«Con especial beneplácito nos hemos congregado, por primera vez en la historia, para examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontan nuestros países» — Declaración de Guadalajara, I Cumbre Iberoamericana, 19 de julio de 1991.
Hay dos fotografías que conviene mirar juntas. La primera se tomó el 18 de abril de 2026 en la Fira de Barcelona. Pedro Sánchez aparece rodeado de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, el encuentro de dirigentes progresistas que el presidente del Gobierno convocó como anfitrión.
Para Sheinbaum era su primer viaje a Europa desde que asumió la presidencia de México.
La segunda se tomó el 5 de noviembre en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, durante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana. Ni Lula ni Sheinbaum ni Petro estaban en ella. Brasil envió a su canciller; México, al suyo; Colombia, a su vicepresidente.
Siete meses separan las dos imágenes, y no es la geografía lo que explica la diferencia. Lo que cambió fue la naturaleza de la invitación.
De los 22 países de la comunidad iberoamericana, 10 estuvieron representados por su jefe de Estado o de Gobierno. Un mes antes, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, había anunciado entre 18 y 20 mandatarios y una asistencia «absolutamente inédita».
La distancia entre la previsión y el resultado es una medida bastante fiel de lo que hoy pesa España en el foro que ella misma ayudó a crear.
La cumbre lleva años perdiendo fuerza, y no toda la culpa es de Madrid. Pero lo ocurrido revela algo más preocupante que el declive de un foro. España ha dejado de comportarse como la casa común de Iberoamérica y se ha convertido en una de las partes. Y una parte no convoca: recluta.
Cuando fueron todos
Conviene recordar de dónde venimos. En Guadalajara, en julio de 1991, se sentaron por primera vez a la misma mesa los jefes de Estado y de Gobierno de 21 países de lengua española y portuguesa.
Fueron todos.
Fidel Castro compartió foto con Carlos Menem, Carlos Salinas y Fernando Collor; el Rey se entrevistó con él por primera vez.
Un año después, en Madrid, en pleno Quinto Centenario, la segunda cumbre reunió a casi la totalidad de los presidentes latinoamericanos.
Aquello no fue un milagro diplomático. Fue el resultado de una posición que España se había ganado. Acababa de entrar en la Comunidad Europea, su Transición era observada en medio continente como un modelo y, sobre todo, no era parte de ninguna de las querellas americanas.
Tenía intereses, desde luego, y los defendía. Pero en Madrid podían coincidir un dictador caribeño y un presidente liberal argentino sin que ninguno de los dos sintiera que pisaba la casa del adversario. Ese era el capital.
Ese capital se administró durante años por encima de los cambios de gobierno.
El episodio más recordado de la historia de las cumbres lo ilustra bien. En Santiago de Chile, en 2007, Hugo Chávez llamó fascista a José María Aznar, y quien salió a defenderlo fue su sucesor y adversario político, José Luis Rodríguez Zapatero.
El «¿por qué no te callas?» del Rey vino después. Se recuerda la frase; se olvida lo que la precedió. Un presidente socialista defendió en un foro internacional la dignidad de un expresidente conservador, porque entendía que, fuera de casa, lo que se ofendía era a España.
Lo que no es culpa de Madrid
Sería injusto atribuir todo el deterioro al Gobierno actual, y conviene exponer el argumento contrario en su mejor versión.
El declive empezó mucho antes. En Asunción, en 2011, faltaron diez de los veintidós mandatarios. En Panamá, en 2013, faltaron más de la mitad. La propia comunidad decidió en 2014, en Veracruz, que las cumbres pasaran a ser bienales, en parte para alternarlas con las de la Unión Europea y la CELAC y en parte para «latinoamericanizar» un foro que se percibía demasiado ibérico.
América Latina tiene hoy sus propios espacios, está muy polarizada y vive atrapada en el pulso entre Washington y Pekín. Nada de eso se decide en la Moncloa.
Las ausencias de Madrid también tienen explicaciones concretas. Lula acababa de ser reelegido. Sheinbaum adujo la cumbre de la APEC en China, a mediados de noviembre. Y la cita de Cuenca, en 2024, había dejado el listón en el suelo: cuatro jefes de Estado y una declaración política que no logró el consenso.
Frente a aquello, el Gobierno puede exhibir 10 mandatarios, la presencia de António Guterres y António Costa, la visita sorpresa de Volodímir Zelenski y una Declaración de Madrid de veinte puntos aprobada por los veintidós.
Es cierto que Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se desmarcaron del párrafo que rechaza la coerción entre Estados. Pero hay texto común, una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y una red ante desastres naturales. Allamand lo llamó la cumbre «de la reafirmación». Son argumentos serios y deben constar.
El anfitrión que eligió bando
Lo que la estructura no explica es el contraste entre Barcelona y Madrid. Los mismos dirigentes que cruzaron el Atlántico en abril para acudir a una convocatoria de familia política no lo cruzaron en noviembre para acudir a la del Estado.
La lectura es incómoda, pero difícil de evitar: los aliados de Sánchez le tratan como al jefe de una corriente, no como al anfitrión de la casa. Quien viaja para el partido y no para el Estado sabe perfectamente distinguir uno de otro.
Los adversarios, en cambio, sí vinieron, aunque no exactamente a cooperar. Javier Milei había llamado a Sánchez «impresentable dictador» en Madrid apenas dos semanas antes. Sánchez le respondió, en vísperas de la cumbre, que España se gobierna desde España y no desde Buenos Aires.
Y en el plenario, Milei equiparó socialismo y fascismo. Ambos convirtieron la cita en un escenario más de la campaña del 29 de noviembre.
No se trata de repartir culpas a partes iguales. Milei es un huésped que ha hecho del insulto un método, y eso no tiene excusa. Pero el anfitrión tiene un deber que el huésped no tiene. El invitado puede comportarse mal; el anfitrión no puede responder en el mismo tono y seguir siendo anfitrión.
En el momento en que lo hace, la cumbre deja de ser el lugar donde se encuentran todos y pasa a ser el lugar donde se enfrentan unos con otros.
A ello se sumó la invitación a Delcy Rodríguez. El Gobierno pasó meses buscando una excepción al régimen de sanciones de la Unión Europea para traer a Madrid a una dirigente sancionada.
Lo hizo frente al Parlamento Europeo, frente a la oposición y frente a decenas de organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Al final, ella no vino y mandó a su canciller. Se gastó mucho capital político en una silla que se quedó vacía. Y se gastó, además, en la causa que más divide a la región, justo cuando el anfitrión necesitaba presentarse como terreno neutral.
Lo que España tenía de singular en Iberoamérica nunca fue el dinero ni la fuerza. Otros tienen más de ambas cosas, y China y Estados Unidos lo demuestran cada día. Lo singular era ser el único lugar donde todos podían sentarse sin sentirse en territorio enemigo. Ese activo no se pierde por una mala cumbre. Se pierde cuando el país que lo administra empieza a usarlo como munición doméstica.
Quedó, eso sí, una institución que todos siguieron tratando como de todos: la Corona, que presidió el plenario. Es un activo valioso y también un síntoma. Cuando la neutralidad de un país descansa en una sola institución, es que el resto ha dejado de ejercerla.
Lo que España puede hacer
En mayo, a propósito de la necesidad de rehacer nuestra política exterior, sostuve que la vieja doctrina de España como «puente» entre Europa y América Latina estaba agotada y que la política exterior debía volver a Exteriores. Madrid confirma el diagnóstico y permite concretar algunos remedios.
El primero es un pacto de Estado sobre Iberoamérica entre los dos grandes partidos. No para pensar igual sobre Venezuela o Cuba, que no lo harán, sino para fijar una línea mínima que sobreviva a los cambios de gobierno y para dejar la región fuera de la contienda electoral.
Si un presidente de un color sabe que su sucesor de otro color mantendrá los compromisos, sus interlocutores americanos también lo sabrán. Esa previsibilidad vale más que cualquier gesto.
El segundo es separar con claridad la familia política de la diplomacia del Estado. Un presidente del Gobierno puede tener afinidades ideológicas y cultivarlas. Lo que no puede es convocar a su familia con el protocolo del Estado y pretender después que los demás sigan creyendo en la neutralidad de la casa.
Iberoamérica debe tratar con Argentina aunque la gobierne Milei, con Chile aunque la gobierne Kast y con México aunque lo gobierne Sheinbaum. La política exterior de un Estado no elige a sus interlocutores por afinidad; los trata a todos por igual, porque representan a sus países.
El tercero es medir el éxito por lo que se cumple y no por quién sale en la foto. La comunidad iberoamericana funciona mejor por debajo de las cumbres de jefes de Estado que en ellas.
El mejor ejemplo es la Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne a las cortes y tribunales supremos y a los consejos de la judicatura de la región y que ha producido, sin fotos presidenciales, textos tan influyentes como el Código Iberoamericano de Ética Judicial o las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas vulnerables.
Lo mismo ocurre en la cooperación entre fiscalías y ministerios, en la movilidad de estudiantes y profesores o en la protección civil. Quien ha trabajado en esa cooperación sabe que allí la ideología pesa poco y la confianza mucho.
Madrid aprobó una Alianza de Inteligencia Artificial, una Carta de Movilidad Académica y una red ante desastres. Cuando Honduras acoja la próxima cumbre, en 2028, la pregunta útil no será cuántos presidentes viajan, sino cuántos de esos acuerdos están funcionando.
El cuarto es recuperar la reserva. Durante décadas, España habló poco y convocó mucho. Hoy habla mucho y convoca poco. Un país que aspira a reunir a todos tiene que renunciar a ganar todas las discusiones, empezando por las que le plantean sus propios invitados.
La Declaración de Guadalajara arrancaba con un verbo en primera persona del plural: «nos hemos congregado». Treinta y cinco años después, la comunidad conserva el plural en los documentos —la Declaración de Madrid habla en nombre de los veintidós—, pero lo ha perdido en las sillas.
La casa sigue en pie y nadie la ha cerrado. Lo que le falta es alguien que abra la puerta sin preguntar antes de qué bando es quien llama.
