La seguridad jurídica es tan importante para invertir en otro país como disponer de infraestructuras o financiación. Así lo ha defendido el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, durante una jornada dedicada a las oportunidades empresariales en República Dominicana.
Su mensaje fue directo: sin abogados capaces de prevenir conflictos y proteger las operaciones, la confianza de los inversores se resiente.
«La seguridad jurídica es la infraestructura invisible de la inversión. Tan necesaria como un puerto o una carretera, aunque nunca salga en las fotos. Y una parte esencial de esa infraestructura somos los abogados», afirmó Ribón en la inauguración del encuentro «¿Cómo invertir en la República Dominicana?».
La cita se celebró el miércoles 4 de noviembre en la sede del ICAM, dentro de la Semana Dominicana en España 2026. Organizada por esta iniciativa y la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, con el apoyo institucional del Colegio, reunió a juristas, empresarios e inversores para examinar el marco legal y las oportunidades de negocio en el país caribeño.
El programa abordó incentivos fiscales, constitución de empresas, arbitraje y otros mecanismos de resolución de conflictos, además de las perspectivas de inversión en energía, turismo e industria audiovisual. El denominador común fue una pregunta práctica: qué garantías necesita una empresa cuando decide operar fuera de sus fronteras.
El ICAM quiere ser un puente jurídico
Ribón aprovechó la jornada para vincular esa necesidad con la nueva Agenda Estratégica Iberoamericana del ICAM, presentada el 3 de noviembre. Una de sus prioridades es reforzar la cooperación con las cámaras de comercio, tanto las españolas establecidas en Iberoamérica como las iberoamericanas presentes en España.
El Colegio pretende desarrollar programas de formación, facilitar contactos entre despachos y empresas y acompañar jurídicamente las inversiones a ambos lados del Atlántico. También busca abrir nuevas posibilidades de ejercicio profesional a los abogados madrileños.
«Queremos que el ICAM sea su puente jurídico y, también, su centro de formación de referencia», aseguró el decano ante los representantes empresariales. A su juicio, las cámaras conocen las necesidades de las compañías y los abogados dominan las reglas que permiten protegerlas.
Esta línea de cooperación cuenta ya con antecedentes. En junio, el ICAM estrechó sus vínculos con la Comisión Legal de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. Y el 28 de octubre suscribió un convenio con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), destinado a impulsar la colaboración institucional y jurídica.
Yelieny Bidó, presidenta de la Sección Iberoamericana del Colegio, destacó que España y República Dominicana comparten una tradición jurídica que facilita el entendimiento entre empresas y profesionales. Su objetivo, explicó, es convertir la confianza de los inversores en proyectos concretos.
Del cine a la resolución de conflictos
La industria audiovisual ocupó uno de los espacios más específicos del encuentro. Los participantes estudiaron las oportunidades de coproducción cinematográfica entre ambos países, sus respectivos incentivos y las fórmulas de financiación y distribución internacional.
Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de innovación, tecnología y cultura, puso el acento en la negociación contractual: «Para que esos proyectos salgan adelante hacen falta contratos sólidos y asesoramiento desde el primer momento». De esta forma, vinculó la viabilidad de las coproducciones al asesoramiento jurídico previo y a la solidez de los acuerdos.
La clausura correspondió a Teresa Mínguez, diputada responsable del Área Internacional, que trasladó el debate desde la existencia de normas hasta su aplicación efectiva. «Una norma vale tanto como la posibilidad real de hacerla cumplir», advirtió.
Para Mínguez, el inversor necesita saber quién puede asesorarle, ante qué instancia reclamar y cuánto tardará en obtener respuesta si surge una controversia. La previsibilidad institucional y los procedimientos eficaces de resolución de conflictos son, por tanto, condiciones esenciales para atraer capital.
La representante del ICAM enmarcó esta exigencia en un contexto de tensiones comerciales y cambios regulatorios. Defendió que España y su abogacía pueden desempeñar un papel de enlace entre Europa e Iberoamérica, dos regiones que, a su juicio, necesitan reforzar su condición de socios fiables.
La jornada coincidió con la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid y ofreció una aplicación práctica de la estrategia colegial: conectar la cooperación jurídica con las necesidades reales de las empresas que invierten en mercados internacionales.
