Opinión | CDL: El sorprendente caso del contratista atrapado entre tres jurisdicciones y un arbitraje en el DIFC de Dubái (I)

Josep Gálvez, «barrister» en las Chambers de 4-5 Gray’s Inn Square en Londres y abogado español experto en litigación y arbitraje internacional, analiza un complejo conflicto judicial en Dubái sobre el incumplimiento de un convenio arbitral y los límites de la ejecución de sentencias. Imagen: JG.

17 / 11 / 2026 05:40

En breve celebraremos el aniversario de lo ocurrido en un fresquísimo 30 de diciembre de 1952, cuando un conductor llamado Albert Gunter conducía tranquilamente su autobús de dos pisos de la línea 78 por Tower Bridge, de camino a Dulwich.

Y cuando pasaba por el famoso puente, a menudo confundido por el turista despistado con el London Bridge, el chófer advirtió que el puente comenzaba a elevarse bajo sus ruedas, una inesperada atracción que no suele estar incluida en el precio del billete.

Resulta que el vigilante encargado de cerrar el paso y hacer sonar las campanas se había olvidado de cumplir con su cometido por aquello de las fechas navideñas.

De modo que el autobús se encontró con veinte pasajeros a bordo, el Támesis debajo y  las plataformas del puente elevándose delante de sus narices.

El bueno de Gunter podía frenar y confiar en que el autobús no resbalara, o bien hacer algo bastante menos reglamentario.

Así que pisó el acelerador y lanzó el vehículo hacia el hueco que se abría entre las dos partes del puente.

Tras un instante de infarto, el autobús aterrizó en la plataforma opuesta con un golpe tremendo, pero todos los pasajeros sobrevivieron al salto.

Eso sí, con un susto que difícilmente curaría una taza de té.

Por aquella insólita hazaña, London Transport concedió a Gunter un día libre y una recompensa de nada menos que diez libras, suma que el héroe prometió compartir con su esposa.

Y es que la administración británica siempre ha sabido reconocer el valor, siempre que no descuadre demasiado el presupuesto, eso sí.

Pero conviene no sacar conclusiones precipitadas.

Porque cruzar un puente abierto por decisión propia no suele dar tan buenos resultados cuando el puente separa dos jurisdicciones y los jueces indican con bastante claridad que uno debe detenerse.

Algo en lo que en España tenemos alguna experiencia.

Pues es lo que sucedió en el caso de esta semana , aunque aquí no había autobuses londinenses ni pasajeros agarrados al asiento, sino a Dubái, un convenio arbitral, las órdenes de un árbitro de emergencia y  dos ‘anti-suit injunctions’.

Vamos con ello.

UN SUBCONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN ABU DABI

El asunto de esta semana es Oberlin v Ovidiu, resuelto recientemente por la ‘Court of Appeal’ del DIFC de Dubái. 

Todo comienza con un proyecto de construcción en esa Benidorm del Oriente Medio que es  Abu Dabi, donde una empresa llamada Oberlin era la contratista principal encargada de levantar un conjunto de viviendas.

Y como suele suceder en estos proyectos, esta compañía no iba a construirlo todo con sus propias manos, sino que subcontrató a otra, llamada Ovidiu, para que edificara doce villas a cambio de 19.634.000 dirhams, casi cinco millones de euros.

El documento, es importante saberlo, incluía una sumisión a arbitraje ante el antiguo DIFC-LCIA Arbitration Centre, institución que por el Decreto de Dubái nº 34 de 2021, pasó a ser el Dubai International Arbitration Centre (DIAC). 

Hasta aquí todo perfecto.

Bueno, pues los problemas llegan a mediados de 2021, cuando Oberlin decide terminar el subcontrato y se queda con determinadas herramientas y equipos de Ovidiu.

Una medida de presión al mejor estilo del jiu-jitsu empresarial, que suele practicarse por aquello de fastidiar al prójimo, así como lo harías a tu propio cuñado.

Lógicamente, Ovidiu considera la terminación injustificada y que le deben una pasta considerable por los trabajos realizados hasta la fecha.

Una reclamación comprensible, aunque lo que ya resulta menos acertado es el medio elegido para formularla.

Pues efectivamente, en lugar de iniciar el arbitraje previsto en el subcontrato, Ovidiu presenta su demandón ante los tribunales de Abu Dabi.

DEMANDA, DEMANDA QUE ALGO QUEDA

Probablemente alguien pensó que eso del arbitraje era algo de segunda y que, donde haya un juez con su toga y su cara de mala leche, que se quiten esos aficionados.

Algo que el juzgado de Abu Dabi debía compartir, ya que se consideró competente para conocer del asunto, condenando a la demandada a pagar casi tres millones de euros más intereses y costas.

Desde la perspectiva de Ovidiu, aquello era un plan perfecto.

Había pasado del arbitraje, había demandado en una jurisdicción que no era la correcta y había colado.

Oberlin, sin embargo, sostenía que todo aquello se había conseguido incumpliendo la cláusula arbitral.

Así que acudió a la DIAC y solicitó el nombramiento urgente de un árbitro de emergencia.

El árbitro examinó el contrato entre ambas empresas y concluyó que la cláusula arbitral seguía siendo válida.

Por ello, dictó una ‘anti-suit injunction’ contra Ovidiu, solicitando la suspensión del procedimiento en Abu Dabi y que no realizara más actuaciones para ejecutar la sentencia.

Pero los de Ovidiu no le hicieron el más mínimo caso y siguieron con la ejecución a toda máquina.

Teniendo la sentencia abudabiense en el bolsillo, poco les importaba lo que dijera el árbitro.

Y aquí es donde ponemos la directa en nuestro autobús particular.

Porque Oberlin acudió entonces a los ‘DIFC Courts’, la sede judicial propia del DIAC.

Y los tribunales dictan otra ‘anti-suit injunction’.

O mejor dicho, una ‘anti-enforcement injunction’ que prohíbe seguir el procedimiento de ejecución de la sentencia de Abu Dabi.

Es decir, una orden judicial dirigida personalmente a Ovidiu para que no siga por el camino equivocado.

Ojo que los tribunales del ‘DIFC’ no pretendían mandar sobre los jueces de Abu Dabi.

Porque la orden emplazaba a Ovidiu a respetar el contrato que había firmado.

Pero la verdad es que tampoco hicieron mucha mella en tan dura jeta.

Y para más inri consiguieron ejecutar la sentencia abudabiense, algo que siempre alegra al cliente.

¿Qué haría usted ante semejante follón jurisdiccional?

Pues ahora veremos qué decidieron hacer los de la compañía demandada.

Una decisión muy inglesa, por cierto, y que a algunos les recordará a algún que otro caso.

“Y DOS HUEVOS DUROS”

Viendo cómo se había quedado la tarde, los de Oberlin decidieron que lo mejor era cumplir con el contrato puro y duro.

Por eso, iniciaron un arbitraje ante el DIAC para recuperar lo pagado a Ovidiu y reclamarles los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento del convenio arbitral.

Es decir, no reclamaba por la disputa económica derivada de las obras, sino por el daño causado por haber sido demandada indebidamente ante los tribunales de Abu Dabi.

Pues así es como se puso en marcha el arbitraje.

Y, a diferencia del caso que ustedes tienen en mente,  cuando se notificó a los de Ovidiu, estos comparecieron y participaron en el arbitraje.

En efecto, Ovidiu presentó su defensa y discutió tanto la competencia del tribunal arbitral como el fondo de las reclamaciones de Oberlin.

Su argumento principal fue que el árbitro carecía de competencia porque los tribunales de Abu Dabi ya habían resuelto la disputa.

Aquella sentencia, decían, producía efecto de cosa juzgada y Oberlin, por su conducta durante el procedimiento en Abu Dabi, había renunciado, además, a oponerse a esa jurisdicción invocando la cláusula arbitral.

Bueno, pues así es como llegamos al laudo.

Así fue como el árbitro único, Rohit Singhal, ordenó, a finales de 2025, a Ovidiu que devolviera las cantidades obtenidas mediante la sentencia de Abu Dabi, así como intereses y las costas.

Esto dio inicio a un pifostio aún mayor, ya que Ovidiu consideró que el laudo arbitral atacaba directamente una sentencia firme dictada y ejecutada por los tribunales de Abu Dabi.

Desde su perspectiva, su victoria se debía a una sentencia dictada por un tribunal de los Emiratos y finalmente ejecutada.

Pero después tenemos el laudo de Rohit Singhal que condena a Ovidiu a pagar a Oberlin una cantidad equivalente a la cobrada en Abu Dabi.

Y es que, aunque jurídicamente el árbitro no anulaba aquella sentencia, el efecto económico era evidente.

Porque el laudo estaba privando de eficacia a una sentencia firme de los tribunales de los Emiratos.

Para Ovidiu, existía un conflicto entre decisiones, se vulneraba la cosa juzgada y la condena podía ser contraria al orden público de los Emiratos.

Por eso, nada más recibir el laudo, a principios de 2026, Ovidiu acudió a los tribunales ordinarios de Dubái y pidió su anulación.

Pretendía que estos tribunales  examinaran si un laudo dictado por el DIAC podía obligarles a devolver, en forma de indemnización, lo que había obtenido mediante una sentencia firme de Abu Dabi.

Ahí comenzó el segundo follón, mucho peor que el primero.

Hasta la semana que viene, mis queridos anglófilos.

Josep Gálvez es «barrister» en las Chambers de 4-5 Gray’s Inn Square en Londres y abogado español. Está especializado en litigios comerciales complejos y arbitrajes internacionales. Interviene ante los tribunales de Inglaterra y Gales, así como en España, y actúa también como ‘counsel’ y árbitro en disputas internacionales en las principales instituciones de arbitraje.

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