El pulso entre el triministro Félix Bolaños y el magistrado Juan Carlos Peinado termina mañana, domingo 27 de septiembre. Ese día, el instructor del caso Begoña Gómez cumple 72 años, la edad máxima que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sale de la carrera judicial para siempre.
Con él se va también cualquier posibilidad de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo vea sancionado. Lo intentó durante más de un año.
No lo consiguió.
No termina el caso. Siguen vivas las resoluciones de Peinado y los recursos pendientes. Lo que se acaba es otra cosa: la opción de que el magistrado cierre su carrera con una sanción derivada de las quejas promovidas contra él.
Game over.
EL ORIGEN: UN INTERROGATORIO EN LA MONCLOA
Todo arranca en abril de 2025. Peinado cita a Bolaños como testigo por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno.
El ministro pide declarar por escrito. El juez se niega: los hechos sobre los que debe responder corresponden a su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno, no a su condición de ministro.
Y se desplaza personalmente a La Moncloa, con las partes, para tomarle declaración.
No era la primera vez que Peinado cruzaba esa puerta. Antes había ido a interrogar a Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa.
Bolaños sí contestó.
Un juez de instrucción interrogaba al ministro de Justicia dentro del complejo presidencial, en una causa que afectaba a la mujer del presidente. La carga institucional de la escena era evidente.
CINCO ESCRITOS, DIECINUEVE REPROCHES
Bolaños consideró impropio el trato recibido y trasladó la batalla al Consejo General del Poder Judicial.
No fue una protesta aislada. Fueron cinco cartas, todas dirigidas personalmente a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, entre el 4 de junio de 2025 y el 1 de abril de 2026.
En conjunto sumaban diecinueve reproches. El ministro denunciaba comentarios que calificaba de intimidatorios, decisiones procesales discutibles, alusiones a su expresión facial, preguntas que consideraba improcedentes y objeciones a la forma en que el juez condujo la declaración.
Pedía que el Consejo examinara esas conductas. Y que las sancionara.
Con las quejas ya en marcha, Peinado dio un paso más delicado: elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada para que valorase investigar al ministro. El Supremo no abrió causa.
Bolaños trasladó entonces al Consejo su sospecha de que aquella iniciativa pudiera ser una represalia por sus quejas.
La brecha ya no se cerraría.
UN PROCEDIMIENTO TASADO, NO UNA VENTANILLA
Pero la responsabilidad disciplinaria de un juez no se despacha a demanda.
Se exige a través de un procedimiento tasado, con fases fijadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y plazos de obligado cumplimiento. Primero vienen las diligencias informativas. Después, si hay base, se abre expediente, con instructor, pliego de cargos, audiencia al interesado y derecho de defensa. Y solo al final llega una eventual sanción, recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Ese corsé no es burocracia. Es una garantía.
Existe para que ningún poder, tampoco el Ejecutivo, pueda usar la vía disciplinaria como instrumento de presión sobre un juez. Sirve para depurar conductas, no para corregir decisiones judiciales ni para imponer tiempos. Es la esencia de la independencia judicial.
A la vista de lo que vino después, el ministro no parece haberlo asumido del todo.
301 DÍAS Y UN RELOJ EN MARCHA
El dato que mejor retrata la intensidad del enfrentamiento no está en una resolución.
Está en una carta.
El 1 de abril de 2026, Bolaños envió su quinta carta a Perelló. Habían pasado 301 días desde la primera y protestaba por la lentitud de la tramitación.
Y señalaba el problema sin rodeos: Peinado se jubilaba el 27 de septiembre. Si el Consejo no resolvía antes, cualquier responsabilidad disciplinaria podía quedar inconclusa por su salida de la carrera.
El calendario no era ningún secreto. Lo sabía el ministro. Lo sabía el CGPJ. Lo sabía el juez.
Lo que no encaja es el cauce.
Cualquier ciudadano, también un ministro, puede presentar una queja ante el órgano de gobierno de los jueces. Pero el titular de Justicia escribió cinco veces, en persona, a la máxima responsable del Poder Judicial. Reclamaba una respuesta disciplinaria contra un juez concreto, el mismo que le había interrogado como testigo. Y en la última carta, le metía prisa.
Los plazos del régimen disciplinario no se acortan porque se acerque una jubilación. Y no se aceleran por carta.
Esas cartas estaban fuera de lugar.
EL CGPJ DIJO NO DOS VECES
El 28 de julio, el Consejo archivó las quejas. Dos vocales progresistas discreparon, porque entendían que los hechos debían analizarse de forma conjunta. Quedaron en minoría.
Bolaños recurrió. El pasado 22 de septiembre, a cinco días de la jubilación, la Comisión Permanente confirmó el archivo por cinco votos contra dos.
La resolución llegó casi con la campana. Peinado tenía ya un pie fuera de Plaza de Castilla.
LOS OTROS FRENTES
Las quejas del ministro no eran el único expediente sobre la mesa.
El más polémico nació de una frase sobre los escoltas de Begoña Gómez. Al valorar unas medidas cautelares, Peinado llegó a plantear que los policías encargados de su protección pudieran facilitar una eventual huida.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una queja. En junio, la Comisión Permanente se dividió. El voto de calidad de Perelló permitió ordenar al promotor de la acción disciplinaria que profundizara en el asunto, ante una posible falta grave.
Hubo más. El CGPJ remitió otros dos asuntos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que valorase posibles faltas leves de desconsideración y retraso. También ahí corría el reloj: julio, agosto, septiembre.
El TSJM terminó archivando.
Peinado apuró voluntariamente su permanencia en activo hasta el límite legal. Ese límite ha llegado.
La jubilación no borra nada de lo que hizo como juez. No invalida sus resoluciones ni afecta a los recursos pendientes.
Pero altera por completo el escenario disciplinario. Desde mañana deja de ser juez en activo, y la potestad disciplinaria del CGPJ sobre los miembros de la carrera judicial ya no le alcanza.
SE VA, PERO DEJA A BEGOÑA GÓMEZ EN EL BANQUILLO
La ironía es evidente. Mientras Bolaños buscaba una sanción para el instructor, Peinado seguía avanzando en la causa. Y se marcha después de adoptar una de sus decisiones de mayor calado: la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.
Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Cristina Álvarez, su exasesora, también se sentará en el banquillo, acusada de malversación.
Peinado no estará allí. La Audiencia Provincial de Madrid toma el relevo y será otro magistrado quien dirija la vista y resuelva lo que quede pendiente. Pero la instrucción llevará para siempre su firma.
GAME OVER
El ministro presentó quejas. Recurrió. Protestó por la lentitud del Consejo. Avisó de que el juez estaba a punto de jubilarse.
No bastó.
Peinado se va a los 72 años con las quejas de Bolaños archivadas, la vía disciplinaria cerrada y Begoña Gómez camino del juicio.
Se acabó la partida.
