«La magnitud de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta no puede resolverse únicamente multiplicando policías, abogados, jueces, fiscales y funcionarios. La dimensión alcanzada por la situación exige también una respuesta política y diplomática en la que necesariamente entran en juego España, la Unión Europea y Marruecos».
Es la conclusión que dejó la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, durante la rueda de prensa celebrada este viernes junto a Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y Ángel Méndez, presidente de la Comisión del Turno de Oficio de la Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Cartagena.
Una respuesta política que, advirtió Valriberas, tiene un límite infranqueable: debe producirse «dentro de la legalidad» y respetando las garantías de cada persona, especialmente de los colectivos vulnerables.
La decana ceutí lo expresó con claridad al ser preguntada sobre la posibilidad de introducir reformas que permitan agilizar la gestión de las miles de personas que permanecen en la ciudad.
«Eso tendrá que ser una decisión de Europa y del Gobierno», afirmó.
El problema, aseguró, ha superado el ámbito meramente administrativo. Los refuerzos sirven para tramitar más expedientes, realizar más identificaciones y garantizar asistencia jurídica, pero no resuelven por sí mismos las causas y consecuencias de una situación que afecta directamente a las relaciones de España y la Unión Europea con Marruecos.
En ese contexto, la respuesta de la Abogacía no se limita a reforzar el servicio sobre el terreno. El CGAE ha querido trasladar también un respaldo institucional expreso al Colegio ceutí y a los profesionales que sostienen, día a día, una asistencia jurídica esencial en plena emergencia.
APOYO COMPLETO DEL CGAE AL COLEGIO DE CEUTA
Por eso, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, integrado por los 83 decanos de los colegios de España, ha aprobado una declaración institucional de respaldo a la población de Ceuta, al Colegio de la Abogacía de la ciudad y, especialmente, a sus abogados del turno de oficio.
Los profesionales soportan desde finales de julio una carga de trabajo extraordinaria que ha obligado a transformar completamente el dispositivo habitual de asistencia jurídica, contó Valriberas.
El turno diario de extranjería ha pasado de 3 a 18 abogados. Es decir, se ha multiplicado por seis.
Hasta el comienzo de la crisis, Ceuta disponía de tres letrados diarios para atender este servicio. La presión obligó al Colegio a reclamar inmediatamente refuerzos al Ministerio de Justicia, que fue ampliando progresivamente el número hasta incorporar 15 abogados adicionales.
Pero Valriberas advirtió de que existe un límite.
El Colegio dispone de alrededor de un centenar de abogados adscritos al turno de oficio en sus distintas especialidades y no todos pueden ser destinados a extranjería porque el resto de la actividad judicial continúa.
«Tenemos que cubrir otros servicios», recordó.
Además, la propia crisis ha provocado un aumento de las asistencias en dependencias de la Policía y de la Guardia Civil por detenciones relacionadas con desobediencias, hurtos, riñas y allanamientos de morada, además de algunas denuncias por agresiones sexuales.
«NO SABEMOS CUÁNTO PUEDE TARDAR»
Una de las mayores incertidumbres es el tiempo necesario para resolver la situación administrativa de todas las personas que permanecen en Ceuta.
No existe una tramitación colectiva.
Cada persona tiene que ser identificada, sometida al correspondiente triaje y analizada individualmente para determinar su situación. Puede solicitar protección internacional, presentar circunstancias de vulnerabilidad o quedar sometida a un procedimiento de devolución.
Y cada uno de esos procedimientos exige sus correspondientes garantías jurídicas y asistencia letrada.
«¿Cuánto puede llevar eso? Pues no lo sabemos», reconoció la decana. El problema es de escala. Un problema que se va a agravar con la llegada del invierno.
Frente a unas decenas de expedientes que pueden tramitarse diariamente, existen miles de personas cuya situación jurídica tiene que ser estudiada.
Ni siquiera existe todavía una cifra cerrada sobre cuántas permanecen en la ciudad mientras no concluyan las identificaciones. Durante la rueda de prensa se manejaron estimaciones de 13.000, 15.000, 17.000 e incluso 20.000 personas.
NO TODOS LOS MIGRANTES ESTÁN EN LA MISMA SITUACIÓN
Precisamente por eso, Valriberas insistió en que cualquier solución política debe preservar el análisis individual de los casos.
La magnitud de la emergencia no permite eliminar las garantías jurídicas ni aplicar automáticamente la misma respuesta a todas las personas que han entrado en Ceuta.
«Siempre habrá que proteger a los colectivos vulnerables», afirmó.
La decana distinguió entre quienes han llegado fundamentalmente por razones económicas, buscando trabajo y mejores condiciones de vida, y quienes pueden encontrarse en situaciones que justifiquen protección internacional.
Entre estos últimos mencionó personas procedentes de países en guerra, integrantes del colectivo LGTBI sometidos a persecución, mujeres que han huido de malos tratos o mujeres embarazadas.
«No podemos unificar la población migrante toda igual, es que no es lo mismo», advirtió.
La afirmación resume uno de los dilemas de la crisis: la necesidad de acelerar una respuesta ante una situación extraordinaria sin convertir la urgencia en una excusa para eliminar las garantías legales.
CADÁVERES MARROQUÍES IDENTIFICADOS QUE NO PUEDEN VOLVER A SU PAÍS
Es en este punto donde aparece con mayor claridad la dimensión diplomática de la crisis.
Valriberas expuso un episodio especialmente significativo sobre la relación con Marruecos. Durante la entrada masiva, explicó, fallecieron más de 140 personas.
Las autoridades tuvieron que habilitar instalaciones para que los médicos forenses pudieran realizar las autopsias y tomar muestras de ADN destinadas a identificar los cuerpos.
La identificación resulta especialmente compleja en el caso de algunos ciudadanos subsaharianos debido a la dificultad para localizar a sus familiares.
Sin embargo, en otros casos sí ha sido posible determinar la identidad de los fallecidos. Numerosos ciudadanos marroquíes han sido identificados. «Muchas familias en Marruecos quisieron trasladar a sus seres queridos para enterrarlos en su tierra. Coches fúnebres fueron a la frontera de Marruecos pero Marruecos no les dejó pasar», relató Valriberas.
«Desconozco las razones»,afirmó.
El dato muestra precisamente el punto en el que termina la capacidad de respuesta de los profesionales y comienza el terreno diplomático.
Un abogado puede garantizar asistencia jurídica. La Policía puede identificar a una persona. Los forenses pueden determinar mediante ADN quién es un fallecido. Un juzgado puede adoptar las resoluciones que correspondan.
Pero ninguna de esas instituciones puede decidir que Marruecos abra su frontera a un coche fúnebre.
Valriberas recordó además otra singularidad: Marruecos no dispone de consulado en Ceuta, como consecuencia de su posición sobre la soberanía de la ciudad.
90 AUTORIZACIONES DE INTERNAMIENTO EN UNA SOLA JORNADA
Mientras la respuesta política y diplomática sigue pendiente, la maquinaria jurídica tiene que continuar funcionando.
La presión que soporta Ceuta se refleja en datos como las aproximadamente 90 autorizaciones judiciales de internamiento que, según relató Valriberas, tuvieron que tramitarse recientemente en una sola jornada.
Las personas afectadas debían ser trasladadas a centros de internamiento de extranjeros situados en la Península.
Ceuta no dispone de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Cuenta con un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Por ello, cuando un juez acuerda el internamiento de una persona en el marco de un procedimiento de devolución, es necesario trasladarla a la Península.
Y cada autorización implica también intervención judicial y asistencia letrada.
MÁS DE 2.000 MENORES IDENTIFICADOS
Otro de los puntos más sensibles es la situación de los menores.
Valriberas explicó que ya se habían identificado más de 2.000, aunque existe la posibilidad de que haya más pendientes de identificar.
La dificultad es especialmente relevante entre adolescentes de 15, 16 o 17 años que físicamente pueden confundirse con jóvenes mayores de edad.
El Colegio de la Abogacía de Ceuta ha asumido además una función novedosa: la representación provisional de los menores durante los procesos de triaje, relacionada, según explicó la decana, con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El abogado se convierte así en una figura independiente encargada de velar por sus intereses desde el primer momento.
Antes del triaje, los letrados se entrevistan con ellos, les explican qué preguntas se les van a realizar y les hacen saber que pueden contar libremente las circunstancias en las que se encuentran.
Esas entrevistas permiten también detectar situaciones que pueden requerir una protección específica: malos tratos, enfermedades, persecuciones o cualquier otro elemento de vulnerabilidad.
«El menor debe tener un representante, que es el que vela por sus intereses», resumió Valriberas.
MÁS POLICÍAS, JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS
Las administraciones han reaccionado incrementando los recursos disponibles, es cierto. Se han incorporado dos jueces de apoyo, se ha aumentado la dotación de funcionarios y se han solicitado tres fiscales adicionales.
También está previsto reforzar los órganos de lo contencioso-administrativo ante la previsión de un incremento de los recursos relacionados con las resoluciones de extranjería y protección internacional.
En el ámbito policial también se han desplazado especialistas desde otros puntos de España y se ha ampliado la capacidad de la oficina encargada de tramitar las solicitudes de asilo.
«Reconozco el esfuerzo realizado por las administraciones. El problema es si esa dotación va a ser suficiente para poder solventar todo este problema», se preguntó.
Y ahí vuelve a aparecer la cuestión central.
Los medios administrativos pueden aliviar el colapso.
Pero difícilmente pueden ofrecer por sí solos una salida definitiva a una crisis de esta dimensión.
UN 200 % MÁS DE TRABAJO PARA LOS ABOGADOS DE OFICIO
Ángel Méndez, presidente de la Comisión del Turno de Oficio del CGAE, puso el foco en la respuesta de los abogados ceutíes.
Según explicó, algunos profesionales están soportando un incremento de actividad de alrededor del 200 %.
«Están dando un ejemplo, no solo para Ceuta, sino un ejemplo a toda España», aseguró.
Méndez destacó el respaldo que está prestando el CGAE al Colegio ceutí y reclamó que los refuerzos continúen mientras persista la situación extraordinaria.
Porque la presión no afecta únicamente a los abogados que realizan las guardias.
También el propio Colegio necesita más personal, infraestructura y recursos para poder gestionar un dispositivo que ha multiplicado de forma extraordinaria su actividad.
«Faltan todavía muchos medios», señaló.
El presidente de la Comisión del Turno de Oficio reclamó además una respuesta económica por parte del Ministerio ante lo que definió como una situación «absolutamente excepcional».
SALVADOR GONZÁLEZ: «LA ABOGACÍA ES ESTRUCTURAL»
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, aprovechó la crisis ceutí para realizar una reivindicación más amplia sobre el papel que desempeñan los abogados del turno de oficio.
«La Abogacía es estructural», afirmó.
Ceuta demuestra, a su juicio, que la asistencia jurídica no constituye un elemento secundario de la respuesta de las administraciones.
Sin abogados no pueden tramitarse con garantías buena parte de los procedimientos.
«Cuando tenemos esta situación en Ceuta, el sistema no funciona si la Abogacía, los abogados de oficio y el Colegio de Abogados no organizan un servicio y no se presta el servicio», señaló.
Y de ahí extrae una consecuencia: el sistema tiene que ser «cuidado» y adecuadamente «retribuido».
La cuestión conecta directamente con la reforma pendiente de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Méndez recordó que la Abogacía está esperando la publicación del proyecto de la nueva ley después de haber trasladado al Ministerio las reformas que considera necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.
