Opinión | La Justicia, ese juguete que todos quieren reformar y ninguno soltar

Ricardo Rodríguez, doctor en Derecho y magistrado, analiza con ironía las propuestas de los partidos políticos para reformar la Justicia y cuestiona su compromiso real con la independencia judicial, especialmente cuando llegan al Gobierno. Foto: Confilegal.

22 / 11 / 2026 05:40

Hay instituciones que los políticos reivindican por convicción y otras que reivindican por conveniencia. La Justicia, por lo que parece, pertenece a las dos categorías. El problema es que nuestros políticos suelen confundir la defensa de la independencia judicial con el derecho a administrarla. Y, naturalmente, a administrarla ellos.

La noticia publicada por Confilegal, que recoge las propuestas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio en materia de Justicia, tiene algo de déjà vu institucional. Basta acercarse a unas elecciones para que nuestros partidos descubran, casi simultáneamente, que la Justicia necesita reformas, que el Consejo General del Poder Judicial debe funcionar mejor, que la Fiscalía requiere cambios y que los ciudadanos merecen una Administración de Justicia más ágil, moderna, independiente y eficaz.

¡Qué extraordinaria unanimidad en el diagnóstico! Lástima que las coincidencias suelan durar bastante menos que las campañas electorales. Para ponerse de acuerdo en que la Justicia necesita reformas no hace falta demasiado esfuerzo; para ponerse de acuerdo en cuáles y, sobre todo, en quién debe hacerlas, parece que hace falta bastante más.

Porque en España la Justicia parece padecer una enfermedad crónica: todos conocen perfectamente sus problemas, todos tienen la receta y todos aseguran disponer del tratamiento adecuado.

Lo verdaderamente curioso es que, cuando llegan al Gobierno, el paciente continúa en la misma cama y, en ocasiones, bastante peor. Eso sí, cada nuevo equipo médico suele asegurar que el anterior dejó al enfermo en un estado lamentable.

La independencia judicial: una virtud que todos defienden, especialmente cuando no gobiernan

El CGPJ es, probablemente, el mejor ejemplo de esta peculiar relación entre política y Justicia. Durante años hemos asistido a un espectáculo poco edificante en el que los partidos se reprochan mutuamente la politización del órgano de gobierno de los jueces mientras negocian, con admirable entusiasmo, quién debe ocupar sus sillones.

Unos defienden que los jueces elijan a los vocales de procedencia judicial; otros prefieren mantener el sistema parlamentario con distintos matices. Todos invocan la independencia judicial. Y uno no puede evitar preguntarse si estamos hablando de la independencia de los jueces o de la independencia que cada partido quisiera tener para colocar a los suyos.

Porque, a estas alturas, uno empieza a sospechar que el verdadero problema no es tanto quién elige a los vocales, sino quién se queda sin poder elegirlos. Al parecer, la independencia institucional es mucho más fácil de defender cuando el reparto no nos deja fuera.

Quizá convendría recordar algo elemental: el Consejo General del Poder Judicial no es una segunda cámara parlamentaria, ni un órgano de representación de los partidos políticos, ni una institución destinada a reproducir el reparto de fuerzas del Congreso.

Su función es garantizar el adecuado gobierno del Poder Judicial. Nada más. Y, desde luego, nada menos.

Pero parece que todavía no hemos conseguido que algunos entiendan que despolitizar una institución no consiste en sustituir a quienes la ocupan por personas de nuestra confianza. Eso no es despolitizar; es cambiar de proveedor.

El problema no es que los políticos intervengan en la configuración de las instituciones constitucionales cuando así lo dispone la Constitución. El problema empieza cuando confunden la legitimidad para intervenir en su designación con el derecho a disponer de ellas.

En materia de independencia judicial, nuestros partidos han desarrollado una extraordinaria capacidad para cambiar de principios sin necesidad de cambiar de discurso. Basta con cambiar de escaño.

La Fiscalía: ¿quién vigila al vigilante?

Otro de los grandes asuntos es la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Una reforma que lleva años sobrevolando nuestro sistema procesal y que, de materializarse, supondría una transformación de enorme calado.

El modelo puede ser perfectamente defendible. De hecho, numerosos sistemas jurídicos atribuyen al fiscal la dirección de la investigación penal. Pero hay una pequeña cuestión que no deberíamos pasar por alto: en España el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Y no olvidemos que el Ministerio Fiscal, a diferencia del Poder Judicial, se organiza conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica (eso sí, con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad).

Una diferencia constitucional que no es precisamente menor cuando hablamos de atribuirle la dirección de la investigación penal.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿estamos preparados para entregar la dirección de la investigación penal a una institución cuya máxima autoridad es nombrada a propuesta del poder ejecutivo?

Porque una cosa es modernizar el proceso penal y otra muy distinta es cambiar al instructor para que, al final, tengamos que discutir exactamente sobre las garantías de independencia e imparcialidad.

La investigación penal no puede depender de los intereses de quien gobierna, ni siquiera cuando el Gobierno asegura que actuará con exquisito respeto institucional.

Las garantías jurídicas no se construyen sobre promesas de buena conducta. Para eso están las leyes, los controles y las instituciones. La confianza está muy bien, pero en Derecho suele ser preferible no tener que depender exclusivamente de ella. Especialmente cuando quien debe investigar puede acabar investigando asuntos que afectan a quien propone su nombramiento.

No se trata de desconfiar de los fiscales, cuya profesionalidad está sobradamente acreditada, sino de diseñar un sistema institucional que haga innecesario confiar en la buena voluntad de quienes gobiernan. El Estado de Derecho consiste precisamente en eso: en establecer garantías incluso para cuando gobiernan aquellos en quienes menos confiamos.

Y, por cierto, si todos parecen estar de acuerdo en que el fiscal general debe tener un mandato que no coincida con el de la legislatura, quizá no estemos ante una cuestión menor.

Aunque, visto lo visto, tampoco estaría de más que nos explicaran por qué algunas reformas parecen imprescindibles cuando se está en la oposición y mucho menos urgentes cuando se cruza la puerta de la Moncloa.

La Justicia necesita dinero. Mucho más que discursos

Después vienen las propuestas sobre modernización, digitalización, incremento de plantillas, creación de plazas judiciales, justicia gratuita y mejora de las condiciones de los profesionales.

Aquí sí que encontramos un terreno en el que sería difícil discrepar. La Justicia necesita medios materiales y personales. Los juzgados no pueden funcionar indefinidamente a base de buena voluntad, horas extraordinarias y una fe casi religiosa en que algún día llegarán los refuerzos.

En España resulta políticamente mucho más rentable inaugurar un juzgado que dotarlo adecuadamente. Lo primero admite fotografía; lo segundo exige presupuesto.

Llevamos décadas escuchando hablar de agilización procesal. Hemos cambiado leyes, procedimientos, aplicaciones informáticas, modelos organizativos y hasta el nombre de algunas oficinas judiciales. Sin embargo, el ciudadano sigue teniendo que armarse de paciencia para obtener una resolución judicial.

Hemos conseguido digitalizar muchos trámites, pero todavía no hemos conseguido que la tecnología haga desaparecer los asuntos pendientes. Al parecer, los expedientes electrónicos también tienen la mala costumbre de acumularse.

Hemos sustituido el papel por la pantalla, pero no siempre hemos conseguido sustituir la espera por una solución. Quizá el siguiente gran avance tecnológico consista en inventar una aplicación que permita consultar cuánto falta para que se resuelva un procedimiento.

Aunque, conociendo nuestra capacidad para gestionar los plazos, probablemente esa aplicación también terminaría funcionando con retraso. Eso sí, habría que procurar que la aplicación no se colapsara antes que el propio juzgado.

Porque una Justicia que llega tarde no es solamente una Justicia ineficiente. Es, en demasiadas ocasiones, una Justicia que ha dejado de serlo. Y al ciudadano que lleva años esperando una sentencia difícilmente podremos consolarle explicándole las excelencias de la última reforma procesal.

Y qué decir del turno de oficio. Todos proclaman la importancia del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva, pero no siempre parece existir la misma urgencia cuando toca hablar de la remuneración de quienes garantizan esos derechos a los ciudadanos que no pueden pagar un abogado.

Es una curiosa forma de entender el Estado de Derecho: exigir a los profesionales que estén a la altura de la Constitución, aunque sus condiciones materiales no siempre estén a la altura de su responsabilidad. La justicia gratuita, por lo visto, debe ser gratuita para el ciudadano, pero no necesariamente bien remunerada para quien la presta.

Y los jueces, naturalmente, también tienen que reformarse

Entre las propuestas aparece igualmente la cuestión de la responsabilidad de jueces y magistrados. Nadie debería discutir que la función jurisdiccional está sometida a responsabilidad. Pero conviene tener mucho cuidado con determinadas fórmulas que, bajo la apariencia de incrementar los mecanismos de control, pueden terminar convirtiéndose en instrumentos de presión.

La independencia judicial no significa que los jueces sean infalibles. Significa que deben poder resolver sin temor a las consecuencias personales de adoptar una decisión jurídicamente fundada, aunque resulte incómoda para alguna de las partes o para el poder político.

Para corregir los errores judiciales están los recursos; para sancionar las conductas ilícitas, los mecanismos legales de responsabilidad. Lo que no cabe es convertir la discrepancia con una resolución judicial en motivo de persecución de quien la dicta.

No confundamos responsabilidad con intimidación. Ni control con sometimiento.

Un juez que tenga que calcular las consecuencias políticas de sus resoluciones antes de firmarlas habrá dejado de ser independiente, aunque nadie haya tenido todavía la necesidad de cesarlo.

Porque, si cada resolución controvertida pudiera convertirse en una amenaza personal para quien la dicta, quizá termináramos consiguiendo una Justicia mucho más prudente. Tan prudente que nadie se atrevería a resolver nada. Y eso sí que sería una auténtica medida de agilización: si nadie firma resoluciones, tampoco habrá resoluciones que recurrir.

Y después de las elecciones, ¿qué?

La lectura de las propuestas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio permite comprobar que existen diferencias importantes, pero también que hay problemas que todos reconocen y que llevan demasiado tiempo esperando una solución.

Sería injusto negar que algunas propuestas pueden resultar necesarias y que otras merecen un debate serio. Pero también sería ingenuo aceptar que basta con incorporarlas a un programa electoral para que se conviertan automáticamente en compromisos creíbles.

La Justicia no necesita que los partidos se hagan fotografías hablando de independencia judicial. Necesita que respeten las resoluciones que no les gustan.

No necesita que se reprochen mutuamente la politización de las instituciones. Necesita que dejen de utilizarlas como moneda de cambio.

No necesita que prometan una modernización permanente. Necesita presupuestos, funcionarios, jueces, fiscales y profesionales suficientes para que los procedimientos no se eternicen.

Y, sobre todo, necesita algo que no aparece fácilmente en los programas electorales: que los políticos acepten que hay un ámbito de poder que no les pertenece.

Quizá por eso la Justicia sea una institución tan incómoda para determinados responsables públicos. Porque su función no consiste en darles la razón, sino en aplicar la ley, incluso cuando la ley les lleva la contraria. Y eso, para algunos, debe de ser una experiencia bastante desagradable.

Y es que, en España, los partidos políticos parecen tener una curiosa concepción de la independencia judicial: están absolutamente convencidos de ella siempre que no sean ellos quienes tengan que soportarla. Dicho de otra manera, todos quieren jueces independientes, aunque algunos parecen preferir que esa independencia venga con instrucciones de uso.

En definitiva, los partidos prometen reformar la Justicia. Estaría bien que, por una vez, empezaran por reformar su relación con ella.

Porque los jueces no están para darles la razón, los fiscales no están para tranquilizarles y el Consejo General del Poder Judicial no está para repartirles sillones.

La Justicia no necesita más padrinos políticos. Necesita que la dejen trabajar.

Y, puestos a formular promesas electorales, quizá no estaría mal que algún partido se comprometiera a algo verdaderamente revolucionario: que, cuando llegue al Gobierno, no intente controlar aquello que desde la oposición exigía que fuera independiente.

Aunque, claro, eso sí que sería una reforma de calado.

Porque lo difícil no es reformar el juguete. Lo difícil es renunciar a jugar con él.

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