«No se nace sabiendo ser juez, hay que practicar, ensayar, y para eso está la Escuela Judicial» — Jorge Jiménez, director de la Escuela Judicial, a la 73.ª promoción de la Carrera Judicial, 10 de enero de 2023.
La mesa se titulaba «Independencia judicial y politización», y el 13 de noviembre empezó como suelen empezar estas mesas: diagnósticos conocidos y preocupaciones compartidas. En el Hotel ME de Marbella, en las III Jornadas Jurídicas de Okdiario, cuatro jueces que han estado en el centro de la actualidad reciente se repartían el turno de palabra.
Hasta que uno de ellos, David Maman, titular de la plaza 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, dejó de diagnosticar y contó un hecho.
Según relató, antes de que el Consejo General del Poder Judicial le abriera expediente disciplinario, el director de la Escuela Judicial le llamó por teléfono para pedirle que renunciara a seguir tutelando las prácticas de los alumnos de la Escuela en materia de violencia de género.
Maman preguntó por las razones. No hubo más que una: «se habían recibido llamadas». Al otro lado del teléfono, contó, ya no había argumentos.
Conviene fijar desde el principio el estatuto de lo que sigue. Lo que se sabe de esa llamada se sabe por el relato de uno de sus dos interlocutores, hecho en público ante un auditorio de juristas.
La Escuela no había dado su versión cuando se escribieron estas líneas, y esta columna la tendrá por buena el día que la ofrezca. Pero el relato no describe una intención, sino un procedimiento. Y encaja en una secuencia que no depende de la palabra de nadie, porque está documentada.
Tres piezas y un orden
La primera pieza es la llamada. Un juez que todavía no tenía expediente abierto recibe del director de la Escuela la petición de que se retire de la formación de los futuros jueces, con una única razón: que alguien había llamado.
La segunda es la queja. No la presentó un justiciable agraviado ni una asociación, sino la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, titular de una dirección general del Ministerio de Igualdad cuya función es proponer la política del Gobierno en esa materia.
El objeto de la queja era lo que Maman había dicho en un curso del Colegio de la Abogacía de Madrid, y no voy a suavizarlo: habló de las «ventajas» de la denunciante, del abogado de oficio que se le asigna «aunque tenga un millón de euros en la cuenta», y remató con una pregunta, «¿pero qué pierde?», que muchos oyeron como una sospecha general sobre las denuncias.
La tercera es el expediente. El Promotor de la Acción Disciplinaria, a quien la ley atribuye la iniciación e instrucción de los expedientes disciplinarios, propuso archivar: entendía que aquellas manifestaciones estaban amparadas por la libertad de expresión del magistrado y que no encajaban en ninguno de los tipos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El 22 de septiembre, la Comisión Permanente le ordenó lo contrario. Lo hizo por mayoría, y esa mayoría la formó el voto de calidad de su presidenta. Cuatro vocales anunciaron voto particular. Ya escribí sobre aquel acuerdo, pero entonces me faltaba la primera pieza.
Ninguna de las tres, aislada, es ilegal. El Gobierno puede quejarse como cualquiera; el voto de calidad existe para deshacer empates; un director puede hablar con un tutor.
Pero el orden importa, y el orden dibuja una línea que va del Ejecutivo al juez y que atraviesa dos órganos del Consejo: primero la Escuela, que intenta apartarlo sin dictar acto alguno; después la Permanente, que le abre expediente contra el criterio de su propio Promotor.
En el último eslabón, quien inclina la balanza es la presidenta del órgano que la Constitución creó precisamente para que el gobierno de los jueces no estuviera en manos del Gobierno.
Lo que se aprende en una escuela de jueces
La Escuela Judicial no es una academia de oposiciones. Quien llega a ella ya ha demostrado que sabe Derecho; lo que aprende allí es otra cosa, más difícil de enseñar y casi imposible de examinar. Lo dijo bien uno de sus directores en la frase que encabeza esta columna: no se nace sabiendo ser juez.
Se aprende practicando y, sobre todo, mirando. Para eso existe la fase de prácticas tuteladas, en la que el juez adjunto trabaja bajo la supervisión de un tutor que es el titular del órgano en que hace las prácticas y al que, según describe la propia Escuela su sistema, designa previamente el Pleno del Consejo.
Ese detalle, que parece de intendencia, es el centro del asunto. Pedir a un tutor que renuncie tiene una ventaja evidente sobre apartarlo: la renuncia la firma el tutor y no quien la pide.
No exige acuerdo, ni motivación, ni un órgano que responda de ella. Si el tutor cede, ha sido voluntario. Si no cede, no ha pasado nada. Y lo que aprenden los jueces en prácticas no lo imparte el tutor apartado, sino el modo de apartarlo: que discrepar tiene un coste, que el coste no se anuncia y que se cobra por teléfono.
En su día se me ofreció dirigir la Escuela Judicial, y no acepté. Me alegro de no haberlo hecho. Mi objetivo primordial habría sido formar jueces valientes, capaces de dictar la resolución que la ley exige aunque incomode a quien tiene poder para incomodarles, y no jueces que piensen lo correcto, porque lo correcto lo decide en cada pleito la ley aplicada a la prueba, y eso no se enseña con un catecismo.
Formar es dar criterio. Adoctrinar es dar las respuestas y vigilar que se repitan. La diferencia no está en el temario, sino en lo que le ocurre al profesor que se sale de él. Y la valentía, me temo, cotiza a la baja. No se buscan jueces valientes; se buscan jueces obedientes.
Lo que dirán quienes defienden al Consejo
Sería deshonesto no conceder a la posición contraria lo que tiene de razón. Las palabras de Maman no eran inocuas. Un juez de violencia sobre la mujer que pregunta en público qué pierde una denunciante transmite, como mínimo, una sospecha, y la sospecha generalizada sobre las víctimas es lo que la Ley Orgánica 1/2004 quiso desterrar de los juzgados.
Esa misma ley, en su artículo 47, obliga al Consejo a asegurar una formación específica sobre igualdad y violencia de género en los cursos de jueces y magistrados. Es legítimo que la Escuela se pregunte a quién confía esa formación, y elegir tutores no es censurar.
Se dirá también que abrir un expediente no es sancionar, que los cuatro votos particulares prueban que hubo deliberación y que solo conocemos la versión de una parte interesada.
Y se señalará el foro: las jornadas las organiza un periódico de línea editorial muy marcada, se ha publicado que ofrece hasta mil euros a los jueces que intervienen en ellas, y Maman archivó en 2022 la querella de Pablo Iglesias e Irene Montero contra un redactor de ese mismo medio. Quien quiera desacreditar el relato empezará por ahí.
Todas esas objeciones tienen algo en común: cada una responde a una pieza y ninguna a la secuencia. Si las frases del curso eran reprochables, el cauce era el expediente, no una llamada previa. Si un tutor no es idóneo, lo decide el Pleno que lo designó, con un acuerdo motivado y oyendo al interesado; eso no es censura, es gobierno.
Si el foro es discutible, lo será para juzgar la oportunidad de que un juez hable allí, no para decidir si lo que cuenta ocurrió. Y cuando un órgano del Gobierno se queja de lo que un juez dijo en un curso y el Promotor concluye que no hay falta, el Consejo tiene que elegir a quién da la razón.
Ante el empate, la presidenta eligió dar curso a la queja del Ejecutivo. Es legal. No es para lo que existe el Consejo, porque la independencia de un órgano de gobierno no se mide en los casos fáciles, sino precisamente en los que se deciden por un voto.
El teléfono como procedimiento
Todo juez sabe, porque lo aplica cada semana, que los actos que limitan derechos o intereses se motivan, y se motivan por escrito. La motivación obliga a quien decide a decir por qué, y lo que se dice puede discutirse, recurrirse y, en su caso, anularse.
La llamada telefónica es su exacto contrario: produce el efecto sin dejar el acto. Nadie ha decidido nada, nadie tiene que justificar nada y nadie puede impugnar nada. A un juez sin expediente no se le estaba adelantando una sanción; se le estaba imponiendo sin procedimiento.
Por eso la única explicación que, según Maman, recibió es la frase más grave del episodio. «Se han recibido llamadas» no es un argumento: es una indicación de procedencia. No sé de dónde vinieron esas llamadas y no voy a suponerlo.
Pero el Consejo sí puede saberlo, y la secuencia le obliga a decirlo. Si una presión externa precedió al intento de apartar al juez de la Escuela y la queja de un órgano del Gobierno precedió al expediente, preguntar si ambas tienen el mismo origen no es una insinuación. Es la pregunta mínima que cualquier juez haría ante esos hechos.
Lo que el Consejo debe explicar
La Escuela Judicial está integrada en el Consejo, del que depende orgánica y presupuestariamente, y su director fue nombrado por el Pleno. No hay, por tanto, a quién trasladar la responsabilidad.
El Consejo debe explicar, con fechas, quién llamó a la Escuela y qué se pidió en esas llamadas; si el director actuó por iniciativa propia o informó antes a la presidencia o a la Comisión Permanente; si alguien de la Delegación del Gobierno o del Ministerio de Igualdad tuvo contacto con la Escuela en relación con este juez; y si los vocales que votaron el 22 de septiembre conocían la llamada cuando votaron.
Son cuatro preguntas que caben en una nota de una página, pero la nota no bastará por sí sola. Si el relato de Maman es inexacto, el Consejo tendrá que desmentirlo con pruebas claras que lo acrediten, porque un desmentido sin pruebas no es una respuesta: es otra versión.
Mientras esa nota no llegue, los ciudadanos y los juristas tenemos razones para estar muy alarmados. No porque esté probado que el Consejo obedece al Gobierno, que no lo está y no lo afirmaré sin pruebas, sino por algo que sí está a la vista.
Un Consejo que, ante la queja de un órgano del Gobierno contra un juez, da la razón al Gobierno frente a su propio Promotor, y que no explica qué hizo antes su Escuela con ese mismo juez, está aceptando que el Ejecutivo marque el paso, por acción o por omisión. En un órgano de garantía, lo que se transmite forma parte de lo que se es.
El riesgo más serio de esta etapa, y lo es mucho, es que este Gobierno acabe con la independencia judicial, y eso no puede pasar. No hará falta una ley que la suprima: basta con que las quejas del Ejecutivo encuentren eco en el órgano que debería pararlas. El 29 de noviembre los ciudadanos tenemos un desafío muy serio, y la independencia de quienes nos juzgan forma parte de lo que se decide ese día.
La lección que no estaba en el plan
Volvamos a la frase del epígrafe, que es buena. No se nace sabiendo ser juez: se aprende practicando, ensayando y mirando a quienes ya lo son.
Las promociones que pasan por la Escuela juzgarán dentro de pocos años asuntos de violencia sobre la mujer que exigen firmeza con el agresor, protección real para la víctima y la serenidad de valorar cada caso con su prueba. Para eso necesitarán exactamente la virtud que una llamada como esta enseña a esconder.
Ya han aprendido algo que no figuraba en el plan docente: que en la casa donde se forman los jueces, cuando suena el teléfono, alguien descuelga y transmite. Falta saber si el Consejo les enseñará la lección contraria, que es la única que justifica tener una escuela: hay llamadas a las que un juez no contesta. Y un Consejo, tampoco.
