La bandera española que ondea en Ceuta compromete a toda la nación. Bajo ella viven ciudadanos cuya seguridad y porvenir nos conciernen tanto como los de Madrid, Sevilla o Zamora.
La ciudad que permaneció fiel a España merece la certeza de que España sabrá permanecer a su lado. Después de la crisis de este verano, esa lealtad exige anticiparse: debemos estar preparados para impedir que una presión exterior condicione el futuro de una parte de nuestra patria.
Los acontecimientos del 30 y 31 de julio han puesto a prueba mucho más que una frontera. El Gobierno reconoció una presión inédita sobre los servicios públicos y declaró el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional.
El Parlamento Europeo, en su resolución de 17 de septiembre, ha condenado la instrumentalización migratoria y reafirmado la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Recuperar la normalidad exige ahora pensar qué sucederá después y asegurar que la próxima crisis encuentre a España preparada.
Conviene recordar de qué ciudad hablamos. En 1640, cuando Portugal se separó de la Monarquía Hispánica, Ceuta permaneció fiel a Felipe IV. El Tratado de Lisboa de 1668 reconoció su pertenencia a la Corona española.
Esa continuidad desemboca hoy en una ciudadanía plena, cuyo Estatuto proclama que Ceuta es parte integrante de la Nación española.
Allí conviven cristianos, musulmanes, judíos e hindúes bajo una misma ley. Su pluralidad expresa una forma cotidiana de pertenecer a España. Defender esa convivencia forma parte de la defensa nacional.
La Constitución encomienda al Gobierno la defensa del Estado. Esa responsabilidad alcanza a Ceuta con la misma intensidad que a cualquier otro territorio español.
El Ejecutivo puede elegir entre medios legítimos y proporcionados y debe responder por su preparación y eficacia. La Constitución no admite descuentos por distancia.
La posición ceutí en el Estrecho obliga, además, a pensar en la seguridad de las comunicaciones entre el Atlántico y el Mediterráneo. Lo que allí preservamos concierne al conjunto de España.
El futuro deseable es una cooperación estable con Marruecos, asentada en la reciprocidad y el respeto territorial.
Pero normalizar las relaciones exige corregir las dependencias que pueden convertir cualquier desacuerdo en una emergencia ceutí. La resolución europea propone condicionar ventajas comerciales y financiación a compromisos efectivos de cooperación fronteriza y readmisión.
España debe promover esa exigencia en las instituciones competentes. La buena vecindad será más sólida cuando la retirada de colaboración deje de ofrecer a cualquiera de las partes una ventaja política sobre la otra.
Desgaste prolongado
Debemos prepararnos también para un desgaste prolongado: presiones fronterizas intermitentes, obstáculos al comercio o campañas de desinformación que mantengan a Ceuta en incertidumbre.
En ese escenario, el peligro consistiría en acostumbrarnos a una ciudad cuya tranquilidad dependiese de decisiones ajenas. Hemos defendido por ello una suficiencia soberana muy concreta: disponer de capacidad propia para sostener Ceuta cuando falle la cooperación exterior. Vigilancia anticipada, reservas y suministros alternativos deben asegurar que la ciudad continúe funcionando. Cada dependencia crítica resuelta reduce la utilidad de presionarnos.
Otro riesgo sería que las crisis alimentaran una campaña para presentar la españolidad de Ceuta como asunto pendiente de negociación. La respuesta exigiría una diplomacia perseverante, capaz de explicar nuestra posición y deshacer equívocos antes de que arraiguen.
La repetición de una reivindicación no crea por sí misma un título jurídico. España debe rechazar que se pretenda cobrar la cooperación fronteriza con concesiones de soberanía. Nuestros compatriotas ceutíes tienen derecho a saber que su pertenencia a España jamás será tratada como el precio de una tranquilidad provisional.
La hipótesis más grave sería una escalada que afectase a infraestructuras esenciales o derivase en una agresión armada. Contemplarla obliga a preparar la defensa, sin anunciarla como inevitable. Existe una soberanía de la primera hora: Ceuta necesita preservar el control del territorio mientras llegan los refuerzos.
Eso exige revisar las capacidades militares presentes, las reservas y las rutas de apoyo desde la Península. El objetivo es impedir que unas horas de sorpresa creen una situación que cueste años revertir. La disuasión protege la paz cuando hace visible que una acción hostil carecerá de ventaja.
Estos escenarios requieren inteligencia y pruebas. Debemos esclarecer lo sucedido en julio sin atribuir responsabilidades que no estén acreditadas ni eludirlas por conveniencia diplomática. También exige rigor distinguir a quien instrumentaliza de la persona utilizada.
Una afluencia de migrantes desarmados no constituye por sí sola una agresión armada. España ha de controlar sus accesos, proteger a los menores y ejecutar los retornos que procedan legalmente, garantizando el acceso al asilo. La defensa de la patria compromete también a preservar el Derecho que ampara nuestra libertad.
El papel de Europa
Europa debe asumir con recursos estables la protección de su frontera exterior. Corresponde asimismo a España promover una clarificación expresa de la garantía atlántica sobre Ceuta y Melilla, cuya cobertura territorial plantea dudas por la redacción del artículo 6 del Tratado.
Su artículo 4 permite consultas ante amenazas a la seguridad o la integridad territorial. Los compromisos aliados necesitan planes de refuerzo y ejercicios que acrediten su eficacia. La solidaridad exterior empieza a ser creíble cuando se apoya en una voluntad nacional inequívoca de defensa.
España debe construir, además, el escenario que desea. Una Ceuta próspera, cohesionada y bien comunicada será más difícil de desestabilizar. Su posición en el Estrecho permite impulsar formación e investigación en salud marítima, ingeniería del agua y seguridad portuaria.
Con equipos estables y financiación sostenida, esas especializaciones podrían atraer profesionales y abrir oportunidades a sus jóvenes. También se defiende Ceuta haciendo que quedarse sea una elección esperanzada.
La inversión que permite proyectar allí una vida constituye una afirmación de permanencia tan comprensible como cualquier declaración diplomática.
Es inaplazable un pacto de Estado que comprometa presupuestos y actuaciones durante varias legislaturas, con participación ceutí y evaluación pública. Debe integrar defensa y servicios esenciales y preparar respuestas para cada escenario, con responsables y plazos.
La patria exige esa continuidad, incluso cuando cambian los gobiernos. Quienes viven en una frontera tienen derecho a que su protección quede a salvo del cálculo partidista. La lealtad a España se acredita también en la capacidad de sus dirigentes para trabajar juntos cuando está en juego un interés permanente.
El futuro de Ceuta dependerá, en buena medida, de lo que hagamos antes de la próxima prueba. Una nación que conoce su historia y cree en su porvenir debe ofrecer certezas a quienes sostienen su presencia en el Estrecho.
Bajo nuestra bandera hay familias y jóvenes que merecen sentir a España cerca, en la seguridad de sus calles y en las oportunidades de su mañana. Ceuta lleva siglos estando en España. A España le corresponde estar en Ceuta, a tiempo y todos los días.
