El abogado Eugenio Ribón propone una estrategia de “suficiencia soberana” que refuerza la seguridad, la capacidad de respuesta civil, el respaldo europeo, la defensa, la diplomacia y la inversión estructural para que Ceuta no dependa de decisiones externas.
Ceuta debe pasar de la reacción puntual ante las crisis fronterizas a una política de Estado permanente. Esa es la principal conclusión del informe Españolidad de Ceuta. Geopolítica y escenarios futuros, elaborado por el abogado Eugenio Ribón para la Asociación Atenea, que plantea 10 líneas de actuación para incrementar la seguridad, la resiliencia institucional y la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad autónoma.
El documento articula sus propuestas bajo el concepto de “suficiencia soberana”: España debe mantener y reforzar la cooperación con Marruecos en ámbitos como la lucha antiterrorista, la movilidad, el comercio o la seguridad del Estrecho.
Pero sin que el funcionamiento de Ceuta quede condicionado por esa colaboración. La ciudad, sostiene Ribón, debe poder mantenerse gobernada, abastecida, comunicada y protegida aun cuando esa cooperación se reduzca o desaparezca.
Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, fue uno de los alumnos de los cursos de defensa nacional que cada año organiza el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Un sistema permanente de prevención
La primera medida es crear un expediente nacional de atribución de eventuales presiones híbridas. Ribón plantea que el Departamento de Seguridad Nacional coordine información de inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Fuerzas Armadas y servicios diplomáticos para reconstruir movimientos, despliegues, campañas digitales, redes logísticas y financieras, comunicaciones bilaterales y evolución de retornos.
El informe reclama diferenciar entre hechos comprobados, estimaciones, indicios, inferencias y atribución jurídica de responsabilidad estatal.
La finalidad sería evitar dos extremos: la exoneración anticipada de cualquier actor exterior por razones diplomáticas y la atribución de responsabilidades sin evidencia suficiente.
La segunda propuesta consiste en aprobar un Plan Permanente de Suficiencia Soberana. Este debería incluir el refuerzo estable de Guardia Civil y Policía Nacional, vigilancia terrestre, marítima y aérea integrada, sensores, análisis de imágenes, comunicaciones seguras y capacidad portuaria.
Para Ribón, la frontera no se protege exclusivamente en la línea física, sino garantizando que la ciudad conserve sus servicios públicos, su abastecimiento y su capacidad institucional bajo presión.
Una tercera medida busca asegurar reservas y redundancias en los servicios críticos. El informe destaca la necesidad de reforzar recursos logísticos y sanitarios, garantizar agua, energía y telecomunicaciones, proteger la capacidad portuaria y disponer de protocolos de refuerzo desde la Península. La propuesta contempla ejercicios periódicos basados en el escenario de máxima exigencia: una interrupción o actuación adversa de la cooperación exterior.
Control fronterizo con garantías
El informe pide, en cuarto lugar, equipos permanentes para identificación, asilo, retorno y atención a personas vulnerables. Esos equipos deberían contar con policías, intérpretes, abogados, personal especializado en protección internacional, sanitarios, Fiscalía y expertos en menores.
Ribón rechaza que la rapidez administrativa exija rebajar garantías. El modelo que propone permitiría agilizar expedientes, pero con valoración individualizada y respeto a los derechos aplicables.
El texto recuerda que los menores no pueden ser objeto de retornos automáticos colectivos y que las personas interceptadas en el mar deben tramitarse mediante el procedimiento ordinario de devolución.
La quinta medida apuesta por emplear plenamente las herramientas de la Unión Europea en situaciones de crisis. Ribón cita el apoyo operativo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE para la identificación, el triaje, la gestión de expedientes, la interpretación, la investigación de redes criminales y los mecanismos de solidaridad.
La sexta plantea una europeización efectiva de la protección de Ceuta, sin alterar la titularidad española de la soberanía. El informe sostiene que, por su condición de frontera exterior de la Unión, la ciudad debe formar parte de una arquitectura europea preventiva y estable en vigilancia, asilo, retorno, protección de menores, lucha contra redes y resiliencia de infraestructuras.
OTAN, defensa y disuasión
En séptimo lugar, Ribón propone que España promueva una declaración política consensuada de la OTAN sobre la indivisibilidad de la seguridad española, identificando expresamente a Ceuta y Melilla como territorios cuya agresión afectaría a la seguridad aliada. Esa declaración debería ir acompañada de una garantía de consulta inmediata conforme al artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte.
Si persistiese la duda sobre la cobertura territorial automática del artículo 5 (el artículo de los tres mosqueteros; si un aliado es atacado responden todos), el informe plantea impulsar un protocolo o una interpretación aceptada por los aliados sobre el artículo 6.
Ribón reconoce que existe una incertidumbre jurídica por la ubicación africana de Ceuta y Melilla, aunque sostiene que no equivale a falta de protección.
La octava medida se resume en una “soberanía de la primera hora”: la capacidad de España para preservar el mando, el control y la defensa de Ceuta desde el inicio de una eventual crisis, mientras se activan los refuerzos nacionales o aliados. La propuesta incluye reservas posicionadas, rutas de refuerzo ensayadas desde la Península, protección de puertos, espacio aéreo, cables y telecomunicaciones, y defensas frente a drones, ciberataques o sabotajes.
El informe no plantea una militarización permanente de la ciudad ni que las Fuerzas Armadas asuman funciones ordinarias de policía fronteriza. Su planteamiento es disponer de una capacidad proporcionada que impida que una ventaja táctica inicial se convierta en un hecho consumado de larga duración.
Diplomacia e inversión de Estado
La novena línea de actuación es una diplomacia preventiva basada en un expediente histórico-jurídico permanente, traducido a las principales lenguas de trabajo internacional.
El documento propone reunir el Tratado de Lisboa de 1668, el Tratado de Paz y Amistad de 1860, la continuidad del ejercicio español de soberanía, el Estatuto de Autonomía y la realidad democrática de la ciudadanía ceutí.
Ese expediente, según Ribón, debería utilizarse proactivamente a través de la red diplomática, las instituciones europeas, las universidades, los centros de pensamiento y la sociedad civil, para impedir que una reivindicación unilateral pueda consolidarse en el exterior como una controversia bilateral aceptada.A
La décima medida es un Pacto de Estado para Ceuta, con horizonte plurianual, presupuesto estable, objetivos medibles y evaluación parlamentaria. El informe reclama incorporar en esa estrategia no solo seguridad y defensa, sino también agua, energía, comunicaciones, puerto, transporte, sanidad, educación, universidad, vivienda, empleo, digitalización y protección del patrimonio.
Ribón plantea, entre otros proyectos, potenciar la formación y la investigación en enfermería, emergencias y salud del Estrecho; sistemas críticos de agua, energía y comunicaciones; economía azul, puertos inteligentes y seguridad marítima; y formación profesional especializada en logística, ciberseguridad, mantenimiento y atención social. Una Ceuta con servicios sólidos, actividad económica, oportunidades para sus jóvenes y conectividad con la Península, concluye el autor, sería también una ciudad menos vulnerable a la presión exterior.
Cooperar sin depender
El informe defiende que la seguridad de Ceuta no se agota en el control de la frontera. La propuesta combina medios de seguridad y defensa, protección de infraestructuras, capacidad de respuesta civil, procedimientos jurídicos garantistas, apoyo europeo, prevención diplomática y cohesión social.
Ribón precisa que una llegada masiva de personas no constituye por sí sola una agresión armada y que quienes migran no deben ser tratados como combatientes. La respuesta, según su planteamiento, debe mantener simultáneamente control efectivo de la frontera, respeto al Estado de Derecho y protección reforzada de menores y personas vulnerables.
La idea final es que Ceuta pueda cooperar con Marruecos cuando exista reciprocidad y buena vecindad, pero cuente con capacidades españolas y europeas suficientes para que la seguridad, el abastecimiento y la vida diaria de sus ciudadanos no dependan de la voluntad de un tercero.
