España vuelve a arder. Cada verano pronunciamos las mismas palabras, contemplamos las mismas imágenes y escuchamos las mismas explicaciones.
A mitad de agosto, el fuego ha arrasado ya alrededor de 220.000 hectáreas, una superficie equivalente a más de 300.000 campos de fútbol y muy superior a la calcinada en las mismas fechas del año pasado.
Los grandes incendios de Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Huelva y otros puntos de nuestra geografía han obligado a evacuar o confinar a miles de personas, han destruido un patrimonio natural irreemplazable y han vuelto a demostrar la extraordinaria vulnerabilidad de nuestros montes ante unas condiciones meteorológicas extremas.
Las imágenes estremecen. Bosques reducidos a cenizas. Viviendas amenazadas cuando no arrasadas. Ganaderos que contemplan impotentes la pérdida de sus pastos. Agricultores que ven desaparecer en unas horas el trabajo de toda una vida.
¿Se ha hecho todo lo que se podía para evitar repetir esta imagen?
Pero, una vez más, cuando el humo comienza a disiparse, vuelve la misma pregunta: ¿hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para evitar que el incendio alcanzara semejantes dimensiones?
Hay incendios que nacen de un rayo. Otros, de una imprudencia. Muchos, de una acción deliberadamente criminal. Pero todos terminan revelando una misma realidad: el fuego puede ser inevitable; el desastre, con demasiada frecuencia, no.
Cada verano asistimos al mismo ritual. Cambian los nombres de las comarcas afectadas. Cambian las cifras de hectáreas devastadas. Cambian los rostros de quienes lo han perdido todo.
Lo que apenas cambia es el discurso oficial. Se invoca el calor extremo, el viento, la sequía o el cambio climático. Todo ello es cierto. Nadie puede negar la influencia de esos factores. Pero tampoco basta para explicar por qué seguimos llegando tarde.
España dispone de uno de los mejores dispositivos de extinción de incendios del mundo. Nuestros bomberos forestales, pilotos de hidroaviones y helicópteros, agentes medioambientales, miembros de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y demás servicios de emergencia constituyen un ejemplo de profesionalidad reconocido internacionalmente.
Cuando el fuego avanza, ellos responden con una eficacia y un sacrificio admirables. Ellos no fallan.
Un fallo transversal
Quienes fallamos somos nosotros, como sociedad, cuando aceptamos que la prevención solo sea una prioridad cuando el monte ya está ardiendo, y unas administraciones que siguen concentrando sus mayores esfuerzos en apagar incendios en lugar de impedir que lleguen a convertirse en catástrofes.
Durante décadas hemos abandonado nuestros montes. La despoblación rural, la desaparición de los aprovechamientos forestales tradicionales, la acumulación de millones de toneladas de biomasa combustible, el insuficiente mantenimiento de cortafuegos y pistas forestales o la fragmentación competencial entre administraciones han creado un escenario en el que basta una chispa para desencadenar un infierno.
Desde una perspectiva jurídica, la diferencia resulta evidente. El Derecho distingue con claridad entre el caso fortuito y la negligencia. La diferencia entre ambos conceptos no es académica. Es la diferencia entre lo inevitable y aquello que pudo evitarse si se hubiera actuado con la diligencia exigible.
Nadie pretende exigir a los poderes públicos que controlen el viento o hagan descender las temperaturas. Pero sí cabe exigirles aquello que entra plenamente dentro de su ámbito de actuación: cuidar nuestros montes durante todo el año, mantener cortafuegos y pistas forestales, reforzar la vigilancia, coordinar eficazmente las distintas administraciones y perseguir con todos los instrumentos del Estado de Derecho a quienes provocan incendios de forma intencionada.
Un problema de prevención
Un incendio que nunca llega a producirse no abre informativos. Ese es, precisamente, el problema de la prevención: cuando funciona, nadie la ve. Ningún político inaugura el éxito de una limpieza forestal realizada en invierno. Resulta mucho más visible comparecer junto a un hidroavión descargando agua que aprobar programas plurianuales de gestión forestal cuyos resultados solo serán apreciables años después.
Sin embargo, esa es precisamente la diferencia entre administrar una emergencia y gobernar con visión de Estado.
Cada hectárea calcinada representa mucho más que una pérdida ecológica. Supone un daño económico, patrimonial, social y cultural. Tras las llamas quedan explotaciones agrícolas arruinadas, ganaderías sin futuro inmediato, especies protegidas destruidas, pequeños municipios aún más castigados por la despoblación y ciudadanos que vuelven a preguntarse si merece la pena seguir viviendo en un territorio que cada verano revive la misma pesadilla.
Existe además otra dimensión que tampoco debe olvidarse: la penal.
Los incendios desde una perspectiva penal
Quien provoca deliberadamente un incendio forestal no destruye únicamente árboles. Ataca vidas humanas, pone en peligro bienes públicos y privados, arrasa ecosistemas enteros y expone a un riesgo extremo precisamente a quienes acuden a combatir las llamas. Pocos delitos encierran una capacidad destructiva tan intensa y unas consecuencias tan difícilmente reparables.
Cuando el bosque ya ha ardido, la Justicia puede depurar responsabilidades. Lo que no puede hacer es devolver a la vida un árbol centenario, recuperar una cosecha perdida o borrar las cicatrices que deja el fuego. Por eso la primera obligación de los poderes públicos no empieza en los tribunales, sino mucho antes, en la prevención.
Los incendios seguirán existiendo. Probablemente serán más frecuentes e intensos. Precisamente por ello resulta aún más incomprensible continuar afrontándolos con instrumentos pensados para una realidad climática que ya no existe.
Menos extinción y más prevención: la verdadera fortaleza del Estado
España necesita una auténtica estrategia nacional de gestión forestal: permanente, técnicamente planificada, suficientemente financiada y ajena al calendario electoral. Menos improvisación cada verano y más prevención durante los doce meses del año.
Porque un país serio no mide únicamente su eficacia por la rapidez con la que moviliza recursos cuando el bosque ya está ardiendo. La mide, sobre todo, por su capacidad para evitar que el incendio llegue a prender.
Mientras las instituciones elaboran planes, debaten presupuestos o preparan reformas, hay hombres y mujeres que no esperan. Cuando todos huimos del fuego, ellos avanzan hacia él.
Bomberos forestales, pilotos, brigadistas, agentes medioambientales, miembros de la UME, guardias civiles, policías y voluntarios sostienen con su profesionalidad aquello que, en demasiadas ocasiones, la prevención no consiguió evitar.
Quizá nunca sepamos cuántas vidas han salvado. Nunca conoceremos el nombre de todas las familias que hoy conservan su hogar porque ellos lograron detener las llamas unos metros antes. Sus mayores victorias son tragedias que nunca llegan a producirse.
Por eso, cuando el humo desaparezca y la actualidad vuelva a mirar hacia otro lado, no deberíamos olvidar la principal lección de este verano. Los incendios pueden comenzar por una chispa. Pero la diferencia entre una catástrofe y un fracaso colectivo la marca siempre la responsabilidad con la que una sociedad protege su territorio. Y cuando esa responsabilidad falla, siempre quedan ellos: los servidores públicos que, con el rostro cubierto de hollín y el sentido del deber intacto, caminan hacia el fuego para que los demás podamos regresar a casa.
Un Estado no demuestra su fortaleza únicamente cuando moviliza miles de efectivos para combatir un incendio. La demuestra, sobre todo, cuando consigue que ese incendio nunca llegue a producirse.
Porque los incendios podrán seguir siendo inevitables. Lo que nunca debería ser inevitable es nuestra falta de prevención.
Ese es el verdadero reto de un Estado que aspire a proteger, de verdad, su patrimonio natural y a quienes cada verano arriesgan la vida para defenderlo. Porque el heroísmo nunca debería formar parte de la planificación. Está para responder a lo extraordinario, no para suplir, año tras año, aquello que una buena prevención y una gestión pública responsable debieron evitar.
