La Audiencia Nacional reforzará su Sala de lo Contencioso-Administrativo durante seis meses ante el “previsible incremento” de procedimientos de protección internacional relacionado con la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta a finales del pasado mes de julio.
La medida parte de un acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, a propuesta del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Fernando Ruiz Piñeiro, que plantea la creación de una comisión de servicios por seis meses, sin relevación de funciones, para los 43 magistrados que integran la Sala.
El objetivo es que los magistrados puedan asumir los asuntos relacionados con la protección internacional, tanto los de tramitación ordinaria como los procedimientos urgentes relativos a medidas cautelares.
Con este refuerzo, las ocho secciones que integran la Sala permanecerán en un sistema de guardia permanente para afrontar de forma coordinada y equilibrada la entrada de nuevos procedimientos relacionados con la protección internacional.
La Sala de Gobierno ha trasladado el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que adopten las medidas necesarias para poner en marcha el plan de refuerzo “con carácter de urgencia”.
Una dotación especial para Ceuta
El acuerdo contempla además una dotación suficiente de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia para atender el aumento del volumen de entrada y la rapidez que requieren las resoluciones, así como un refuerzo de la oficina de registro y reparto ante el previsible incremento del número de asuntos.
La principal preocupación de la Audiencia Nacional se centra en las medidas cautelares vinculadas a las solicitudes de protección internacional. Según explica el tribunal, su tramitación exige adoptar decisiones judiciales en plazos especialmente breves conforme al marco normativo europeo vigente.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo son conscientes del reto que supone esta situación y del número de horas extraordinarias que tendrán que dedicar a estos procedimientos, así como de la “perentoriedad” de la respuesta que requieren y de la necesidad de abordarlos de forma individualizada y con unificación de criterios.
Los integrantes de la Sala consideran que se encuentran ante una situación “temporal y excepcional, de interés nacional” y aseguran que, por este motivo, su disponibilidad es “absoluta”.
“La sociedad española espera una respuesta coordinada de sus instituciones esenciales”, concluyen.
