Han pasado más de cuarenta días y Ceuta sigue sin solución. Lo que nació como una emergencia empieza a adquirir la incómoda apariencia de una normalidad.
Marruecos ha introducido, además, una novedad desconcertante. Niega cualquier responsabilidad en la entrada masiva, pero asegura estar dispuesto a recibir a quienes España devuelva. Dicho de otro modo: el país sobre cuya actuación durante la crisis siguen acumulándose preguntas se ofrece ahora como parte de la solución.
Pero quienes permanecen allí no van a desaparecer y el paso de los días añade tensión, frustración y posibilidades de violencia. Una frontera no puede defenderse indefinidamente con hombres desarmados haciendo de porteros de discoteca.
Entonces ¿qué queda? Dos puertas. Ninguna agradable. Ninguna gratis.
Acuerdo con Marruecos
La primera está ahora entreabierta: un acuerdo con Marruecos que permita devolver a quienes siguen en Ceuta al lugar del que salieron.
Sería, sobre el papel, la salida inteligente. Evitaría el enfrentamiento permanente, permitiría a Marruecos recuperar a sus nacionales sin escenificar una derrota y devolvería a la diplomacia un problema que amenaza con desbordar a la policía, los servicios sociales y la convivencia.
Pero encierra una paradoja formidable: obliga a confiar parte de la solución al país sobre cuya actuación durante la crisis siguen existiendo preguntas.
Y no bastaría con un «llévatelos». El acuerdo tendría que impedir que mañana vuelvan los mismos o, en su defecto, otros miles. Devolver a quienes están ahora sin evitar una nueva entrada sería aplazar la crisis, no resolverla.
Marruecos no puede ser simultáneamente el país por cuya frontera entró el problema y aquel al que España confía parte de la solución.
Para alcanzar una avenencia, España debería utilizar todo su peso político, económico y diplomático en la Unión Europea y la OTAN. Esto debería ser una cuestión de Estado.
Estado de excepción
La segunda puerta sigue siendo mucho más incómoda: el estado de excepción.
No como recurso militar ni como patente para suspender indiscriminadamente derechos, sino como instrumento constitucional extraordinario si los mecanismos ordinarios resultaran insuficientes para garantizar el orden y la seguridad.
Su declaración tendría un coste político enorme: supondría reconocer que la normalidad ha dejado de ser suficiente. Y tampoco resolvería por sí sola el problema. Puede proporcionar instrumentos extraordinarios para recuperar el orden; para devolver a quienes permanecen en Ceuta y asegurar después la frontera seguirá haciendo falta Rabat.
El precio
Las dos puertas tienen precio. La primera obliga a entenderse con Marruecos. La segunda, a reconocer que los instrumentos ordinarios pueden no bastar. Una tiene coste exterior; la otra, interior.
Primero, el acuerdo. Si resulta imposible y el Estado concluye que ya no puede garantizar por medios ordinarios la seguridad de la ciudad y de la frontera, quedarán los mecanismos que la Constitución contempla.
Pero entretanto ha ocurrido algo insólito: la desclasificación de documentos de Inteligencia ha trasladado parte de la discusión desde Ceuta hasta los despachos. Ya no se trata sólo de saber cómo salir de la crisis, sino qué sabía el Estado antes de que ocurriera, quién recibió los avisos y qué hizo con ellos.
Una situación que se cronifica
Habrá que averiguarlo. La transparencia no puede consistir únicamente en levantar el secreto, sino en explicar las responsabilidades que los documentos revelen.
Mientras se discute el pasado, Ceuta continúa viviendo en presente.
La situación se cronifica y lo extraordinario corre el riesgo de convertirse en paisaje. Una crisis prolongada acaba pareciendo normal y una frontera que no se defiende termina acostumbrándose a no ser frontera.
Tampoco se trata de emprenderla a tiros contra quienes pueden estar siendo utilizados como instrumentos de presión. Las armas del siglo XXI son también diplomáticas, económicas y políticas. España y Europa tienen resortes para hacer entender a Rabat que una frontera europea no puede abrirse y cerrarse a conveniencia.
No son ellos el problema: lo es quien decida utilizarlos como instrumento de presión.
No hay término medio en la solución
¿Qué sabía España antes de que ocurriera y por qué todavía no sabemos quién fue informado? Importa conocer la respuesta. Pero existe otra urgencia que no admite expedientes ni desclasificaciones.
La cuestión ya no es, por tanto, si Ceuta tiene solución. Es por qué, después de más de cuarenta días, nadie termina de aplicarla.
Ceuta tiene solución. Lo que no tiene es término medio.
O los ceutíes recuperan su ciudad o terminarán acostumbrándose a perderla. Porque las ciudades también se pierden así: no siempre de golpe, sino mediante la lenta aceptación de lo que un día se consideró intolerable.
Mientras tanto, Ceuta sigue esperando una decisión, una frontera, un Gobierno. Porque una frontera que espera demasiado deja de ser una frontera. Y cuando eso ocurre, ya no se está gestionando una crisis. Se está administrando el fracaso.
