La ley lo dice con claridad: quien cumple los requisitos puede dejar atrás una deuda que no puede pagar y comenzar de nuevo. Lo que ya no está tan claro es que la respuesta sea la misma en un juzgado que en el de al lado.
Esa distancia entre la norma y su aplicación ocupó durante dos días el III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), clausurado este viernes.
El decano, Eugenio Ribón, lo resumió en la clausura con una petición de criterios más homogéneos y de procedimientos «comprensibles, ágiles y jurídicamente seguros».
Y con un recordatorio: «Hablamos de personas».
El encuentro, celebrado en la sede colegial, reunió a magistrados, académicos y abogados especializados en insolvencia de personas físicas.
El programa enfrentó la doctrina del Tribunal Supremo con su aplicación diaria en los juzgados. Se trataron los planes de pagos, el crédito público, los concursos sin masa, el sobreendeudamiento, el procedimiento especial para microempresas, el Derecho europeo y los concursos con elemento extranjero.
Un problema de uniformidad
La disparidad interpretativa atravesó el congreso de principio a fin. Ya en la inauguración, el diputado de la Junta de Gobierno Javier Mata advirtió de la «falta de uniformidad» con que los tribunales inferiores aplican las directrices del Supremo.
«Hay personas, hay familias, hay autónomos» que necesitan una respuesta ágil, dijo, pero también «predecible y uniforme».
Ribón recogió ese diagnóstico en el cierre. Sumó a la homogeneidad de criterios otros dos frentes pendientes: las dificultades que siguen planteando los procedimientos especiales para microempresas y el encaje de la regulación española con el Derecho europeo. «
Nuestra responsabilidad es conocer bien las herramientas que ofrece el ordenamiento, garantizar que puedan utilizarse con seguridad jurídica y procurar que quienes reúnen los requisitos puedan acceder realmente a esa segunda oportunidad que reconoce la ley», afirmó.
El decano defendió también el diálogo entre abogacía y judicatura en una materia de doctrina tan cambiante. Ese intercambio, sostuvo, permite «conocer mejor los criterios judiciales, detectar problemas prácticos y ofrecer un mejor asesoramiento y una mejor defensa».
La Sala Primera, en plena actividad
El debate coincide con una etapa de intensa actividad del Supremo en esta materia. En la conferencia inaugural, la magistrada Nuria Orellana Cano explicó que esa misma semana la Sala de lo Civil había deliberado cuatro recursos de casación sobre segunda oportunidad.
Añadió que hay nuevos asuntos señalados para octubre. Entre ellos figuran los que abordan las infracciones graves como posible causa de exclusión de la exoneración.
Orellana repasó las resoluciones dictadas tras la reforma concursal de la Ley 16/2022. Trató la acreditación de los requisitos exigidos al deudor, las derivaciones de responsabilidad y los límites a la exoneración del crédito público.
También subrayó la necesidad de que las resoluciones judiciales determinen con precisión qué deudas quedan exoneradas.
La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense Matilde Cuena Casas cerró la parte académica.
Su conferencia analizó las sentencias del Supremo sobre segunda oportunidad y el grado en que las siguen los tribunales inferiores, la cuestión que vertebró toda la edición.
Más allá del procedimiento
Ribón quiso terminar lejos del tecnicismo. «Cuando hablamos de segunda oportunidad no hablamos únicamente de procedimientos, requisitos o interpretaciones jurisprudenciales. Hablamos de personas», dijo. Se refirió a familias que no pueden afrontar sus deudas, a autónomos cuyos proyectos no salieron adelante y a emprendedores que necesitan volver a empezar.
El objetivo, concluyó, es un sistema que cumpla la finalidad para la que nació: que quien haya sufrido un fracaso económico y cumpla las condiciones legales «pueda dejar atrás una deuda insostenible y comenzar de nuevo».
