar este servicio como “un servicio global del Estado”, garantizando en todo caso la independencia profesional, la responsabilidad individual y el ejercicio libre, además de corregir las diferencias existentes entre comunidades autónomas.
Lo que el debate reveló sobre el proceso legislativo
Un dato político de fondo condicionó todo lo anterior: ninguno de los tres portavoces conocía el texto del proyecto en el momento del Foro.
El proceso de consulta pública llevado a cabo en 2024 se realizó sobre lo que Moro calificó como «el secreto mejor guardado»: las Comunidades Autónomas presentaron alegaciones en el vacío, los grupos de trabajo convocados por el Ministerio no recibieron el borrador, y las preguntas parlamentarias sobre el contenido de la norma quedaron sin respuesta. «¿Cómo vamos a debatir sobre un texto que no conocemos?», preguntó Moro.
Esa opacidad alimenta la sospecha, apuntada también por la diputada popular, de que lo que se anuncia como «nueva ley» puede acabar siendo, como ocurrió con otras, una modificación puntual que no toque el modelo.
«Si solo vamos a hacer una modificación porque no es fácil, dígase. Una modificación de aquellos aspectos concretos. Pero no se presente como una nueva ley si no lo es», subrayó.
La pregunta que quedó en el aire
La última intervención del foro la realizó una letrada de turno de oficio que pidió un compromiso concreto a los grupos parlamentarios todavía presentes: que ninguna ley de justicia gratuita salga del Congreso sin recoger los derechos laborales de quienes la hacen posible.
