La Fiscalía de Ceuta considera que debe ser la Audiencia Nacional la que investigue la eventual responsabilidad del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, en la crisis migratoria y determine si las decisiones adoptadas o las posibles omisiones de las autoridades españolas pudieron influir en el desarrollo de los acontecimientos.
Así lo ha sostenido el Ministerio Público en un escrito, en el que se ha pronunciado a favor de que los juzgados de Ceuta remitan a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas por Manos Limpias y Hazte Oír contra Pérez Triano.
La Audiencia Nacional ya instruye la causa central relacionada con la entrada masiva de inmigrantes.
Días antes de que los juzgados ceutíes acordaran finalmente inhibirse, la Fiscalía defendió que ambos frentes debían investigarse conjuntamente.
La razón es la conexión que aprecia entre la entrada masiva y la respuesta de las autoridades españolas.
«Las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos», ha señalado el Ministerio Público.
El foco de la Fiscalía de Ceuta
El escrito delimita el alcance que, a juicio de la Fiscalía, debería tener la investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno.
Para determinar su eventual responsabilidad considera necesario examinar las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas y las previsiones y medidas adoptadas antes de su llegada a la costa de Ceuta.
También plantea analizar la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción; las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes; y la posible existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección.
Las denuncias presentadas contra Pérez Triano, según recoge la Fiscalía, apuntan precisamente a su «eventual responsabilidad» por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción y la gestión de la situación.
A ello se suma la «presunta omisión de medidas» que pudieran haber sido necesarias «para prevenir o evitar el resultado lesivo».
Una misma investigación para reconstruir todo lo ocurrido
La Fiscalía considera que la investigación debe abarcar dos vertientes de un mismo acontecimiento.
Por una parte, la actuación de quienes «promovieron o facilitaron la entrada masiva», que constituye, según el Ministerio Público, «el presupuesto inicial de la secuencia».
Por otra, la actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno, como parte de «la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento».
Esta segunda vertiente puede resultar determinante, según la Fiscalía, para establecer «si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación».
El Ministerio Público reconoce que las diferentes conductas denunciadas pudieron producirse «en momentos y espacios distintos», pero considera que todas tienen como denominador común «un mismo acontecimiento».
Por ello, sostiene que no se está ante hechos aislados o independientes, sino ante actuaciones que presentan una «unidad de contexto».
La conexión entre ambas investigaciones no deriva únicamente de las personas que puedan resultar investigadas. Para la Fiscalía existe también una «unidad del hecho histórico», una «comunidad de prueba» y una «interdependencia de las conductas».
Separar las investigaciones podría dificultar, a su juicio, la reconstrucción completa de lo sucedido y la valoración de las responsabilidades que eventualmente pudieran derivarse.
