Opinión | La Santa Alianza de Shenzhen

Jorge Carrera, abogado, exmagistrado, exjuez de enlace de España en Estados Unidos, analista geopolítico y consultor internacional, examina el alcance de la declaración suscrita por Trump, Putin y Xi Jinping en Shenzhen, sus implicaciones para la Corte Penal Internacional y el paralelismo histórico con la Santa Alianza de 1815. Foto: Confilegal.

Tres potencias nucleares firmaron una declaración de paz sin nombrar Ucrania ni Irán. A la Corte Penal Internacional sí la nombraron

20 / 11 / 2026 18:23

Actualizado el 20 / 11 / 2026 18:23

«Una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse nunca» — Declaración conjunta de Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, Ginebra, 21 de noviembre de 1985.

El 19 de noviembre de 1985, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov se sentaron por primera vez frente a frente a orillas del lago Lemán.

No firmaron nada que limitara un solo misil. Dos días después, el comunicado conjunto dejó una frase que la diplomacia nuclear ha repetido desde entonces como un salmo: una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse nunca. Era poco, pero era un comienzo.

La frase abría un expediente que acabaría, años más tarde, con arsenales efectivamente desmantelados.

Cuarenta y un años después, el mismo día de noviembre, Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping se reunieron en Kylin Villa, en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC, en el primer encuentro de la historia entre los jefes de Estado de las tres mayores potencias nucleares.

Hablaron durante una hora y veinte minutos y suscribieron una «Declaración hacia la Paz» de cuatro puntos. Uno de ellos recupera, casi palabra por palabra, la frase de Ginebra. La diferencia es que en 1985 aquella frase era el prólogo.

En Shenzhen es prácticamente todo el contenido.

Conviene leer la declaración como se lee un contrato: no por lo que proclama, sino por lo que obliga. Y la lectura arroja un resultado incómodo.

De los cuatro compromisos, tres son fórmulas sin cifra, sin plazo y sin mecanismo. El restante no es mucho más preciso en su contenido, pero sí en su destinatario: es el único que señala a alguien. No nombra ninguna guerra. Nombra un tribunal.

Cuatro párrafos y un solo destinatario

El primer punto compromete a los tres, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a reformar Naciones Unidas para que responda con más eficacia a los desafíos globales.

La frase tiene su gracia: tres titulares del derecho de veto prometen reformar la institución cuya parálisis se debe, en buena medida, al uso que ellos mismos hacen de ese derecho.

No se dice en qué sentido, ni con qué alcance, ni si la reforma rozará el privilegio que comparten. Cabe suponer que no.

El segundo anuncia más producción y suministro de productos petrolíferos refinados y reafirma la importancia de unos flujos energéticos estables.

No contiene una sola cifra. Tiene sentido como gesto en un mundo en el que el estrecho de Ormuz vive bajo amenaza constante desde que empezó la guerra de Irán, pero la guerra de Irán no aparece en el texto. Se promete agua sin nombrar el incendio.

El punto nuclear reafirma la fórmula de Ginebra y abre un diálogo sobre la reducción de riesgos y la no proliferación.

Sin techo, sin calendario, sin inspecciones.

El propio Trump admitió ante sus anfitriones que renunciar a esas armas «no es fácil». Y la fórmula tiene un historial que invita a la prudencia: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad la suscribieron solemnemente el 3 de enero de 2022, y siete semanas después Rusia invadía Ucrania entre advertencias nucleares apenas veladas.

Una frase que no impidió aquello difícilmente obligará a algo ahora.

Queda el tercero, que he dejado para el final. Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento del Estado y el respeto a las inmunidades de los altos cargos del Estado tienen una importancia capital, y convinieron en que la Corte Penal Internacional y «otros órganos similares» no deben abusar de su jurisdicción.

La cláusula no define qué constituye un abuso, ni quién gozaría de inmunidad, ni en qué causas. Pero elige con cuidado a quién se dirige. La precisión está en el tribunal señalado; la ambigüedad, en lo que los tres considerarían un abuso. Los tres pueden denunciar mañana un abuso sin haber precisado hoy en qué consiste.

La inmunidad como programa común

Para un jurista, esa cláusula no es retórica: es un alegato procesal. Llevado al terreno de la Corte Penal Internacional, el argumento de los tres sería que la Corte carece de jurisdicción sobre sus nacionales incluso cuando el crimen se comete en territorio de un Estado parte.

Ahí tropieza con el artículo 12.2.a del Estatuto de Roma. Ninguno de los tres firmantes es parte del Estatuto.

La segunda pieza, la de la inmunidad de los altos cargos, vendría a sostener que un jefe de Estado en ejercicio no puede ser procesado mientras ocupa el cargo. Llevadas a su extremo, las dos piezas compondrían un blindaje completo: la Corte no tendría jurisdicción sobre ellos y, si la tuviera, no podría ejercerla mientras gobiernen.

Hay que tomarse en serio el argumento contrario, porque lo merece. La objeción del consentimiento la han sostenido juristas respetables, y no solo en Washington. Un tratado no crea obligaciones para un tercer Estado sin su consentimiento, dice el artículo 34 de la Convención de Viena, y extender la jurisdicción de un tribunal convencional a nacionales de Estados ajenos al tratado es, como mínimo, discutible.

Tampoco carece de base la crítica a una Corte que durante sus primeros años pareció reservar sus órdenes de detención a dirigentes africanos. Nada de esto es una invención de Moscú.

Pero la cláusula de Shenzhen va bastante más allá de lo que esos argumentos permiten. La inmunidad personal de los altos cargos tiene su referencia clásica en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002 en el asunto de la Orden de detención, entre la República Democrática del Congo y Bélgica.

Y esa misma sentencia, que suele invocarse en defensa de la inmunidad, precisó que esta no impide el enjuiciamiento ante determinados tribunales penales internacionales cuando tienen jurisdicción, y citó expresamente el Estatuto de Roma, cuyo artículo 27 declara irrelevante el cargo oficial.

En 2019, en el asunto Al Bashir, la Sala de Apelaciones de la propia Corte Penal Internacional fue más lejos: ante un tribunal internacional, la inmunidad del jefe de Estado no opera. Se puede discrepar de esa doctrina. Lo que no cabe es presentar la inmunidad como un principio pacífico que la Corte vulnera. Es, precisamente, el punto en disputa.

Lo verdaderamente nuevo, sin embargo, no es el argumento. Es la coalición que lo suscribe. Uno de los tres firmantes tiene pendiente desde el 17 de marzo de 2023 una orden de detención de la Corte por la deportación de niños ucranianos.

Otro sancionó el 9 de octubre a la Corte como institución, después de haber sancionado a trece de sus jueces y fiscales, y su secretario de Estado lo justificó en que el presidente «nunca permitirá» que el tribunal procese a estadounidenses.

El tercero nunca se ha acercado al Estatuto. Cuando el procesado firma como coautor la doctrina que podría eximirlo del proceso, el documento deja de ser una declaración de principios y se convierte en otra cosa: un escrito de defensa con el membrete de tres cancillerías.

Metternich lee la letra pequeña

El precedente existe y tiene fecha. El 26 de septiembre de 1815, en París, el zar Alejandro I, el emperador Francisco I de Austria y el rey Federico Guillermo III de Prusia firmaron un tratado singular.

No contenía obligaciones concretas. Proclamaba que las relaciones entre los soberanos se basarían en las «sublimes verdades» de la religión cristiana y que los tres quedarían unidos por una fraternidad verdadera e indisoluble, obligados a auxiliarse en cualquier ocasión y lugar.

Castlereagh, el ministro británico de Exteriores, la despachó en privado como una pieza de sublime misticismo y disparate, y mantuvo a su Gobierno al margen de cualquier compromiso formal.

Castlereagh acertó en el diagnóstico literario y se equivocó en el político. El texto era, en efecto, vacío. Pero el vacío es una forma de disponibilidad. Metternich, que no compartía la mística del zar, entendió enseguida que un documento que no obliga a nada concreto puede servir para cualquier cosa, y lo redefinió como lo que acabaría siendo: no una alianza de pueblos cristianos, sino un club de monarcas comprometidos a sostenerse unos a otros frente a quien pretendiera pedirles cuentas.

La fraternidad de los soberanos resultó ser, en la práctica, la solidaridad de quienes no querían responder ante nadie.

España conoce bien aquella factura. Fernando VII, que había jurado la Constitución de 1812 en marzo de 1820, pidió a las potencias que lo libraran de ella. Tras el congreso de Verona, celebrado entre octubre y diciembre de 1822, Francia intervino con el respaldo de las potencias orientales y la oposición de Londres.

El 7 de abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron los Pirineos al mando del duque de Angulema, sin declaración de guerra previa. El 31 de agosto tomaron el Trocadero, y el 1 de octubre Fernando VII abolía la Constitución y restauraba el absolutismo.

Lo que en Verona se presentó como solidaridad entre soberanos fue, para los españoles, la liquidación de su primer régimen constitucional desde fuera.

La analogía tiene límites, y conviene señalarlos. Los tres de 1815 compartían régimen, fe y enemigo; los tres de Shenzhen no comparten casi nada, y uno de ellos sigue siendo, con todas sus averías, una democracia constitucional.

Pero el mecanismo es el mismo: una declaración grandilocuente, sin obligaciones mensurables en lo que proclama y con una sola pieza operativa en lo que protege. En 1815 esa pieza era el derecho del soberano a no ser destronado por sus súbditos. En 2026 es la pretensión del gobernante de no ser juzgado por un tribunal que él no haya aceptado.

El anfitrión cobra la entrada

Lo más llamativo de Shenzhen es que la cumbre propiamente dicha, la de las veintiuna economías de la APEC, quedó reducida a escenografía de la otra. Cada uno de los tres se llevó de Kylin Villa lo que había ido a buscar, y bastan tres imágenes para contarlo.

Xi presidió la mesa sentado entre los otros dos, después de romper el protocolo para recibir personalmente a Trump en el aeropuerto, y atribuyó al encuentro un alcance «fundacional».

No buscaba un acuerdo, sino la imagen del anfitrión que convoca. En la reunión bilateral recordó, eso sí, el precio de la cordialidad: Estados Unidos debe seguir «haciendo lo correcto» en la cuestión de Taiwán para evitar «grandes turbulencias».

Putin obtuvo la fotografía de igual a igual entre Washington y Pekín y, de propina, un texto que le permite presentar su orden de detención como un abuso de jurisdicción denunciado por los otros dos. En la rueda de prensa posterior explicó que la democracia es el orden liberal que ciertos círculos tratan de imponer al mundo entero. Trump obtuvo la frase que había ido a buscar, «estamos haciendo historia», y emprendió el regreso sin admitir preguntas.

Europa, en Berlín

Mientras tanto, los europeos estaban en otra ciudad. Una treintena de dirigentes de la coalición de voluntarios se reunió en Berlín para discutir unas garantías de seguridad para Ucrania que solo entrarían en vigor tras un alto el fuego que no aparece por ninguna parte.

Zelenski pidió que Shenzhen no se convierta en «un nuevo Yalta», y el ministro polaco Sikorski lamentó la elevación innecesaria de Rusia al rango de superpotencia.

Ya advertí en estas páginas de que la elección entre estar con China o contra China acabaría relegando la cuestión democrática a asignatura menor. Shenzhen ha añadido una variante: la de tres potencias que, sin elegir bando entre ellas, se ponen de acuerdo precisamente en eso.

Pero el párrafo que más debería preocupar en las cancillerías europeas no es el que omite Ucrania, sino el que se ocupa de la Corte. Todos los Estados miembros de la Unión son parte del Estatuto de Roma, y la adhesión a sus valores forma parte de lo que se exige a quien aspira a ingresar en ella. Europa es el principal sostén político de un tribunal que tres potencias nucleares acaban de declarar sospechoso en un documento conjunto.

Un orden basado en reglas necesita tribunales que las apliquen también a los poderosos; un orden basado en esferas de influencia necesita, ante todo, que los poderosos no comparezcan.

La cláusula de la Corte es la pieza que hace compatibles a tres potencias que discrepan en casi todo lo demás. Pueden competir por Taiwán, por Ucrania o por los semiconductores, pero coinciden en que nadie debe pedirles cuentas por la manera en que compiten. Y Europa, que ha apostado su modelo entero a la primera opción, no estuvo en la mesa.

Lo que no se firma

Los soberanos de 1815 se juraron fraternidad «en el nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad». Al menos invocaban algo que estaba por encima de ellos. Los de Shenzhen no invocan nada salvo su propia condición: miembros permanentes, potencias nucleares, jefes de Estado.

Reagan y Gorbachov salieron de Ginebra sin un acuerdo de desarme, pero con una frase que obligaba a seguir hablando de lo esencial.

Trump, Putin y Xi salen de Shenzhen con esa misma frase convertida en relleno y con una advertencia nueva cuyo alcance se reservan precisar ellos mismos.

Ciento veinticinco Estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. Tres que no la aceptan le han explicado en Shenzhen dónde debería terminar.

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