Madrid, Complejo Policial de Canillas. Allí, lejos de los focos pero no de la trastienda donde de verdad se libra la batalla, la Policía Nacional y el Consejo General del Notariado (CGN) celebraron este martes la I Jornada Consejo General del Notariado–Policía Nacional: Interacción en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Un título largo, casi burocrático, para una idea sencilla y de fondo bastante incómoda para quien delinque: que dos instituciones que durante mucho tiempo se miraron de reojo han decidido coordinarse de manera estable frente al blanqueo, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y todo ese caudal turbio que la jerga llama criminalidad económica organizada.
La inauguración corrió a cargo de Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del CGN y decana del Colegio Notarial de Madrid, y de Luis Fernando Pascual Grasa, comisario general de Policía Judicial.
Dos firmas, dos mundos. El de la fe pública, que da forma legal a las operaciones; y el de la investigación, que después tiene que rastrear adónde fue a parar el dinero.
¿El argumento central? Que el notario no es un mero fedatario que estampa su firma y mira hacia otro lado.
Está en la primera línea. Ve la operación cuando todavía es papel mojado, antes de que el rastro se enfríe. Y eso, en la lucha antiblanqueo, vale oro.
El OCP, la pieza silenciosa
Si hubo un nombre que se repitió, fue el del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP).
Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, y Pedro Galindo, director del organismo, explicaron por qué este engranaje, creado en 2005, se ha convertido en la columna vertebral de la cooperación entre notarios y autoridades judiciales y policiales.
Las cifras hablan solas, y conviene leerlas despacio. Desde su nacimiento hasta finales de 2025 —20 años de trabajo callado— el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido cerca de 200.000 solicitudes de documentación.
No es un detalle anecdótico: es el volumen de un canal que funciona, que se consulta y del que la investigación criminal tira a diario.
Cuando la teoría se vuelve nombre y apellido
Lo más jugoso de la mañana, como suele ocurrir, no estuvo en las cifras sino en los casos. Responsables de ambas instituciones desgranaron actuaciones concretas en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron decisivos: operaciones sospechosas detectadas a tiempo, entramados societarios complejos identificados y desenredados, activos y bienes recuperados, investigaciones de blanqueo y financiación del terrorismo que avanzaron precisamente porque alguien, en una notaría, había dejado constancia de lo que parecía rutinario y no lo era.
Hubo coincidencia, y no de las protocolarias. Los participantes subrayaron que esta colaboración se ha convertido en una herramienta estratégica para blindar la integridad del sistema económico y financiero, reforzar la seguridad jurídica y, en última instancia, sostener la confianza del ciudadano.
La conclusión, repetida con distintas palabras: hay que seguir engrasando los canales de intercambio y profundizar en la cooperación operativa, porque el delito económico es hoy más sofisticado, más digital y más transnacional que nunca. La jornada se cerró con una mesa redonda dedicada a compartir experiencias y a otear los retos que vienen.
En la clausura, Manuel Seda, vicepresidente del CGN y decano del Colegio Notarial de Andalucía, y Fernando Alonso, jefe de la UCDEF, recordaron algo que no es menor: que el papel de ambas instituciones en esta materia ha merecido el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales de primer nivel —el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el SEPBLAC y el propio Consejo de la Unión Europea—.
Un aval que, en un terreno donde la reputación lo es casi todo, pesa más que cualquier declaración de intenciones.
