Opinión | El 29-N abre la puerta a una profunda reforma del ordenamiento jurídico español

Alfonso Villagómez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), analiza la necesidad de una profunda renovación del ordenamiento jurídico español tras las elecciones del 29-N, con la derogación y simplificación de normas para reducir la hipertrofia legislativa.

18 / 11 / 2026 11:15

Actualizado el 18 / 11 / 2026 11:15

El ordenamiento jurídico que se cita en el artículo 1.º de la Constitución a la hora de constituirse España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores del mismo la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, está, además, compuesto por el conjunto de normas positivas aprobadas en forma de leyes ordinarias y orgánicas.

Pues bien, en los últimos años hemos asistido al fenómeno llamado de la «hipertrofia normativa», un desmesurado exceso de nuevas normas legales sin sentido ni fundamento que exige, por un lado, una depuración de ese conjunto de leyes innecesarias y, por otro, la renovación interna del propio ordenamiento para expulsar de su seno aquellas leyes más perniciosas e innecesarias que han sido impulsadas por el Gobierno saliente.

En efecto, el final del ciclo político de Sánchez abre la posibilidad de una nueva etapa marcada por una concepción diferente del papel del Estado que permita a los agentes sociales y económicos desarrollar su actividad en unos ámbitos de mayor libertad y dentro de un marco normativo basado en «pocas y claras leyes».

Y es que, en realidad, el exceso de regulación en España no responde a una cuestión de partidos políticos o de orientación ideológica, sino que más bien se trata de un problema estructural que demanda una profunda tarea de revisión normativa de todas esas malas leyes aprobadas en estos últimos años.

DESENREDAR ESPAÑA

Porque el exceso regulatorio en España supone un coste directo y significativo para el bienestar de los ciudadanos, el cual se ha intensificado notablemente en los últimos años, tal como se pone de manifiesto en el informe patrocinado por el Instituto Juan de Mariana, «Desenredar España II. Una auditoría de las leyes aprobadas entre 2004 y 2017», que da continuidad a la primera edición, centrada en la producción normativa de los gobiernos de Pedro Sánchez, ampliando el análisis a las leyes elaboradas entre 2004 y 2017.

En total, el conjunto de este estudio examina 598 normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2025 y concluye que 453 (el 76 %) deberían derogarse, simplificarse o reformarse en profundidad. De esta manera, tres de cada cuatro normas podrían ser derogadas o reformadas en profundidad. Según las conclusiones del informe, más normas no significan mejor gobierno y la calidad regulatoria de España se ha desplomado un 50 % desde 2015.

Los autores consideran que este «impuesto oculto» se traduce en un impacto económico por la complejidad normativa que supone una pérdida de aproximadamente 1.470 euros anuales por ciudadano. Si se analiza por unidad familiar, la pesada carga normativa equivale a unos 4.410 euros al año por hogar. Y, en términos totales, esta sobrecarga legislativa detrae cerca de 70.000 millones de euros anuales de la economía española, lo que representa más del 4 % del PIB nacional.

Por lo que liberar a la economía española de esta carga regulatoria excesiva permitiría aflorar un potencial de crecimiento comparable a la recaudación del IVA o a la captación de un gran flujo de inversión extranjera, sin aumentar la presión fiscal, ya que se trata de recursos detraídos de la inversión productiva y el consumo que no generan ingresos públicos, sino fricción económica.

La situación afecta a todos los sectores de actividad y, especialmente, al sector de la construcción, con el consecuente encarecimiento de la vivienda, que se ha situado así como el primer problema de los españoles y que nos dejan en herencia los gobiernos de Sánchez.

AUDITAR

Se trata de auditar a lo largo de la próxima legislatura miles de folios de legislación publicada en el Boletín Oficial del Estado para escudriñar el muro regulatorio de España y ayudar a los compromisos del nuevo Gobierno que, con muchas probabilidades, tras las elecciones del 29-N presidirá Núñez Feijóo y que esquematiza bajo el llamamiento simbólico a «derogar el sanchismo».

De los dos centenares de leyes, un 23 % podría ser derogado de forma «inmediata» con una mayoría simple en las Cortes Generales. Otro 13 % también puede ser derogado, pero su aprobación estuvo vinculada a fondos Next Generation —es el caso de la ley de vivienda—, aunque ello no supone un freno siempre y cuando se argumenten los motivos ante la UE.

Un 33 % restante son transposiciones de directivas europeas, pero que añaden elementos de normativa propia española que se deberían simplificar de manera significativa. Un ejemplo es la Ley Orgánica de Protección de Datos, mucho más extensa en España que en Estonia, por ejemplo. Por último, un 31 % de la legislación requiere una reforma más a largo plazo y con más tiempo para la reflexión sobre sus contenidos y efectos normativos.

Textos legales como la ley de amnistía o la «ley trans» son algunos de los más importantes a derogar del «recopilatorio» de todas las leyes a revisar de la etapa de Sánchez. Así como el Decreto-ley 29/2026, sobre la llamada protección frente a la especulación, desahucios, alquiler, vivienda protegida, fiscalidad y financiación, y el Decreto-ley 28/2026, que dio una nueva redacción al artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El «recopilatorio» de las leyes a revisar de la etapa anterior exige centrarse, en primer lugar, en al menos una docena de las prioritarias o fundamentales a revisar. Dentro del listado de esta «limpieza institucional» se destacan las que forman parte del denominado «cupo separatista», como la citada ley de amnistía, fruto de las concesiones a Junts en el Código Penal a cambio de sus siete votos, y aquí se sitúan también las normas sobre la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, así como la reforma de la ley de indultos en los casos de condenas por malversación.

FINANCIACIÓN SINGULAR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A lo que se unirían aquellas otras para acabar con la «financiación singular» de las autonomías como la catalana.

Otras normas que forman parte de este mismo listado de leyes para la renovación de nuestro ordenamiento jurídico son aquellas que podemos denominar de gran calado ideológico, como la ley de Memoria Democrática y la citada «ley trans».

Y, junto a esta última, también se encontrarían leyes como la del aborto, la ley de eutanasia o la conocida como ley «solo sí es sí». La ley estatal de Vivienda, que no ha resuelto el principal problema de los españoles; la eliminación de la norma que regula la tasa municipal de residuos o la que insta al cierre de las centrales nucleares serán también objeto de esta depuración normativa.

Por otra parte, se hace necesario un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, que refuerce las garantías de independencia de la institución, y una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer el método para que sean los jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ, y la Ley de incompatibilidades que impida a un miembro que haya pasado por el Gobierno acceder a un puesto de responsabilidad como la Fiscalía General, el Banco de España o el Tribunal Constitucional.

Y, en fin, leyes como la que deberá regular y garantizar la neutralidad en la televisión pública, como lo es la ley de RTVE, para que sea un organismo informativo independiente al servicio real de los españoles.

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