«Vamos a apoyar a Ucrania todo el tiempo que haga falta» — Joe Biden, rueda de prensa de clausura de la cumbre de la OTAN, Madrid, 30 de junio de 2022.
El 13 de noviembre de 2026, en Dublín, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció que Europa tendrá por fin quien hable por ella en las negociaciones para terminar la guerra de Ucrania: un equipo formado por las instituciones de la Unión y cinco países de la llamada coalición de voluntarios, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia.
La víspera, cuarenta Estados habían suscrito una declaración según la cual todo asunto que afecte a la seguridad europea debe decidirse con los europeos.
Emmanuel Macron resumió la situación con una franqueza que hace no tanto habría provocado un incidente diplomático: sin los europeos no hay apoyo a Ucrania, porque ya no hay apoyo de Estados Unidos. España, dicho sea de paso, no figura en el equipo.
La respuesta de Moscú llegó el mismo viernes por boca de Dmitri Peskov: antes de decidir si se admite a los europeos en futuras negociaciones, Europa debe demostrar su «voluntad de contribuir al proceso de paz».
La frase merece una segunda lectura. El agresor examina al continente que ha financiado la resistencia del agredido y le exige credenciales de pacificador. Donald Tusk, a quien nadie puede acusar de complacencia con el Kremlin, había advertido el día anterior que llamar negociaciones a lo que está ocurriendo es una exageración.
La escena tiene la ironía amarga de los finales mal escritos. Durante casi cinco años, sentarse a hablar con Rusia fue en Bruselas, con contadas excepciones, sospechoso de claudicación; en mayo de este mismo año, la alta representante Kaja Kallas proclamaba que Europa nunca sería un mediador neutral.
Hoy la Unión pide asiento en una mesa que no ha convocado, cuyo orden del día fijan Washington y Moscú, y a la que llega con menos cartas que en cualquier momento desde 2022.
La pregunta que nadie formuló en voz alta en Dublín es la única que importa: por qué la paz que se negocia en 2026 tenía que esperar a 2026, y quién responde de la espera.
La agresión de Putin y la estrategia de Occidente
Conviene empezar por lo indiscutible, porque sin ello todo lo demás pierde autoridad. La guerra la decidió Vladímir Putin. Fue él quien ordenó la invasión del 24 de febrero de 2022, en abierta violación de la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, y fue él quien, en el verano de 2021, publicó un ensayo sobre la «unidad histórica» de rusos y ucranianos que negaba a Ucrania la condición de nación con destino propio.
Nada de lo que sigue lo exculpa.
La responsabilidad exclusiva de Putin por la agresión no exime a los dirigentes occidentales de responder por su propia estrategia. Y esa estrategia, con sus objetivos, sus medios y su duración, se diseñó en Washington, bajo la presidencia de Joe Biden, y Europa se limitó a suscribirla.
Biden será recordado, en este capítulo, como un presidente que confundió la solemnidad con la estrategia y la firmeza retórica con la capacidad de dirigir una guerra hacia algún sitio.
La Unión Europea, como el aliado que firmó cada consigna sin preguntar adónde conducía.

El invierno de la puerta abierta
El 17 de diciembre de 2021, con cerca de 100.000 soldados rusos junto a la frontera ucraniana, Moscú hizo públicos dos proyectos de tratado: uno con Estados Unidos y otro con la OTAN.
Exigía el fin de la ampliación de la Alianza, el veto definitivo a la entrada de Ucrania y la retirada de fuerzas y armamento de los países que se incorporaron tras la Guerra Fría. Buena parte de aquello era inaceptable, y su tono se parecía más al de un ultimátum que al de una propuesta.
El 26 de enero de 2022, Washington y la OTAN respondieron por escrito. Ofrecían conversaciones sobre control de armamentos, misiles de alcance intermedio y transparencia en las maniobras; sobre la cuestión central no se movieron un milímetro. Antony Blinken lo dejó claro ante la prensa: la política de puertas abiertas se mantenía, y no ha bía cambio alguno.
Se dirá que no cabía otra respuesta, que ninguna alianza puede conceder a un tercero un veto sobre sus futuros miembros. En el plano de los principios, es cierto. En el de la política, que es donde se evitan las guerras, conviene recordar que la adhesión de Ucrania no figuraba en ningún calendario realista de la Alianza y que Francia y Alemania ya le habían negado el plan de acción para la adhesión en la cumbre de Bucarest de 2008.
Se defendía con intransigencia una puerta que nadie pensaba abrir a corto plazo, y ni siquiera se aceptó explorar, como hipótesis de trabajo, una moratoria sin coste inmediato para la Alianza. Si aquella negativa cerró una posibilidad real de evitar la guerra es una pregunta que todavía exige respuesta. Formularla no equivale a dar la razón a Putin; equivale a negarse a que la conducta de Putin sea la única que se examina.
A la rigidez en los principios se sumó la torpeza en la ejecución. El 19 de enero de 2022, en la rueda de prensa de su primer aniversario en la Casa Blanca, Biden distinguió entre una invasión a gran escala y una «incursión menor», que dejaría a los aliados discutiendo qué hacer y qué no hacer.
Su portavoz tuvo que enmendarle en cuestión de horas. Inflexible en lo que podía negociarse, ambiguo en lo que debía disuadir: una combinación poco apta para impresionar a quien estaba decidiendo si cruzar la frontera.
Estambul, la vía que no se respaldó
El 29 de marzo de 2022, cinco semanas después de la invasión, las delegaciones rusa y ucraniana reunidas en Estambul alumbraron un comunicado que trazaba el esqueleto de un acuerdo: Ucrania sería un Estado permanentemente neutral y no nuclear, sin bases ni tropas extranjeras, a cambio de garantías de seguridad multilaterales.
Samuel Charap y Sergey Radchenko, que reconstruyeron aquellas conversaciones en Foreign Affairs con acceso a los borradores, concluyeron que ambas partes llegaron a contemplar concesiones extraordinarias, y que Occidente, en lugar de acoger el comunicado y el proceso que abría, intensificó la ayuda militar y la presión sobre Moscú.
No conviene, sin embargo, convertir Estambul en leyenda. Las garantías que reclamaba Kiev iban más allá de lo que Washington estaba dispuesto a ofrecer; los ucranianos no consultaron a sus aliados hasta después de publicado el comunicado; a primeros de abril el mundo vio las fosas de Bucha.
David Arakhamia, que encabezaba la delegación ucraniana, contó que Boris Johnson se presentó en Kiev el 9 de abril y les aconsejó no firmar nada y seguir luchando, pero admitió en la misma entrevista que su delegación no tenía intención de firmar en ningún caso. Johnson lo niega, y Zelenski también.
Estambul no fue, por tanto, una paz firmada y saboteada. Fue algo menos novelesco y quizá más grave: una vía que los aliados occidentales, que tenían poder para sostenerla, prefirieron no respaldar.
Y no fue la única ocasión. El 9 de noviembre de 2022, el mismo día en que Moscú anunciaba su retirada de Jersón, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo en el Club Económico de Nueva York que cuando hay una oportunidad de negociar y la paz puede lograrse, hay que aprovecharla.
La Casa Blanca se apresuró a desmarcarse de su máximo responsable militar. Era probablemente el momento de mayor fuerza ucraniana de toda la guerra, aquel en que Kiev podía negociar desde una posición de ventaja. Washington no la impulsó, y Kiev, que aspiraba a recuperar todo su territorio, protestó por las palabras del general.
Debilitar a Rusia, sin decir cómo
El 25 de abril de 2022, de regreso de Kiev, el secretario de Defensa Lloyd Austin formuló en Polonia el objetivo con una claridad que la Casa Blanca presentó después como coherente con sus propios fines: Washington quería ver a Rusia «debilitada» hasta el punto de no poder repetir lo que había hecho al invadir Ucrania.
Dos meses después, en Madrid, Biden fijó el horizonte temporal: todo el tiempo que haga falta. Un objetivo máximo y un plazo indefinido. Lo que no se enunció con claridad fue el camino entre ambos, la teoría de la victoria que debía conectar la ayuda entregada con el resultado prometido.

Los medios, además, llegaron racionados. Los carros de combate occidentales se comprometieron a comienzos de 2023; los F-16 empezaron a operar en 2024; la autorización para emplear misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso llegó en noviembre de 2024, a dos meses de que Biden abandonara la Casa Blanca.
A mi juicio, buena parte de esos sistemas llegó cuando ya servía más para resistir que para ganar. Una guerra con objetivos maximalistas y medios a cuentagotas no es una estrategia; es un desgaste con el calendario abierto, cuya factura se cobra en vidas ajenas.
Y el «todo el tiempo que haga falta» duró exactamente lo que duró su mandato. En 2025, según el Kiel Institute, la ayuda militar estadounidense a Ucrania cayó un 99 %. La promesa se pronunció en nombre de un país; la sostuvo un presidente, y se marchó con él. El absurdo no fue apoyar a Ucrania. El absurdo fue comprometer a Europa en una guerra de objetivos ilimitados bajo la dirección de un aliado cuyo compromiso tenía, por la propia naturaleza de su sistema político, fecha de caducidad.
La objeción que hay que tomarse en serio
El argumento contrario es fuerte y merece exponerse en su mejor versión. Ucrania existe hoy como Estado soberano porque recibió armas; sin ellas, Kiev quizá habría caído en semanas. Negociar en la primavera de 2022 desde la debilidad podía equivaler a capitular, y nada garantizaba que Putin respetara una neutralidad ucraniana cuando ya había anexionado Crimea pese a haberse comprometido a respetar la integridad territorial de Ucrania en el Memorándum de Budapest de 1994.
Las exigencias rusas en las conversaciones de Abu Dabi del 10 y 11 de noviembre siguen siendo maximalistas: reconocimiento de Crimea y de las cuatro regiones que Moscú dice haberse anexionado, y retirada ucraniana incluso de zonas que Rusia nunca ha controlado.
Quien sostiene que con este Kremlin no había nada que negociar tiene en esos datos su mejor prueba.
La objeción es seria, y precisamente por eso no salva la estrategia. Ayudar a Ucrania a resistir era una obligación política y moral para Europa, y lo sigue siendo. Lo que no era obligatorio era renunciar a la diplomacia mientras se resistía, ni proclamar objetivos que los medios entregados no podían alcanzar.
Kiev tenía razones propias para seguir combatiendo; eso no eximía a sus aliados de explicar qué objetivos estaban dispuestos a sostener y con qué medios. Que Putin sea un interlocutor execrable no convierte en acertada cualquier respuesta a Putin. Las guerras con agresores evidentes también pueden conducirse mal, y quien las conduce mal también tiene que responder.
La cuenta
El balance no admite retórica. Según el Center for Strategic and International Studies, las bajas militares de ambos bandos, entre muertos y heridos, superaban ya los dos millones en julio de 2026; las ucranianas se estiman entre 525.000 y 625.000, de las cuales entre 125.000 y 150.000 son muertos.
A ello se suman las víctimas civiles, las ciudades arrasadas y un país que ha perdido en torno a una cuarta parte de la población que tenía antes de la guerra.
Europa, por su parte, ha asignado a Ucrania más de 200.000 millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria entre enero de 2022 y febrero de 2026, según el Kiel Institute, a los que se añade el préstamo de 90.000 millones para 2026 y 2027.
En el primer semestre de este año, los donantes europeos compraron al menos 3.000 millones en armamento a la industria estadounidense, en torno al 30 % de su ayuda militar adquirida a la industria.
Ya expliqué en septiembre la factura energética de esta guerra y quién la cobra; no la repetiré. Basta añadir que el continente que más ha pagado es el que llega último a la mesa, y que llega de la mano de un mediador que ya no lo protege.
Sumisión es una palabra dura, pero no encuentro otra más exacta para describir a una Unión que adoptó como propios los objetivos de Washington, que nunca formuló una estrategia de salida y que descubrió la necesidad de negociar el día en que Washington dejó de pagar.
La autonomía estratégica que tanto se invoca en los consejos europeos empieza por algo muy elemental: decidir uno mismo cuándo una guerra ha dejado de servir a sus fines.
Una comisión Chilcot para Ucrania
Hay un precedente que debería incomodar a más de una cancillería. El 15 de junio de 2009, Gordon Brown anunció una investigación pública sobre la participación británica en la guerra de Irak.
Presidida por sir John Chilcot, publicó su informe el 6 de julio de 2016: 2,6 millones de palabras para llegar a una conclusión que cabe en una línea. El Reino Unido decidió sumarse a la invasión antes de haber agotado las opciones pacíficas, y la acción militar no fue entonces el último recurso.
Ucrania plantea la pregunta en espejo, y no es menos grave: si se exploraron seriamente las posibilidades de alcanzar una paz aceptable para Kiev. Las herramientas existen.
El artículo 76 de la Constitución permite al Congreso y al Senado nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, y otros Parlamentos nacionales disponen de instrumentos equivalentes.
No se trata de juzgar a nadie ni de cuestionar la ayuda a Ucrania, sino de que alguien explique con documentos qué información se manejó en el invierno de 2021, qué se valoró en la primavera y el otoño de 2022, quién decidió que no era momento de negociar y con qué objetivo.
No me consta que ningún Parlamento europeo haya abierto una investigación de ese alcance. Es ahí donde los ciudadanos pueden y deben exigir que respondan quienes, por acción o por seguidismo, tomaron decisiones que se han pagado con tanto dolor, tanto dispendio y tanta desazón.
La responsabilidad política no prescribe con el relevo en la Casa Blanca, ni con el cambio de rostros en Bruselas. Biden se marchó dejando la guerra a su sucesor, y su sucesor la negocia en términos que Europa no eligió. Quedan en Europa quienes la acompañaron en cada paso.
Biden lo prometió en Madrid: todo el tiempo que haga falta. Nunca dijo quién pagaría ese tiempo. Ahora lo sabemos. Falta saber quién responde de él.