El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido va a conceder el próximo 6 de octubre dos de los amparos que han sido solicitados por los condenados en el procés.
La decisión conocida este martes de la mayoría del Pleno del Tribunal, que controla el presidente, en el sentido de revocar la propuesta de sentencia sobre Jordi Turull, es solo un adelanto de lo que va a llegar en unas semanas con el otorgamiento del mismo amparo a Carles Puigdemont: la aniquilación definitiva de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo.
Probablemente no sea exagerado afirmar que estamos ante la decisión jurisdiccional más grave y trascendente en estos 50 años de democracia.
No solo por lo que supone de ratificación, por el teórico guardián de la Constitución, de una errática política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder —lo que es ya muy grave—, sino también porque con la estimación de estos recursos de amparo se volverá a reproducir, con mayor virulencia si cabe, la llamada «guerra de tribunales» entre el Constitucional y el Supremo.
Porque, en realidad, con la estimación de estos amparos, se trata de corregir al Alto Tribunal, al que se le reprocha una equivocada interpretación de la ley, adentrándose así el Constitucional en el terreno vedado de las cuestiones de legalidad ordinaria.
Los falaces argumentos que sirvieron de fundamento a las sucesivas sentencias que ha ido pronunciando este Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía se reiterarán ahora en la forma de acogida de supuestas violaciones de los derechos fundamentales a todo este colectivo de políticos independentistas, que en su día fueron condenados, por la Sala Penal de nuestro Tribunal Supremo, también por el delito de malversación no cubierto por la Ley de Amnistía.
Poco más que decir por el momento, queridos lectores de Confilegal, más allá de poner desde este principal medio de comunicación jurídica un grito en el cielo, cada día más gris, de nuestro Estado de Derecho.
