La inteligencia artificial ofrece a las administraciones públicas la posibilidad de agilizar procedimientos, reducir la burocracia y mejorar los servicios a los ciudadanos. Pero su incorporación plantea un desafío fundamental: cómo aprovechar las ventajas de esta tecnología sin comprometer la seguridad jurídica, el control de los recursos públicos ni la responsabilidad de quienes toman las decisiones.
Este equilibrio entre innovación tecnológica, legalidad y eficacia administrativa ha centrado buena parte de los debates de la primera jornada del I Congreso Nacional de Gestión Pública, organizado por Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria.
El encuentro, que se celebra los días 9 y 10 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, reúne a juristas, representantes institucionales y especialistas en gestión pública para analizar los principales problemas que afrontan las administraciones y las soluciones que pueden contribuir a mejorar su funcionamiento.
La necesidad de modernizar las administraciones sin comprometer las garantías legales ha constituido el hilo conductor de los debates.
Durante la inauguración, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, advirtió de que «la IA abre grandes oportunidades y plantea nuevos retos para la gestión pública, pero ninguna tecnología puede sustituir el criterio, la ética y la vocación de servicio público de las personas que trabajan en las administraciones».
Por su parte, Antonio Llorens de la Cruz, viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, reivindicó el papel de las instituciones públicas en la defensa de los valores democráticos y del interés general.
En la apertura participaron también Francisco Hernández Spínola, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Esther García Cabrera, secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, y Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre.
Los encargos a medios propios y las subvenciones, bajo examen
Uno de los principales bloques jurídicos del Congreso estuvo dedicado a los instrumentos que utilizan las administraciones para desarrollar sus competencias y gestionar los recursos públicos.
María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, examinó el régimen jurídico de los encargos a medios propios, una fórmula que permite a las administraciones encomendar determinadas prestaciones a entidades que cumplen los requisitos legales.
Su intervención abordó la naturaleza jurídica de estos encargos, las condiciones exigibles a las entidades destinatarias y los mecanismos de control destinados a garantizar su correcta utilización.
Las subvenciones ocuparon también un lugar destacado, especialmente por las dificultades que encuentran las administraciones beneficiarias para ejecutar las ayudas dentro de los plazos establecidos.
En este debate participaron Isabel O. Gutiérrez Santana, directora insular de Contratación del Cabildo de Gran Canaria; Roberto Reyes Torres, responsable del Gobierno de Canarias; Victoria González Trujillo, del Cabildo grancanario, y Dunnia Rodríguez, coordinadora general de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas.
Los participantes coincidieron en la conveniencia de impulsar subvenciones plurianuales que permitan adaptar los periodos de ejecución a los tiempos reales de la actividad administrativa.
La cooperación entre administraciones exige igualdad
Los convenios administrativos constituyeron otro de los asuntos centrales. Israel Expósito Suárez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y coordinador académico del Congreso, analizó su utilidad como mecanismo de cooperación institucional.
Expósito defendió que las administraciones firmantes, aunque tengan ámbitos territoriales diferentes, deberían intervenir en condiciones de igualdad al establecer el contenido de los acuerdos.
Posteriormente, una mesa moderada por Ángeles Ojeda Ojeda reunió a responsables de control y gestión pública para contrastar las diferencias y conexiones entre subvenciones, convenios y encargos a medios propios.
La IA plantea nuevos desafíos jurídicos
La transformación tecnológica fue otro de los grandes ejes del encuentro. Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado y codirectora académica del Congreso, identificó la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la gestión sanitaria como tres ámbitos prioritarios para las administraciones.
«Debemos avanzar hacia administraciones más eficientes y seguras, sin olvidar que detrás de cada decisión hay personas y, en el ámbito sanitario, pacientes», subrayó.
Junto con Gutiérrez Santana y Felícitas Benítez Pérez, letrada del Cabildo de Gran Canaria, defendió una modernización sustentada en la innovación tecnológica, la gestión del talento y el respeto a la legalidad.
En este contexto, Lefebvre incluyó en el programa la presentación de GenIA-L, su plataforma de inteligencia artificial jurídica, orientada a facilitar el acceso al conocimiento jurídico especializado, agilizar tareas y reforzar la seguridad jurídica.
La segunda jornada, prevista para este 10 de noviembre, amplía el debate a la temporalidad en el empleo público, la estabilización de plantillas, la evaluación del desempeño, la carrera profesional y la ciberseguridad.
También aborda la utilización de la inteligencia artificial para simplificar procedimientos, reducir cargas burocráticas y promover un lenguaje administrativo más claro y accesible para los ciudadanos.
